El Ayuntamiento aprobó este viernes la modificación inicial del Plan General en el entorno del cementerio de San Lázaro para posibilitar la construcción de equipamientos (tanatorio, crematorio y cafetería, entre otros) y nuevos aparcamientos. La operación incluye un 'baile' de gasolineras que ha sido judicializado: se justifica la cesión de un suelo público para que Disa construya una estación de servicio, junto a la rotonda que conduce al cementerio de San Lázaro, y se elimina un solar de propiedad privada, de Pedruzcos Oil, que quería hacer otra enfrente, a unos pocos metros.
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La modificación fue aparcada en mayo ante las dudas que se generaron en torno a ella. En el expediente quedan claras las discrepancias entre la Secretaría General y Urbanismo respecto a la tramitación. Todo gira en torno a la validez de la adenda de 2018, que cambia el acuerdo primigenio del Consistorio con Disa. La secretaria considera que para poder modificar el plan, primero debe tramitarse el cambio del acuerdo con Disa de 2015, que no ha sido aprobado de manera oficial ni sometido a exposición pública. Sin embargo, Urbanismo entiende que las dos modificaciones -la del convenio y la del plan- pueden ser tramitadas y aprobadas de manera paralela, pese a que el cambio del acuerdo con la petrolera es una de las causas que justifica la modificación del planeamiento.
En 2015, el Ayuntamiento trataba de conseguir una salida a la avenida marítima por detrás del cementerio de Vegueta, donde está la gasolinera de Disa. A cambio de quitarle parte del suelo (1.225 metros de los 2.479 metros cuadrados), se le entregaba un solar de 499 metros cuadrados en Obispo Romo y otro de 712 metros cuadrados en la calle Alicante para que pudiera hacer otras dos gasolineras. Disa se comprometía, a cambio, a pagar a la ciudad 877.000 euros.
Sin embargo, la parcela de la Vega de San José no se cede nunca. El trazado de la MetroGuagua y la resistencia vecinal abortan la instalación de la segunda gasolinera. Y por eso, y ya estamos en 2018, el Ayuntamiento se plantea compensar a Disa con un suelo cerca de San Lázaro para que levante una estación de servicio allí a cambio del pago a la ciudad de 53.000 euros por la diferencia entre la valoración de este suelo y el de la Vega de San José. Esta es la adenda sobre la que han surgido las dudas. Su validez ha sido puesta en manos de la justicia por parte de Pedruzcos Oil, que considera que el acuerdo no puede ser considerado más que un borrador, ya que carece de los informes jurídicos y técnicos pertinentes, y además no ha pasado por un periodo de información pública, en la línea de lo manifestado por Secretaría General.
La parcela que se ofrece a Disa mide 2.770 metros cuadros, tenía uso deportivo y fue valorada en 1,73 millones de euros, sin que conste una tasación municipal. El problema que surge es que esta nueva estación se sitúa frente a un suelo en el que Pedruzcos Oil quería construir su gasolinera y que ahora, con esta modificación del planeamiento, va a ser expropiada para construir un aparcamiento. El planeamiento reserva 577.000 euros para la adquisición de este suelo, cuando la finca de Disa -que es tres veces más pequeña- ha sido valorada en 1,73 millones de euros. Pedruzcos Oil había adquirido a Anida (la filial inmobiliaria del grupo BBVA) la parcela para la gasolinera en diciembre de 2018. En 2019 solicitó el permiso para construir la estación de servicio, pero se le denegó tiempo después. La denegación de la licencia también está recurrida. De hecho, la semana pasada hubo una vista pericial sobre este asunto a la que no se presentaron los servicios jurídicos municipales.
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El edil de Urbanismo, Javier Doreste, planteó que la operación defiende el interés general «para que no se construya una gasolinera en la Vega de San José». Y auguró que en ninguna de las cuatro demandas de Pedruzcos Oil, que definió como «una operación de intimidación al Ayuntamiento», se verá afectado el interés público.
Alternativas
No opinaron lo mismo desde la bancada de la oposición. El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, advirtió de las repercusiones que puede tener el cambio de planeamiento. Por eso, planteó dos alternativas: o buscar otro emplazamiento distinto para la gasolinera de Disa, «que no acarree consecuencias económicas», o permitir que Disa se instale en San Lázaro sin que se expropie a Pedruzcos Oil.
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Algo similar propuso el edil de Coalición Canaria Francis Candil. «No entiendo por qué no se compensa a Disa en otra zona de la ciudad», preguntó, «¿por qué no dejan que convivan allí las dos gasolineras?».
Para Lidia Cáceres (Ciudadanos) se debería «revisar el acuerdo y reiniciar el procedimiento» porque el cambio aprobado este viernes «va a costar dinero a las arcas públicas».
La concejala no adscrita Beatriz Correas manifestó sus dudas sobre la legalidad de la operación por lo que pidió que se quedara sobre la mesa. Y José Guerra, otro de los ediles no adscritos, advirtió del daño que se generará al interés general. También Carmen Guerra criticó la actuación.
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Desde Pedruzcos Oil se anuncia que la modificación del planeamiento recibirá las correspondientes alegaciones, así como se anuncia un recurso contra esta decisión. La empresa calcula que esta actuación costará finalmente al Ayuntamiento alrededor de diez millones de euros, si se cuentan los costes de expropiación y el valor de las cesiones de terrenos. «No queremos la expropiación, queremos la estación de servicio», explica el abogado de la empresa, José Luis Martínez. En su opinión, la adenda del convenio que lleva la gasolinera de Disa a San Lázaro es «nula de pleno derecho» y, por tanto, también lo es la modificación del plan. «Han llevado a pleno una decisión que se basa en la existencia de un convenio modificado que nunca se tramitó», desarrolla. Y muestra un informe de Competencia que aclara que no se podía haber denegado la licencia bajo el argumento de que no se puede instalar una gasolinera si está a menos de 500 metros de distancia de otra cuando la que se quiere abrir está en suelo rústico.
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