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Rafael Hernández, presidente de los agricultores y ganaderos canarios (COAG), y su hija, Elisa Hernández, se acogieron a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas este lunes por la investigación que los señala como posibles autores de un delito de trata con fines de explotación laboral, ya que presuntamente habrían utilizado a diez menores migrantes en el centro de menores Tagoror, el cual dirigía su hija. Este centro pertenece a la Asociación Oportunidades de Vida, que preside su padre.
Hernández llegó sobre las 8.30 horas a la Ciudad de la Justicia, unos 60 minutos antes de la hora citada y no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban esperándolo en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. En esta primera jornada también estaban citados uno de los denunciantes y su mujer, que lo hicieron en calidad de testigos ya que trabajaron para Hernández en la Asociación Oportunidades de Vida.
CANARIAS7 avanzó en exclusiva que la Inspección de Trabajo había iniciado un expediente sancionador contra Hernández, así como que la Fiscalía Provincial de Las Palmas había abierto diligencias en las que también se investiga a cuatro personas más. Su hija Elisa Hernández -directora del centro de menores Tagoror-, su marido Cristian Ruano -encargado de la finca de Hernández-, Manuel Redondo -secretario técnico de la organización de agricultores y ganaderos canarios y Cathy Godoy -trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida-.
La primera y única declaración ante los medios fue la de uno de los denunciantes que señaló a su llegada sobre las 9.20 horas que ha sido objeto de «un hostigamiento judicial fuerte» a raíz de estos hechos. La primera denuncia consta de un vecino de la finca de Hernández que alertó de que había menores trabajando en los terrenos del presidente de la COAG. «Tengo unas seis denuncias abiertas contra mi persona», ha señalado. Esta estrategia, ha manifestado que «no les va a funcionar porque vamos a seguir colaborando y ayudando desde el primer hasta el último minuto con la justicia».
Salió sobre las 11.33, tras estar más de una hora y media de declaración ante la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García. Según este testigo, contra el presidente de la COAG y Oportunidades de Vida se ha presentado otra denuncia por ofrecer cursos gratuitos en su organización y después cobrar a los participantes. Una hora más tarde acabó su esposa que ya avanzaba que los investigados se acogerían a su derecho a no declarar.
El último en salir fue el presidente de la COAG que lo hizo junto a su hija tras acogerse a su derecho a no declarar. Se les investiga porque en el centro de menores Tagoror, presuntamente diez migrantes trabajaron de forma irregular en su plantación de papas el 20 de junio de 2023. Hernández salió por la puerta principal tras hacer creer a los medios que saldría por la de atrás. Se metió junto a su hija y abogados en uno de los taxis que esperaban en la entrada de la Ciudad de la Justicia. No realizó tampoco declaraciones a la prensa a su salida: «Me pronunciaré una vez se aclare del todo este asunto».
La segunda jornada de declaraciones ante la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García será el miércoles. Han sido convocados por la Fiscalía Provincial de Las Palmas el resto de investigados: Cristian Ruano, que es el yerno de Rafael Hernández y que actuaba como responsable de la finca donde presuntamente trabajaban los migrantes, una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto llamada Cathy Godoy y el secretario técnico de la organización de agricultores y ganaderos canarios, Manuel Redondo.
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