El empresario Felipe Guerra pide que se declare ilegal el registro de su empresa por el caso Valka

El empresario Felipe Guerra, investigado en el caso Valka -que trata de esclarecer si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actuaba una supuesta trama de corrupción- presentó este miércoles un escrito en el que solicita al magistrado del juzgado de Instrucción 2, Rafael Passaro Cabrera, el dictado de una resolución que declare ilegal la entrada y registro de la Guardia Civil en la empresa de su propiedad Guerra Patrimonial FGG, y que, por consiguiente, ordene la devolución de todo el material incautado.

En el escrito presentado por el abogado del investigado, Sergio Armario, se explica que «la imputación de los hechos presuntamente delictivos se efectuó a mi representado como persona física, al igual que el citado auto de entrada y registro, nunca en calidad de administrador de la sociedad Guerra Patrimonial FGG, entidad no investigada».

El juez decretó la entrada y registro en dos inmuebles de Guerra: en su vivienda habitual, que es propiedad de Guerra Patrimonial FGG; y otro que utiliza como lugar de vacaciones y que está en Lanzarote.

Sin embargo, la defensa de Guerra argumenta que la vivienda del empresario y el despacho de su empresa son inmuebles distintos, pese a que están ubicados en la misma calle, uno frente al otro. Y critica la imprecisión del acta de la letrada de la Administración de Justicia al «extralimitar el mandato judicial» y permitir «sin autorización judicial, una intromisión ilegítima en las dependencias de una empresa no investigada, sustrayendo material privado de la empresa».

El documento que se incorpora a las diligencias previas del caso Valka añade que «no se puede obviar la verdad y autorizar y redactar un acta de entrada y registro de forma vaga e imprecisa pues da la impresión de que la letrada de la Administración de Justicia, consciente de no tener autorización judicial para registrar una sede de la entidad, intenta, con esa forma imprecisa de redacción, hacer valer un registro de un tercero ajeno a la causa».

Desde su perspectiva, se produjo una confusión de la vivienda y del despacho (ambos de Guerra Patrimonial FGG) en un solo inmueble «y se ha permitido a los agentes actuantes registrar e incautar lo que estimaron oportuno, sin orden ni control».

La presentación de este escrito se produjo en una jornada intensa de declaraciones a dos testigos del caso Valka. En las cinco horas que duró la prueba, y en la que se vivieron algunos momentos de tensión, se abordaron asuntos claves de la investigación, como los referidos a las supuestas presiones de la gerencia de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) para sacar adelante obras en contra de los criterios de los técnicos, contrarios a aprobar certificados por detectar que los trabajos no estaban terminados, porque entendían que había bajas económicas injustificables o porque presuntamente se quería pagar actuaciones que no se habían realizado en realidad.

La fase testifical también repasó la instalación de accesos remotos a un ordenador portátil que daba acceso a los ficheros urbanísticos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con las claves de Marina Más (gerente de Geursa) y que estaba en posesión del excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, pese a que ya se había jubilado. Desde este ordenador supuestamente se conectaba a los archivos municipales a través de un segundo ordenador que estaba en el despacho de la gerente de Geursa. Este segundo ordenador era una torre que estaba en el suelo, sin pantalla ni teclado.

Ambos forman parte de la relación de investigados en el caso Valka, que se completa con la propia sociedad Geursa, y con otros dos de sus directivos, Carlos Cabrera (coordinador de la oficina técnica de Geursa) y Luis Pérez (fefe del departamento jurídico de Geursa), así como el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón.

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