Ocho familias en el limbo

Menores, ancianos y enfermos forman parte de las ocho familias que, si el juzgado no lo evita, van a ser desahuciadas este jueves 13 de marzo del edificio que habitan desde 2022 en el número 8 de la calle Nicolás Estévanez, próximo al parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

La asociación vecinal Derecho a Techo señala que se trata del segundo intento de desalojo que pesa sobre esta treintena de personas -la mayoría inmigrantes aunque también hay residentes canarios- tras el que se abortó en noviembre de 2024, que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde que la empresa que les alquiló las viviendas entró en quiebra y la Sareb compró estas propiedades.

Tras esa adquisición, la Sareb informó al juez «que las viviendas estaban okupadas», pero desde Derecho a Techo aseguran que los inquilinos tenían «contratos en regla desde 2022» y cumplieron con el pago de sus alquileres hasta la quiebra de la empresa con la que firmaron, «en 2024», pues «se quedaron sin interlocutor». Algo que entienden «vulnera sus derechos».

Por eso, tratan ahora de conseguir en los tribunales que el desalojo de estas familias no se lleve a término, pues no tienen alternativa habitacional al carecer de recursos económicos para hacer frente a las exigencias que supone un nuevo alquiler.

«Todas las familias se ven abocadas a ir a la calle», confirmaba en la mañana de este martes Javier Marrero, integrante del grupo jurídico del colectivo de Derecho a Techo.

Ante esto, se ha presentado una solicitud al «juzgado nº 8 de Las Palmas», explica Marrero sobre la actuación impulsada por un colectivo que demanda tiempo para que desde la Justicia se reclame al Ayuntamiento capitalino una valoración de la vulnerabilidad de estas personas y una respuesta acorde a sus necesidades. Pues insisten en que son personas que no pueden asumir los precios que impone el mercado inmobiliario.

Así lo ratifica Aziza Eddia, una de las afectadas por este desahucio. Dice que sufre una enfermedad crónica de origen pulmonar y vino de su país a recibir tratamiento en el Hospital Doctor Negrín. Aclara que no se niega a pagar un alquiler, como hizo hasta que la empresa que le rentó su casa quebró. Pero confiesa que no puede asumir la exigencia de un mes por adelantado, otro de fianza y un tercero para la inmobiliaria que se le exige para acceder a un nuevo hogar.

Javier Marrero remarca que el primer intento de desahucio quedó parado porque «veían un riesgo reputacional» y lo dejaron para más adelante. Pero «nadie se pensaba que pagando tu alquiler y teniendo un contrato, te iba a volver a venir un desahucio con las mismas condiciones».

Asimismo, señala que después de que se parara ese desalojo, los afectados no supieron cómo buscar ayuda. «Hay muy mala información para el que vive de alquiler y normalmente es muy confusa». A lo que se suma, dice, «que  la información se da a través de escritos de juzgados y Policía, que son cuestiones que no conoce la gente que, además, no está en ese momento como para poder actuar o saber qué es lo que le corresponde».

Reconoce que debido a esto «se pierde tiempo» respecto a emprender «acciones que se podían haber tomado antes». Pero considera que también es algo que corresponde a los servicios sociales. «Desde que se ve una cuestión de desahucio que afecta a varias familias, tendrían que intervenir», apunta.

También insiste en que estas personas están dispuestas a hacer frente a un alquiler que se ajuste a sus especiales condiciones, ya que en la mayoría de los casos «son personas inmigrantes», lo que «agrava su vulnerabilidad». Y llama la atención sobre el hecho de que en este edificio del que se les quiere desahuciar hay 19 residencias y «en otras plantas, hay propietarios de viviendas. Es decir, que la Sareb ha ido comprando, no sabemos con qué intención», atendiendo «a la gentifricación y a la zona en la que nos encontramos del parque de Santa Catalina».

Por eso, la asociación vecinal Derecho a Techo confía en que prospere su solicitud de parar el desahucio. Pero de no ser así, hace un llamamiento pacífico a la ciudadanía para que acuda este jueves, a las 09.00 horas, a apoyar a estas familias y hacer presión «para que se respete el derecho de estas personas, se replantee ese desahucio, se haga sus estudios de vulnerabilidad y se les facilite un realojo».

Señala que «desde la administración se pueden dar respuestas» como el mencionado realojo o ayudas para el alquiler, entre otras.

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