Piden entre 13 y 18 años para los 19 capos del mayor laboratorio de cocaína de Europa

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 6 de octubre 2024 | Actualizado 07/10/2024 12:07h.

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La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional ha presentado un extenso escrito de acusación contra 19 personas, todas ellas vinculadas con una de las operaciones policiales más significativas llevadas a cabo en Europa en los últimos años. No en vano, desmantelaron el mayor laboratorio de coca del continente. Los acusados se enfrentan a penas de entre 13 y 18 años de prisión, además de multas que superan los 35 millones de euros, correspondientes al valor estimado de la droga incautada, triplicándose en algunos casos. El epicentro de esta red de narcotráfico, que se extendía desde América Latina hasta Europa, se encontraba en Gran Canaria. La organización estaba controlada por traficantes de México y Colombia, quienes utilizaban a varios de los principales implicados como los encargados de establecer y mantener la infraestructura operativa en España desde la isla.

La operación, desarrollada en colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal, desmanteló lo que la fiscal María Jesús Armesto, de la Fiscalía Especial Antidroga, describe como «el mayor laboratorio de cocaína en Europa», ubicado en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), el cual tenía la capacidad de producir hasta 200 kilos al día. Según el escrito de acusación, el laboratorio clandestino no solo estaba dedicado a la elaboración del clorhidrato de cocaína a partir de la pasta base, sino que también era un eslabón fundamental en el proceso de ocultación y distribución de grandes cantidades de droga, para posteriormente ponerla a disposición del mercado europeo.

Los 19 acusados pertenecían a un entramado criminal que actuaba bajo la coordinación directa de dos líderes identificados solo por sus alias, 'Sobrino' y 'Karina', quienes gestionaban las operaciones desde Colombia y México, respectivamente. A nivel operativo en España, la organización era encabezada por J.A.C.G. y C.J.P.A., ambos grancanarios, quienes no solo eran los responsables de la operativa local, sino también de coordinar los envíos internacionales de drogas y los recursos necesarios para su procesamiento. La Fiscalía subraya que ambos líderes tenían «una clara y consciente voluntad de estructurar y expandir la organización en suelo español», para lo cual realizaron viajes a Colombia y México, utilizando rutas indirectas como Londres o Miami para evadir sospechas.

Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2022, cuando la Sección III de la Brigada Central de Estupefacientes, con el apoyo del Grupo II de Udyco Las Palmas, identificó patrones sospechosos de viajes frecuentes entre Gran Canaria y la Península, además de desplazamientos a Colombia por parte de algunos de los implicados. La organización criminal actuaba con sofisticados sistemas de seguridad y ocultación, utilizando empresas pantalla, alias para los miembros, y una logística repartida en varias localizaciones de Galicia y Madrid. Estas medidas incluían el uso de casas y naves industriales para almacenar precursores químicos, una infraestructura que «permite operar sin restricciones y sin dejar rastros fáciles de seguir», según el escrito.

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El laboratorio central fue instalado en un chalé ubicado en la localidad de Cotobade, en Pontevedra, y las autoridades encontraron en su interior alrededor de 20.000 litros de productos químicos y unos 151 kilos de cocaína en diversas etapas de procesamiento. La organización llegó incluso a emplear un contenedor marítimo que llegó a Portugal desde Colombia, en el cual la pasta base de coca se encontraba oculta dentro de los cilindros de una máquina trituradora de piedra. Este contenedor fue liberado del puerto de Leixões por algunos de los acusados, quienes viajaron específicamente a Portugal para supervisar el proceso.

La operación policial que condujo a la caída de esta red implicó la coordinación de agentes de la Policía Nacional de diferentes unidades especializadas, así como de la Policía Judiciaria portuguesa. Durante las vigilancias y seguimientos, se descubrió que la droga llegaba a Galicia oculta en maquinaria pesada, y que desde allí era transportada a distintos puntos, utilizando furgonetas camufladas como vehículos comerciales de empresas conocidas. Uno de los momentos culminantes de la investigación se produjo el 20 de marzo de 2023, cuando un vehículo rotulado como de la empresa MRW, y conducido por uno de los acusados, fue interceptado transportando 100 kilos de cocaína listos para su distribución en Madrid.

Durante la operación también se desmanteló la red de apoyo logístico que facilitaba a los narcotraficantes el acceso a viviendas y vehículos para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La investigación reveló cómo los acusados utilizaban empresas ficticias y testaferros para ocultar la propiedad de bienes inmuebles y vehículos empleados en el narcotráfico. Entre los acusados destaca P.J.T.L., quien aparecía como administrador de múltiples empresas sin actividad real, utilizadas para la adquisición de chalés y vehículos involucrados en las actividades de la red. Según la Fiscalía, «esta estructura empresarial era un pilar fundamental para el funcionamiento de la organización».

En el operativo, las autoridades detuvieron a varios de los «cocineros» o «químicos» encargados de la elaboración de la cocaína, todos ellos de nacionalidad colombiana y enviados expresamente por el cártel. Estos individuos fueron sorprendidos en el interior del laboratorio, que se encontraba «en pleno funcionamiento». Además, entre los efectos intervenidos se encontraron 51 kilos de clorhidrato de cocaína ya listos para la venta, con el distintivo del logotipo de 'Superman', utilizado como marca para sus productos.

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La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional ha pedido penas de hasta 18 años de prisión para J.A.C.G. y C.J.P.A., por su rol de liderazgo dentro de la organización, así como 13 para el resto de los acusados, a quienes se les imputa su participación activa en el tráfico de drogas, la pertenencia a una organización criminal y la simulación de operaciones comerciales internacionales como medio para ocultar la actividad ilícita. Además, se han solicitado multas de entre 35 y 105 millones de euros, dependiendo del grado de implicación y liderazgo dentro de la organización.