El juicio por la muerte de Aneiros, ante un jurado popular

El juicio que tenía previsto celebrarse este lunes por la muerte de Sergio Aneiros, finalmente se celebrará ante un jurado popular tras la decisión adoptada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Oliva.

El letrado de la familia de la víctima, José María Domínguez, acusó también por un delito de omisión del deber de socorro a los encausados y, por este motivo, el caso tiene que celebrarse por los trámites del Tribunal del Jurado.

De esta forma, las actuaciones deben enviarse de nuevo al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, para que inicie este trámite en un procedimiento que puede demorarse un año más en celebrarse.

Aneiros, miembro de la Banda de Gaitas y voluntario de la campaña benéfica de la Casa de Galicia, murió el 24 de febrero de 2022 en La Minilla como consecuencia de, al menos, una patada en sus órganos vitales.

Por una parte, la Fiscalía Provincial de Las Palmas dirige su acusación contra Luis Alejandro M.V. y Aimar G.H. El primero de ellos -presuntamente- asestó la patada que acabó con la vida de este joven de 20 años, estudiante de informática y amante de la fotografía, por lo que pide siete años de cárcel por lesiones en concurso ideal con homicidio por imprudencia y robo con violencia.

En el caso de Aimar G.H., el fiscal Pedro Gimeno interesa que sea condenado solo por el delito de robo con violencia al entender que no participó de forma directa en la muerte de Aneiros. Se enfrenta a dos años de cárcel por sustraer el móvil y el reloj a la víctima junto a Luis Alejandro M.V.

Por último, el Ministerio Público no ejerce acusación contra la joven con la que la víctima fue al parque para mantener relaciones sexuales con los dos acusados. Gimeno entiende que Irene L. R. «ni tuvo participación o intervención directa en la agresión física» sufrida por Aneiros, ni en la «posterior sustracción de sus efectos personales».

La joven, según el criterio de esta parte, permaneció «en todo momento a su lado efectuándole maniobras de reanimación», hasta que finalmente y a instancias de una vecina «procedió a efectuar una llamada telefónica a los servicios de emergencia». No es posible «la censura en la vía penal», sostiene el fiscal, «de su falta de pericia en la reanimación ni de la incapacidad por su parte para apercibirse de la gravedad» del estado del estudiante. Una petición de archivo de la que disiente la acusación particular, que sí la considera autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Esta parte, interesa penas más elevadas para los dos anteriores. En el caso de Luis Alejandro M.V., le pide cuatro años de cárcel por las lesiones en concurso ideal con un homicidio imprudente, tres y multa de 4.320 euros por el robo con violencia y le imputa un tercer cargo por omisión del deber de socorro que conlleva dos años más de pena privativa de libertad. Suman nueve años en total.

Mientras, a Aimar G.H. le solicita tres años por el robo y multa de 4.320 euros por la omisión de atender a la víctima, cantidad que reclama también para Irene L. R.

En lo que sí coinciden la Fiscalía y la acusación particular es que los condenados deberían abonar a los padres de Sergio Aneiros 96.427 euros como indemnización por los daños morales ocasionados. Pero el Ministerio Público entiende que solo la tiene que pagar Luis Alejandro y la acusación particular, que sean los tres acusados de forma solidaria.

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