La gasolinera que se cayó del pleno municipal

El objetivo de la modificación del Plan General es crear un área dotacional en torno al cementerio de San Lázaro, con aparcamientos, un tanatorio público, un crematorio y una cafetería. Sin embargo, el baile de parcelas en torno al camposanto y, en especial, la instalación de una gasolinera junto a la rotonda de acceso al cementerio han convertido la operación urbanística en un auténtico de campo de minas, con hasta ahora tres reclamaciones judiciales y unas dudas sobre la legalidad de uno de los convenios sobre los que pivota la actuación, expresadas por el PP. Esto obligó al gobierno municipal a aceptar la retirada del expediente del último pleno, a propuestas de la Secretaría General. Como señaló el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, a través de un portavoz municipal, «ante las tácticas de ensuciar el expediente por parte del PP, vamos a revisarlo todo para asegurarnos de que no tenga fisuras».

Para entender esta historia hay que remontarse a 1991. El entonces alcalde, Emilio Mayoral, e Inmobiliaria Betancor (Ibsa) firman un acuerdo por el que se entierra el hacha de guerra sobre Lomo del Chinche. De aquel convenio, la ciudad ganó el suelo para la construcción de los centros de salud de Miller Bajo y Guanarteme, así como parte de los terrenos que posibilitaron la construcción de la circunvalación. A cambio, la inmobiliaria tramitaba el desarrollo de Siete Palmas, La Minilla y Vista Hermosa-Díaz Casanova. Además, la mercantil se reservaba una parcela de unos 6.000 metros cuadrados en el entorno del cementerio de San Lázaro para construir un tanatorio.

Esta parcela será clave en el desarrollo futuro de los acontecimientos. En efecto, este suelo vuelve a formar parte de un nuevo convenio, ya en 2014, entre el concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, e Ibsa. La parcela en cuestión se desplaza unos metros a cambio de que la ciudad obtuviera el suelo donde está la rotonda de Luis Navarro Pérez y otra parcela que tenía uso deportivo. En este cambio, en el que también se firma el compromiso de saldar la deuda de 1,55 millones que el municipio tenía con la mercantil, Ibsa también logra que el Ayuntamiento amplíe el uso que tenía en la parcela prevista para tanatorio y se permita también el de «oficinas y equipamientos en todas sus categorías».

Hasta aquí no hay ningún problema. El único cambio que se produce es que Ibsa vende su parcela a Pedruzcos Oil, que quiere construir una gasolinera en ella.

Las interferencias se gestan años después, a poco más de diez kilómetros de distancia, cuando el Ayuntamiento trata de buscar una salida a las guaguas por detrás del cementerio de Vegueta, justo donde se encuentra una gasolinera de Disa. Para ello, el concejal de Urbanismo, Martín Muñoz, firma un convenio de expropiación con la petrolera. Estamos en 2015 y a cambio de quitarle parte del suelo (1.225 metros de los 2.479 metros cuadrados), se le entregaba un solar de 499 metros cuadrados en Obispo Romo y otro de 712 metros cuadrados en la calle Alicante para que pudiera levantar dos gasolineras. Disa se comprometía a pagar a la ciudad 877.000 euros por la diferencia de valor de las fincas en negociación.

Sin embargo, el proyecto de la MetroGuagua y la implantación de los carriles bici va a cambiarlo todo. La gasolinera de la calle Alicante ya no puede ir ahí y el Ayuntamiento, en una adenda que impulsa el edil Doreste, decide llevar este equipamiento a San Lázaro, a la parcela de uso deportivo cedida por Ibsa en 2004, y justo enfrente de la que quiere levantar Pedruzcos Oil.

Esta empresa ha pedido al juez que se pronuncie sobre la procedencia de este convenio. «No tiene ninguna validez legal», explican desde la empresa, «la ley exige que esta adenda pase por información pública y tenga informes jurídicos y técnicos, pero nada se hizo y, por tanto, es un borrador que ni siquiera tiene una fecha concreta».

Mientras tanto, en febrero de 2019 Pedruzcos Oil solicitaba licencia para la gasolinera. Tras reclamar una respuesta en los tribunales, el Ayuntamiento se la denegó, alegando que estaba a menos de 500 metros de otra, lo que no se permite en suelo rústico. Sin embargo, la gasolinera a la que se refería está en suelo urbano, por lo que la empresa entiende que no rige esta norma.

A fines de ese mismo año, el Ayuntamiento iniciaba el cambio del Plan General: se anula la gasolinera de Pedruzcos Oil y se plantea la expropiación de su finca para construir un aparcamiento con 520 plazas; y se cede a Disa el suelo público previsto para uso deportivo con el fin de que construya su propia gasolinera.

Esta decisión ha sido también llevada a los tribunales por parte de Pedruzcos Oil, que alega «indefensión» y se queja de la «inseguridad jurídica» que les genera.

El PP también considera que el cambio es lesivo. El edil Ángel Sabroso considera que la operación va a salir muy cara a la ciudad. «La modificación del Plan General nos obliga a expropiar un suelo que no necesitamos y que va a salir muy caro, perdemos una parcela pública que está como dotación deportiva para dárselo a un tercero como estación de servicio, cuando la parcela contigua permite una estación de servicio y genera una incertidumbre a los futuros inversores porque se lanza un mensaje de que en su suelo, el Ayuntamiento de Augusto Hidalgo se lo quita y le niega la posibilidad de construir lo que el Plan General le permite», expuso. Además, el PP está convencido de que no existe el compromiso con Disa porque la adenda no se tramitó con todos los informes.