«Si los informes confirman que las zonas tensionadas no va a funcionar no se harán»

-El decreto de medidas urgentes de la vivienda ha acelerado que los promotores privados entren en la construcción de vivienda protegida. En 2021 fueron 100 viviendas; en el 22, 78, en el 23, 400 y ahora, en un año, casi 2.000. ¿Cuál ha sido la clave?

-La clave ha sido la actualización en el decreto que aprobamos el año pasado del módulo canario que ha permitido que ahora al promotor privado sí le den los números. El módulo no se actualizaba desde hace diez años y lo hicimos porque los promotores nos decían que así era inviable construir VPO.

-Otra medida interesante y que introducía celeridad a la puesta de vivienda en el mercado era terminar edificios que quedaron inacabados en la crisis de 2008. ¿Cuántos edificios han terminado este año?

-En el año 2024 hemos comprado edificios inacabados por valor de 18 millones de euros que suponen precisamente poner durante este año 2025 y el próximo 2026 cerca de 200 casas en toda Canarias. El que está funcionando se ve en que cada vez hay menos edificios inacabados. Quedan todavía, pero cada vez cuesta más encontrarlos.

-¿Tras un año de decreto se puede decir entonces que la respuesta a la vivienda está cogiendo velocidad y que irá como un tiro cuando se apruebe el nuevo decreto de simplificación?

-Yo no tengo ninguna duda que se han movilizado más instrumentos y más herramientas en materia de vivienda en el último año que nunca antes en la historia y eso está dinamizando el sector. Todavía nos queda y en este sentido, el nuevo decreto ley que estamos ultimando va a ser sin duda el empujón definitivo. Estamos hablando de la agilización de la licencia urbanística. Ahora cuando el promotor obtiene la calificación provisional de vivienda protegida tiene que esperar hasta tres años para que el ayuntamiento le dé la licencia. Hay ayuntamientos que excepcionalmente responden muy rápido pero otros tardan dos o tres años. Para mejorarlo en este nuevo decreto hemos copiado el sistema de Madrid, que posibilita que el informe técnico municipal que es preceptivo y vinculante, se pueda externalizar bien a un medio propio, bien a un colegio profesional o bien a una empresa acreditada por el Gobierno de Canarias. Esto va a agilizar de manera muy exponencial la obtención de licencias.

-¿Esta agilización solo será para el promotor que hace vivienda protegida o para la vivienda del mercado libre también?

-Sí, le explico. Hace 10, 15 o 20 años el problema de la vivienda se circunscribía a familias vulnerables y los más jóvenes, hoy afecta a toda la población: trabajadores, clase media, jóvenes, no tan jóvenes... Debido a que se ha reducido prácticamente a la nada la oferta. Y ahí trabajamos, sector público y sector privado. El sector público tiene que acelerar el paso para construir viviendas públicas. En 2024 iniciamos la construcción de mil viviendas públicas, este año 2025 volveremos a iniciar la construcción de otras mil pero el sector privado también tiene que construir viviendas protegidas. Han acelerado el paso con la mejora del precio del módulo pero necesitamos más y también hace falta vivienda libre. Para ello hemos desarrollado la figura que recoge la ley estatal de la vivienda asequible incentivada, que va dirigida a las clases medias, es decir, a alguien que tiene un buen sueldo pero tiene que dedicar más del 50% de sus ingresos al alquiler de una vivienda, que es inasumible. Estas personas no son perfil de vivienda pública ni protegida, están en medio y tenemos que darles también respuesta. ¿Cómo lo haremos? Pues dándole incentivo urbanístico al promotor para hacerle más rentable la promoción pero, al tiempo, limitando el precio máximo para alquilar por debajo del mercado, con 7-8 euros el metro cuadrado. La idea es hacer rentables solares que hay en Canarias y que ahora no lo son.

-¿Cómo lo harán? ¿Qué incentivos darán al promotor?

-Por ejemplo, un edificio que tiene una edificabilidad establecida en la ficha urbanística y con un número máximo de viviendas con una superficie mínima de 120 metros cuadrados, permitirle que construya viviendas de 80 o 90 metros, que son más necesarias ahora mismo para la gente. Así, puede construir más número de viviendas pero le limitamos el precio.

-¿Las viviendas incentivadas serán para alquiler o compra?

-Según establece la ley estatal, son viviendas en régimen de alquiler durante diez años aproximadamente y luego pueden ser objeto de compra o de venta. Con todas las medidas llegamos al 95% de la población. El resto, el que queda fuera, tiene dinero suficiente para comprar una casa.

-En una entrevistas con la presidenta de los constructores , María de la Salud Gil, hace unas semanas, advertía que el problema para desarrollar viviendas en Canarias es que no hay presupuesto.

-El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y eso es Ley de Presupuestos, tiene el mayor presupuesto de su historia. A todos nos gustaría tener más pero es el mejor que hemos tenido.

-Pero apenas sube el presupuesto de vivienda en 21 millones cuando se quiere solucionar el grave problema que hay.

