El magistrado despieza el caso Valka para que sea un procedimiento «más ágil y efectivo»
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Accede a la petición del fiscal Javier Ródenas y divide la causa en cuatro bloques, evitando una fragmentación arbitrariaTribunales ·
Accede a la petición del fiscal Javier Ródenas y divide la causa en cuatro bloques, evitando una fragmentación arbitrariaRafael Passaro Cabrera, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha acordado dividir el caso Valka en cuatro piezas separadas como así interesó en su momento el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. La autoridad judicial determina que la formación de las piezas separadas «preserva la coherencia procesal, evita interferencias entre líneas de investigación y garantiza un procedimiento más ágil y efectivo».
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Esto permitirá «abordar de manera específica los diferentes hechos y responsabilidades, preservando la coherencia del procedimiento y facilitando la toma de decisiones fundamentadas», sostiene en un auto de fecha 4 de febrero de 2025.
El fiscal solicitó esta división con el objetivo de concentrar de manera específica las actuaciones procesales en cada uno de los bloques de hechos investigados, argumentando que la complejidad del caso y la diversidad de los presuntos delitos dificultaban una instrucción unificada. Según esta parte, separar las piezas permite abordar de forma más eficiente las diligencias necesarias, como declaraciones de testigos, análisis periciales y pruebas documentales, sin que unas líneas de investigación afecten el desarrollo de otras.
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El magistrado instructor destacó en su auto que esta medida responde a criterios de eficacia y economía procesal. Argumenta que la formación de piezas separadas contribuye a evitar dilaciones indebidas y facilita una mejor organización de la prueba, garantizando así una instrucción más ágil y ordenada. Además, considera que esta estructuración permite preservar la coherencia del procedimiento.
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La decisión subraya que el desglose no implica una fragmentación arbitraria, sino una necesidad procesal fundamentada en la naturaleza compleja de los hechos investigados. De este modo, busca optimizar la investigación y garantizar la integridad del proceso penal, manteniendo en todo momento la presunción de inocencia de los implicados.
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La pieza principal está centrada en la adjudicación supuestamente fraudulenta y la permuta de la parcela P-TS-PC-1, en el marco de la ejecución de convenios urbanísticos privados en Tamaraceite Sur. Apunta a que estas operaciones habrían favorecido, en detrimento del patrimonio público, al empresario Felipe Guerra González. Se indagan presuntas irregularidades tanto en la adjudicación como en la ejecución del proyecto de urbanización del citado sector, así como en la gestión de contratos de obra y encomiendas por parte de Geursa. La pieza afecta, por ahora, a Felipe Guerra, José Manuel Setién, Marina Mas y Carlos Cabrera. Las diligencias se centran en la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la administración.
La segunda pieza investiga la instalación de un segundo ordenador en el despacho de Marina Más, para aceptar supuestamente conexiones remotas del anterior coordinador de Urbanismo y también investigado, José Setién, y permitirle su acceso a los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo. Hay que recordar que a Setién se le intervino en su domicilio un ordenador portátil al que se le habían instalado los accesos remotos con las credenciales de Marina Más, y un móvil que fue adquirido por Geursa. En este caso, los hechos imputados a los dos investigados citados y al jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez Cañón, así como la propia empresa municipal, son los de descubrimiento y revelación de secretos y uso indebido de información privilegiada.
La tercera pieza investiga la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos a Guerra Patrimonial FGG, SL y Esvertical SL por Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta línea de investigación afecta provisionalmente a los empresarios Felipe Guerra y y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también investigado, Miguel Ángel Padrón, sin perjuicio de futuras modificaciones. Los hechos se relacionan con posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Las diligencias buscan esclarecer la adjudicación de estos contratos y determinar la posible responsabilidad penal de los implicados.
La última pieza separada es la referida a la investigación patrimonial de la estructura empresarial del investigado Setién así como de su núcleo familiar más próximo ante la adjudicación de proyectos, por parte de Geursa, a esas empresas en las que participaban. Según la tesis del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, así como de abusos en el ejercicio de su función. La Fiscalía apunta a que José Manuel Setién Tamés, aprovechando su posición de responsabilidad en Geursa, habría favorecido a determinadas sociedades vinculadas a su entorno familiar en procesos de adjudicación de proyectos urbanísticos.
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