«Dejamos de pagar porque no teníamos a quién»

La asociación vecinal Derecho al Techo celebró la mañana de este jueves la decisión tomada por la Sareb, a última hora de este miércoles, de parar de manera temporal el desahucio de siete familias -la octava lo logró vía judicial- que habitan otras tantas viviendas de un edificio ubicado en el número 8 de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, adquiridas por el llamado banco malo a la empresa que se las rentó, tras entrar en quiebra.

Aunque el desalojo se paró, el colectivo ciudadano mantuvo la concentración convocada para las 09.00 horas de este jueves -60 minutos antes de la hora fijada para el desahucio- a fin de informar de lo que considera un logro y de los pasos que ahora se van a dar con estas familias que aseguran están en situación de vulnerabilidad.

Con aplausos y al grito de «shukran» -gracias en árabe- recibieron los afectados la confirmación de que disponen de un mes de plazo para buscar una salida que podría estar enfocada a un alquiler social en el caso de aquellas familias que justifiquen su vulnerabilidad. Algo en lo que los servicios sociales municipales tiene un papel decisivo.

En cualquier caso, los afectados dejaron clara su intención de hacer frente a un alquiler asequible como hicieron hasta 2023, momento en el que, dicen, desde los juzgados les comunicaron que sus viviendas ya no pertenecían a la propiedad que se las había alquilado.

Así lo manifiesta Banina Mbirkate, que reside desde 2020 en este inmueble y asegura ha intentado buscar una alternativa habitacional para ella y Adam, su bebé de tres meses. Sin embargo, apunta que pese «a cumplir con los requisitos» que se le exigen, «al ver que soy árabe, no me han querido alquilar».

También Ahamed Salem Alí Emhamed manifiesta que está dispuesto a hacer frente a un alquiler. «No queremos vivir gratis, queremos pagar como hicimos hasta 2023», dice quien asegura que cumplió hasta esa fecha con el abono mensual de «400 euros».

En su caso, reconoce que saber que se paraba el desahucio ha sido un «alivio» porque no sabía «a dónde iba a ir» con su hija de cinco años, los mismos que lleva viviendo en este edificio del entorno de Santa Catalina.

Por su parte, Ingrid Colmenares, el único caso que ha logrado un aplazamiento por la vía judicial gracias a la intervención de su abogada Isabel Saavedra, expone que las personas que como ella se han visto al borde de la calle «dejamos de pagar el alquiler porque no teníamos a quién». Algo que dice sucedió «como en mayo de 2023», cuando «averiguamos que Inmobiliaria Internacional había perdido todos los pisos en el juzgado».

Esta venezolana que lleva seis años en Gran Canaria y agradece el apoyo recibido estos días en los que las familias afectadas superan un segundo aviso de desahucio -tras el que se abortó en noviembre de 2024- señala que en su caso la «vulnerabilidad ya está acreditada» por los servicios sociales del Ayuntamiento «porque tengo una menor a mi cargo y mi pareja es refugiado palestino».

Pero incide en que al tratarse de un aplazamiento de «un mes» siente que el «futuro respecto a mi casa es incierto porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana». Por eso comenta que busca una alternativa habitacional pues «vivir esta situación no es sano mentalmente».

Su abogada, Isabel Saavedra, explica que el juez «ha suspendido un mes el desalojo de Ingrid para valorar su situación». Apunta, además, que la Sareb se ha comprometido a estudiar cada uno de los siete casos restantes e incluso ha abierto la puerta a la posibilidad de establecer un alquiler social, si bien no ha aclarado si sería en este mismo edificio o en otro de la ciudad.

Pero el llamado banco malo, como manifestó su procuradora, Gloria Mora, que se personó en el inmueble en la mañana de este jueves, precisa de la colaboración de los afectados y de los servicios sociales para hacer las valoraciones de vulnerabilidad que precisan para «darles una alternativa, porque el Sareb siempre da una alternativa».

Por su parte, Javier Marrero, portavoz del colectivo Derecho al Techo, comentó pasadas las 10.00 horas de este jueves, hora en la que estaba previsto ejecutar el desahucio, que la comitiva judicial en lugar de personarse, confirmó por teléfono la suspensión del mismo.

Tras eso, procedió a la lectura de un comunicado en nombre de la asociación en el que confirmó que «las familias vulnerables que iban a desahuciar por solicitud de la Sareb, se quedan», pues «se suspende el desahucio hasta que reciban una solución de realojo habitacional provisional o un posible alquiler social». Añadió que esto ha sido posible gracias a la acción de la ciudadanía y a la difusión de los medios.

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