-21 millones puede parecer poco pero es el mayor. Son más de 170 millones en total, que es un incremento muy importante con respecto al año anterior de más de 20 millones como bien dice. Los presupuestos son finitos y en materia de vivienda deben ir a construir vivienda pública y ahora, estamos haciendo más de 2.000 en dos años. El esfuerzo que hacemos es muy importante. Además, no solo es cuestión de presupuesto sino de buscar herramientas para incentivar al sector privado a construir viviendas protegidas. Este Gobierno ha movilizado más herramientas que ningún otro hasta la fecha para sacar viviendas al mercado, por ejemplo las deducciones al IRPF que entraron en vigor este año 2025 para volver a seducir al propietario de una vivienda que la ponga en el mercado de alquiler. Todo esto sirve para agitar un mercado que llevaba dormido desde la crisis inmobiliaria de 2007.

-Salud Gil también advertía de que si los ayuntamientos no dejan de lado los complejos y sacan suelo y colaboran con la parte privada no habrá viviendas.

-Está claro que la iniciativa pública tiene que jugar un papel y la privada otro y ambos ir de la mano. No sé a qué complejos se refiere pero, yo los tengo me los quité hace tiempo. Ella lo sabe y lo hemos demostrado a lo largo del tiempo porque el objetivo es dar soluciones a los ciudadanos para que pueda desarrollar su proyecto de vida. Me he reunido con la Fecam y la Fecai y están tanto ayuntamientos como cabildos alineados en este objetivo. Estamos sacando viviendas en distintos municipios. Esta misma semana hemos entregado 26 en Agaete. Para los jóvenes estamos a punto de lanzar una hipoteca para menores de 40 años que les ayudará a financiar el 95% de la compra de su casa. Así no tendrán que tener tanto dinero ahorrado para entrar en una vivienda. Hay muchos mecanismos y muchas herramientas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de Canarias

-¿Cuánto suelo hay en Canarias disponible para viviendas?

-El suelo que tiene disponible Visocan permitiría hasta 5.000 vivienda. En el nuevo decreto también vamos a introducir una mejora para permitir que se pueda construir viviendas en aquel suelo urbanizable en el que la urbanización aún no está completa. Otra medida que hemos puesto en marcha y que estará en junio es la creación de un Observatorio Canario de la Vivienda, que aglutinará todos los datos del sector. Sus informes serán semestrales y nos permitirá conocer mejor la situación.

-El anterior decreto tenía dos medidas 'estrella': poder convertir locales comerciales en vivienda y crecer en altura en algunos edificios. ¿Han funcionado?

-Ha existido bastante interés y sé de proyectos concretos que se están ejecutando. Algunos ayuntamientos vetaron en sus plenos estas medidas, uno de ellos Las Palmas de Gran Canaria, que decidió su no aplicación. Igual que impidió el crecimiento en altura. También Guía tomó esta decisión. Me resultó curioso que siendo una de las ciudades con más demanda no se permitiera, sobre todo, teniendo en cuenta que en el mes que transcurrió desde que se aprobó el decreto y se vetó por el ayuntamiento se presentaron más de una decena de peticiones de licencia.

-Como dice es curioso, cuando es una medida que contribuye aumentar una oferta escasa y que es la razón de que suban tanto los precios. Quizás así no haría falta declarar la zona tensionada. ¿Saldrá finalmente adelante?

-Nuestro objetivo con todas las medidas que estamos tomando es aumentar la oferta. Si la declaración de zona tensionada va a reducir aún más la oferta va a ser negativa. No sé aún lo que se hará pero tengo la información de lo que ha ocurrido en Barcelona y es lo siguiente. Los precios se han reducido un 3% pero en los alquileres más pudientes, que superan los 2.000 euros de renta; y lo segundo que ha pasado es que se ha reducido la oferta en torno a un 20% porque mucha gente ha preferido dejar de alquilar su casa con esa dinámica de limitación de precios. Es decir, que no ha mejorado en nada la situación. Por lo tanto, esta medida en Barcelona no ha funcionado. En Canarias si demostramos con informes, no por mi opinión ni por la de la alcaldesa, sino con informes que va a tener un resultado similar no se haría.

-Pero las consecuencias sobre el mercado no se pueden averiguar hasta su entrada en vigor.

-No, no. Lo que dice la ley estatal de vivienda es que tenemos que justificar con informes objetivos que la medida es positiva y que la intervención del mercado es positiva y es necesaria.

-¿Cuál es el procedimiento a seguir entonces?

-El ayuntamiento hace la solicitud y acompaña un informe que justifica la medida. El gobierno de Canarias recibe ese informe y encarga su propio informe. Hay una exposición pública de los dos informes. Una vez pasado el periodo de alegaciones y información pública se toma la decisión por parte del Gobierno de Canarias de declarar o no la zona tensionada. El solicitante es el Ayuntamiento pero la competencia es del Gobierno de Canarias, que tiene la decisión última en función de esos informes. No soy contrario a aplicar ninguna ley pero no voy a autorizar algo que perjudica los intereses de los ciudadanos.

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• Pablo Rodríguez Valido (CC)