Las Palmas de Gran Canaria

«El Gobierno de Canarias está mirando hacia otro lado en la declaración de zona tensionada»

Las Palmas de Gran Canaria, o al menos los partidos que forman su gobierno municipal, piden al Gobierno de Canarias que actúe declarando la ciudad como zona tensionada para intervenir sobre el grave problema del acceso a la vivienda en el que se encuentra. El último en tomar la palabra ha sido Pedro Quevedo, concejal de Turismo, que asegura que el Ejecutivo regional «se está poniendo de lado en este asunto».

Esta reclamación ya fue expuesta el pasado domingo por la alcaldesa Carolina Darias en una entrevista publicada por este periódico, en la que señaló que está a la espera de que el gobierno de Fernando Clavijo «cumpla« con la ley estatal al respecto.

Ese mismo mensaje traslada Quevedo, socio de gobierno de Darias con Nueva Canarias, al ser preguntado por esto y su incidencia en el mercado turístico que tutela desde su área. «Tenemos un gobierno, el de Canarias, que renuncia a sus competencias estatutarias para no actuar en este terreno, no sea que se moleste a alguien», señaló el edil.

Al igual que Darias, Quevedo lamenta que la iniciativa en este caso siempre haya salido desde el Ayuntamiento, que elaboró un informe para entregárselo al Gobierno de Canarias en el que se señalaba que la ciudad cumplía con tres de los cuatro parámetros exigibles para recibir la declaración. «Hemos tenido que hacer desde el Ayuntamiento, junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el trabajo para la declaración de zona tensionada, porque si tú no declaras qué zonas son las que están tensionadas no puedes tomar decisiones», comentó.

Este conflicto tiene otras motivaciones según se cree desde el Ejecutivo regional. «Estamos siguiendo los procedimientos», señalaban a la consulta de este diario, «con una serie de informes extras para antes del mes de abril tomar una decisión amparada en todos los datos técnicos necesarios. Nunca nos hemos opuesto», concluyen.

Por respuesta, Pedro Quevedo se mantiene en la idea de la inacción del Gobierno de Canarias. E insiste mucho en la tesis de que se trata de no generar conflictos con el sector. «¿Eso significa meterle el dedo en el ojo, a lo mejor, a alguno? Pues a lo mejor, pero ¿significa trabajar por el interés general? Lo que yo estoy observando es una tendencia a mirar para otro lado, a no asumir las propias competencias», añade.

Lo que es una realidad, y en eso coinciden tanto Quevedo como las fuentes consultadas en el Gobierno de Canarias, es que este periodo de incertidumbre que se está generando ha propiciado que se hayan disparado el número de peticiones para convertir viviendas en alquiler vacacional, algo de lo que en el caso del concejal capitalino culpa al ejecutivo de Clavijo. «La consecuencia que tiene eso es que ha cogido todo aquel que no tenía claro si poner su vivienda en alquiler vacacional o no y la han registrado como alquiler vacacional. Por si acaso. Porque lo primero cuando se hace una decisión de este tipo como se hizo en su día con la ley de directrices, es generar una moratoria para que esto no se produzca», dijo.

Las palabras de Quevedo se realizaron en la previa de la presentación del cuarto plan de marketing turístico de la ciudad, un contexto en el que era pertinente preguntar por la incidencia del alquiler vacacional en la ciudad. Ante ese escenario, Quevedo quiso aclarar que ese «grave problema» no tiene que ver con esas personas que tienen una segunda vivienda y la convierte en alquiler vacacional, «esa es una minoría», sino en los grandes tenedores foráneas que copan la oferta en la ciudad.

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