La abogada grancanaria Conchi Viera representará los intereses de 1.789 afectados en el caso Arbistar, que investiga una de las mayores estafas piramidales que se ejecutó, presuntamente, en España entre el 8 de mayo del 2019 y finales del 2020, en plena pandemia, y que afectó a más de 53.400 personas de varios países. Las acusaciones piden 29 años y nueve meses de cárcel para el supuesto cabecilla de esta trama, Santiago Fuentes, que fue detenido en Tenerife y ahora será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo 10 de abril.
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Conchi Viera fue una de las primeras abogadas que se personó en la causa que empezó a tramitarse en el Juzgado de Instrucción 3 de Arona, puesto que el investigado tenía su base de operaciones en el sur de Tenerife. La letrada representó inicialmente a un grupo de afectados hasta que acumuló a 1.789 personas de 38 países diferentes que denunciaron haber sido estafadas en este entramado piramidal. De hecho, es la segunda representación letrada de las 10 que el magistrado permitió y que más clientes defiende en este procedimiento. Hay otros dos letrados tinerfeños en la causa: José Esteban García González y José Manuel Suárez Díaz.
presuntos miembros de una trama criminal serán juzgados por, a través de la plataforma de comercialización de criptomonedas Arbistar, haber defraudado más de 92 millones de euros a cerca de 32 000 inversores.
Las acusaciones piden 29 años y nueve meses de cárcel para el presunto cabecilla, Santiago Fuentes Jover, por la presunta comisión de un delito de estafa agravada, organización, dirección de organización criminal y falsificación en documento mercantil. También está acusado Diego Felipe Fernández, que se enfrenta a 23 años y medio de prisión, por los 20 años y medio para Álex Castro e Iván Grima; 17 años y nueve meses para Léster Zarabozo y 15 años y nueve meses para Laura Concetta.
En lo que respecta a las multas que interesan las acusaciones, la suma total asciende a 1,875 millones de euros y las indemnizaciones corresponderían a la devolución del dinero invertido por cada víctima del fraude que, según esta parte, llegaría a los 3.500 millones de euros.
El escrito de acusación describe el «engaño masivo e internacional» que, según la Fiscalía, perpetró Santiago Fuentes y sus colaboradores a través de una «carcasa jurídica» denominada Arbistar 2.0. Esta estructura ofrecía a particulares la posibilidad de invertir en mercados específicos de divisas virtuales, como Kraken o Binance, prometiendo «imposibles» rentabilidades «muy altas» de entre el 8% y el 15% mensual.
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Para llevar a cabo el fraude, sostienen que Fuentes estableció contacto con otros acusados. En noviembre de 2018, se asoció con Iván Grima y Álex Castro, utilizando la sociedad Venus Capital, de la que se sospecha que funcionaba como el aparato financiero de la red al operar como casa de cambio. En 2019, las relaciones se ampliaron con Diego Felipe Fernández Nojarona y Víctor Alexander Walter Frantz (en rebeldía), quienes se convirtieron en socios del negocio fraudulento. Posteriormente, se unieron Léster Zarabozo González y Laura Concetta Barone, quienes asumieron funciones de gestión.
«Nace así Arbistar», señala la Fiscalía, describiéndola como un servicio financiero con «impostada apariencia de realidad, profesionalidad y solvencia». Según el escrito de acusación, el CEO de Arbistar y sus socios «urdieron un plan mediante el cual, aparentando la existencia de un denominado arbitraje de criptomonedas, vinieron a crear un esquema piramidal, en el que el capital obtenido por los nuevos inversores sostenía la estructura financiera, pero sin efectuar actividad alguna de compra y venta de criptomonedas».
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La Fiscalía detalla las estrategias utilizadas por Arbistar para atraer clientes, siguiendo patrones habituales en estafas piramidales que prometen ganancias fáciles. Entre ellas, destaca el «plan amigo», un sistema de compensación para clientes que captaban nuevos inversores. Asimismo, la trama puso en marcha el «club Arbistar», que ofrecía mayores rentabilidades a cambio de una permanencia obligatoria de tres años. La captación de inversores también se apoyó en publicaciones en internet, como el programa semanal que Fuentes difundía en su canal de YouTube, denominado «La llamada de éxito», que alcanzó gran popularidad entre los clientes de la plataforma. Además, se organizaron eventos promocionales en hoteles y salas de congresos en distintos puntos del país.
Sin embargo, la realidad era distinta. Según el escrito de acusación, los procesados no invertían en criptomonedas, sino que utilizaban parte del dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a otros, generando así confianza en la plataforma. Al mismo tiempo, «distraía las criptomonedas así recibidas en beneficio propio».
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El esquema comenzó a desmoronarse en agosto de 2020, cuando Arbistar dejó de abonar las supuestas ganancias a los inversores, argumentando problemas de liquidez y atribuyendo la situación a un fallo en el sistema de arbitraje. Conscientes de que el fraude había alcanzado su punto crítico, la trama liderada por Santiago Fuentes procedió a vaciar las cuentas de la entidad «mediante el desvío masivo de los fondos existentes hacia sus propias cuentas personales y las de su entorno personal», concluye la Fiscalía.
El juicio se prolongará durante 14 días desde el 10 de abril que dará comienzo en la Audiencia Nacional.
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