El reboso de San Cristóbal tiene remedio

Las inundaciones que sufrió el 10 de abril de 2024 el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, quedaron grabadas a fuego en una población que desde entonces no se ha cansado de pedir respuestas encaminadas a proteger sus vidas, casas y negocios frente a unos temporales que tienen claro serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

Desde que se produjo ese episodio de mareas vivas que dejó el susto en el cuerpo y cuantiosas pérdidas materiales en unas 40 viviendas de este enclave costero, sus habitantes han recibido la visita de autoridades locales, regionales e incluso estatales.

A todas se les reclamó una solución definitiva con el objeto de proteger el barrio y minimizar la acción del mar sobre el mismo de cara a futuros temporales.

Los vecinos, a través de la asociación Nuestra Señora del Buen Viaje, se quejan de que las respuestas, más allá de la limpieza del paseo y la retirada de enseres dañados por la marea, no han llegado y que la burocracia se encargó de limitar las solicitudes de acceso a alguna ayuda estatal.

Lo que sí ha visto materializarse fue el compromiso adquirido por el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en la visita que realizó junto a técnicos de su departamento al enclave marinero.

Una cita en la que el dirigente regional tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los problemas del barrio y la inquietud de unos residentes que reclaman su protección, y en la que mostró su disposición a analizar posibles soluciones a esta realidad.

Un ofrecimiento que se ha concretado en la redacción de un documento que se dio a conocer a los residentes afectados, el pasado miércoles 29 de enero, en el propio enclave marinero.

El proyecto que se les presentó baraja cuatro alternativas para responder a la situación actual de San Cristóbal. Pues la Consejería considera que a día de hoy no están resueltas las necesidades del barrio. Y se apunta que el paseo seguirá con su deterioro y será más vulnerable, además de que se aumenta el riesgo de daños graves a viviendas y negocios de no tomar acciones.Asimismo, se señala que no se mejora la calidad de vida de los habitantes, no se solventan los problemas actuales ni se protege este enclave. Además del gasto de mantenimiento que exige.

Por eso, tras analizar en profundidad las dinámicas costeras de la zona, identificando las causas principales de los daños recurrentes en el paseo, el equipo técnico propone cuatro actuaciones que son complementarias y que se puede evolucionar de una inicial a otra más compleja.

Así, la primera de las propuestas que se plantea es la construcción de un muro a lo largo del paseo marítimo con elementos botaolas que desvíen el impacto directo del oleaje.

Esta acción tiene un coste estimado de 340.000 euros y si bien se entiende que ofrece una protección básica contra el rebase del oleaje con una obra sencilla y con un menor impacto ambiental frente otras intervenciones, se señala que puede ser insuficiente ante temporales muy fuertes. Además de que no mejora la estética ni el espacio del paseo y requiere de mantenimiento frecuente para ser efectiva.

La segunda de las posibilidades que recoge el estudio de Transición Ecológica es la de dotar al barrio de un muro similar al de la primera propuesta pero reforzado con una escollera de protección frente al impacto del mar.

Se trata de una intervención que necesitaría una inversión de 2.600.000 euros y que tiene como ventajas que absorbe gran parte de la energía del oleaje, con lo que se reducen riesgos, prolonga la vida del paseo marítimo y resulta efectiva contra temporales fuertes.

Sin embargo, se señala en el estudio que también presenta inconvenientes pues afecta al paisaje marítimo y a los ecosistemas cercanos, puede dificultar el acceso visual al mar para algunos vecinos y su coste es más elevado que otras alternativas.

La tercera de las actuaciones que recoge el proyecto del Gobierno de Canarias consiste en ampliar el paseo marítimo de San Cristóbal con un diseño de cuenco que actúe como amortiguador del oleaje, al que se suma un muro con botaola.

Esta posible solución a los problemas del barrio, similar a la que existe en el Puerto de Lajes do Pico, en Azores, necesita una inversión de 4.600.000 euros.

Su ejecución, se expone en el documento técnico, implica crear un cuenco amortiguador que mejora la resistencia frente al oleaje, amplía el espacio público del paseo marítimo que beneficia a locales y visitantes, es más efectiva que solo una escollera para resistir fuertes temporales y aumenta la funcionalidad y el atractivo del referido paseo.

Por contra, se recogen como inconvenientes su alto coste, que implica obras que al ser más largas generarán molestias temporales y que, aunque protege bien, no alcanza la robustez máxima de la cuarta propuesta.

Una alternativa esta cuarta y última que propone crear un dique exento frente a la costa para que actúe como primera barrera contra el oleaje, al que se sumaría la ampliación del paseo y protecciones adicionales.

Esta solución tiene un coste estimado de 7 millones de euros y se considera que tiene la ventaja de que proporciona la máxima protección, reduce significativamente el riesgo de inundaciones. Además, casa con la idea de los vecinos que siempre han mostrado su preferencia por una escollera semisumergida.

Pero también tiene desventajas según el estudio técnico, como su precio, que requiere un espacio marino amplio y que el impacto ambiental es alto y la obras más complejas.

El Gobierno canario aclara que el competente para poner en marcha cualquiera de las cuatro alternativas es el Ayuntamiento de la capital grancanaria pero muestra su disposición a colaborar.

El consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, confirmó la pasada semana que se volverá a reunir con los residentes «en dos o tres meses».

Ahora, el siguiente paso es «analizar la viabilidad de las alternativas presentadas y trasladar dichas opciones a sus vecinos y al Ayuntamiento». Además, apuntó que «se deberá tener en consideración los permisos y autorizaciones que regula la Ley de Costas, de competencia estatal».

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