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La concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, anunció ayer que se está trabajando en la redacción de un pliego de condiciones para sacar a concurso la recogida de residuos sólidos urbanos en los veintitrés sectores urbanos que, durante la pandemia, fueron entregados a la empresa FCC.
«Se trata de los sectores que ahora mismo son municipales pero que no podemos atender por falta de personal», expuso la edila, quien aclaró que la duración del nuevo contrato será por dos años, ya que se trata del tiempo que falta para que acabe la concesión del servicio actual. Inmaculada Medina confía en acabar la redacción del pliego «en unos días».
Durante la crisis del covid-19, y ante el elevado número de bajas motivado por la alta edad media de la plantilla y las patologías de riesgo que padece, se optó por «una medida excepcional», que consistió en solicitar a FCC que asumiera el servicio de recogida de veintitrés sectores que hasta ese momento se cubrían con el servicio público. Se trata de los callejones de San José, El Batán, la fase III, las ramblas y el Mirador del Valle de Jinámar, La Paterna, Nueva Paterna, Los Tarahales, Casablanca III, Ciudad Jardín, La Isleta, Nueva Isleta, Las Coloradas, Schamann, Escaleritas, El Cardón, Carretera de Chile, La Majadilla, La Galera, Las Perreras, Lomo Los Frailes, El Sebadal y el entorno de los hospitales.
85 bajas. La edila de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, indicó que el área de Limpieza tiene 623 plazas. De ellas, 214 son personal fijo y 264, indefinidos, mientras que hay 145 sin ocupar. Hay 55 bajas en Limpieza Viaria; 27 en Recogida; y 3 en Servicios Especiales.
La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, justificó esta decisión en la falta de personal que aqueja al servicio, tanto por vacantes como por las bajas, así como en la necesidad de no desatender la limpieza de estas zonas.
La decisión se tomó al amparo de la posibilidad de contratación excepcional que se permitió durante el estado de alarma. Así, se consideraba que el encargo se mantendría «mientras persistan las circunstancias que han dado lugar a la adopción de medidas excepcionales».
Sin embargo, tras finalizar el estado de alarma, la situación se ha mantenido y el Ayuntamiento entiende ahora que se prolongará al menos por dos años.
Esta cesión, así como la propuesta de externalización de cuatro sectores de Limpieza Viaria, saltaron ayer al pleno en virtud de una moción del PP en la que se pedía la puesta en marcha de una auditoría de los procedimientos administrativos, económicos y jurídicos del servicio municipal de Limpieza.
La propuesta fue rechazada pero sirvió para que la oposición pusiera el foco en la falta de contratos. «Adjudica servicios sin contrato», criticó el edil popular, Ángel Sabroso, «y ahora quieren seguir privatizando -Limpieza Viaria- sin concurrencia».
La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, no se mostró contraria a la externalización si así se ofrece un buen servicio, pero pidió que se hiciera con «las garantías necesarias». Y criticó la suciedad que sufre la ciudad.
Por parte de CC, el concejal David Suárez lamentó también la falta de procedimiento. «Entendemos que hay que limpiar la ciudad, pero esto no son formas», expuso.
Por su lado, la edila no adscrita Beatriz Correas argumentó que «no debería haber problemas en que se encargue una auditoría». Y la otra concejala no adscrita, Carmen Guerra, atribuyó los problemas de suciedad a la falta de gestión.
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Inmaculada Medina cerró el debate diciendo que «no voy a privatizar», al entender que puesto que no hay un traspase de trabajadores, solo se puede hablar de externalización. Por eso, también anunció que se ha pedido un informe a los servicios jurídicos para ver si es posible externalizar algunos sectores en materia de limpieza viaria. «Con el personal que tenemos no podemos dar el servicio que la ciudad merece», expuso.
En el debate también se hizo mención a la situación de los 187 trabajadores cuyo despido fue improcedente y que ayer se manifestaron en Santa Ana.
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