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El grueso de los trece testigos que comparecieron este miércoles ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, declararon que la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) les pagaba las horas extras que realizaban de forma camuflada en concepto de dietas, como así sostienen las acusaciones. En la segunda jornada de este juicio, este grupo de nueve guardias de seguridad narró situaciones como trabajar doce horas al día durante un mes sin descanso abonadas «por debajo del convenio» o que se les retirara la cesta de Navidad si se negaban a trabajar de más.
En contra de la mayoría de los testimonios, otro guardia de seguridad declaró que sus condiciones de trabajo eran «óptimas» y que no trabajaba horas de más. Preguntado entonces por qué en el año 2009 cobró 20.975 euros en concepto de dietas y solo 15.531 de sueldo, lo explicó diciendo que él «comía muchísimo» y le «gustaba la langosta, pues me la comía». Contó no recordar si luego llevó «el ticket a la empresa», sostuvo, pero dijo que «no tenía un tope para comer». Este mismo trabajador en 2010 ingresó 21.281 euros en dietas y el mismo sueldo que el año anterior, según él, «sin que en esa primera cantidad hubiese horas extras».
Además de este testimonio, otro trabajador también declaró en el mismo sentido que el anterior: «Horas no hacía y si trabajaba alguna, me la ponían en nómina y las dietas y transporte me las pagaban aparte», expuso. También una vigilante manifestó que al estar subrogaba, cobraba lo fijado en el convenio y no hacía horas extras, pero por contra, la obligaban a trabajar festivos y domingos y solo podía librar entre semana.
Estos fueron los únicos testimonios contrarios al resto, que insistieron en que la empresa nunca les pagó kilometraje y manutención y las horas se las abonaban en concepto de dietas.
«Nos volvían locos a hacer horas extras y las pagaban como querían y por debajo del convenio», contó uno de los trabajadores estuvo nueve años en SICy que afirmó que lo echaron a la calle por participar en una manifestación para «reclamar el cómputo de horas. Luego, nos sacaron fotos a todos y nos despidieron haciendo falsos partes de incidencias para tener algo a lo que acogerse», abundó. «Hay gente que hizo hasta casi 400 horas sin pagarles nada, ni desplazamiento ni nada».
Un guardia que era representante de Alternativa Sindical Canaria declaró que «hacíamos una media de 240 horas mensuales y que la empresa «apartaba» a los que se negaban a hacerlas.
«Te quitaban hasta la cesta de Navidad», respondió a una de las acusaciones. Cuando fue interrogado por el letrado Choclán, defensa de Ramírez, le cuestionó por qué denunció que no había percibido horas extras cuando sí las cobró, indicando que, en ese supuesto, habría cometido un delito de estafa procesal. El presidente Miguel Ángel Parramón interrumpió al abogado al no considerar pertinente dicho comentario. El empleado respondió que «yo sabía que me estaban pagando las horas extra, pero no reclamé para cobrar dos veces, sino lo hice porque nos estaban machacando todos los días», dijo. Una respuesta en la misma línea a la de otro compañero suyo quien especificó que «si denunciamos, fue porque las horas que nos pagaban era por debajo del convenio. Reclamamos la diferencia y también que el sueldo base tampoco era el que nos correspondía. Los sueldos eran precarios», aseveró.
Resumen de la primera jornada
Un testigo respondió al interrogatorio desde Tenerife por videoconferencia y admitió que «trabajábamos una media de 12 horas diarias y algunos llegaron a hacer hasta 400 horas al mes», cuando las horas de su jornada conforme al contrato «eran 162 o 164, ya no me acuerdo con exactitud. A mí no me pagaron ni un café. Las dietas fueron superiores incluso al sueldo porque estaba de un servicio a otro y había días que hasta doblaba turnos».
En esta sesión también ha prestado declaración el responsable de la dirección de transportes de fondos cuya función era la de jefe comercial, que indicó que su sueldo lo pactó con la empresa y «nunca hizo horas extras» y sus desplazamientos por viajes eran abonados por SIC, que le facilitó una tarjeta de empresa y dinero en efectivo para los gastos.
Por su parte, el director financiero de SIC, que dijo haber sido contratado por Ramírez, explicó que «casi todos los trabajadores» cobraban nómina y dietas y que «desconocía» si hacían horas extras, pues él recibía solo los ficheros de personal y se limitaba a autorizar los pagos, aunque «eran pocos» los correspondientes a horas extraordinarias.
Añadió que no recordaba «las cantidades de los pagos que autorizaba de nóminas y dietas», pero el porcentaje del primer concepto era superior. También declaró a preguntas de la defensa de Héctor de Armas, que tampoco se acordaba si cuando se incorporó este acusado como administrador único en 2011 cambió el sistema de las horas extras.
En esta causa se acusa al propietario de SIC, Miguel Ángel Ramírez, de defraudar más de 36,6 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social entre 2009 y 2017.
La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, reclama una condena de 21 años de prisión y 105 millones de multa para el presidente de la UD Las Palmas, y para Héctor de Armas, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.
Unas penas que se elevan a 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa para Ramírez y a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros de multa para Héctor de Armas, según la acusación particular ejercida por USO, el sindicato que puso en marcha este caso en 2012 al denunciar a Seguridad Integral Canaria ante la Audiencia Nacional.
La acusación ejercida por la Agencia Tributaria pide 19 años de cárcel para ambos procesados y una multa equivalente al triple de la cuota que se pruebe como defraudada, mientras que la que representa a la Tesorería General de la Seguridad Social demanda 54 años de prisión para cada uno de los dos acusados y multas que multiplican por dos y hasta seis veces la cantidad que dejó de cotizar.
Durante estas dos primeras jornadas del juicio no han comparecido varios testigos sin causas justificadas. Ayer, uno de ellos no se presentó y las acusaciones interesaron que fuera localizado y requerido para que prestara declaración con el apercibimiento de que, si no lo hacía, sería multado.
También se solicitó que otro de los testigos propuestos por las acusaciones fuese localizado ya que se tenía su número de DNI, aunque en otros dos casos, no se contaba con documento alguno para poder requerirlos.
Este jueves, la jornada será maratoniana y contará con la presencia de quince testigos propuestos por las acusaciones, uno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que se trata del representante de la entidad Freemática SL responsable del software con el que SIC gestionaba sus cuentas y otros tres de la Seguridad Social.
Las vistas se reanudarán el martes con la declaración de 20 testigos más. El miércoles se sentarán en el estrado doce, que precederán a los propuestos por las defensas. En concreto, el letrado de Miguel Ángel Ramírez citó a cinco personas, entre ellas al representante legal del sindicato denunciante USO, mientras que la abogada de De Armas propuso a dos personas como testigos.
El jueves 13 de julio se celebrará la prueba pericial con la comparecencia de los técnicos Alejandro Miño, Pedro Bermejo, Plácido de Blas, Montserrat Solla y Ana Pérez.
Ya el martes se encarará la recta final de este juicio con un técnico y otros tres peritos más propuestos por Ramírez.
El otro punto de interés estará en la declaración de los investigados, que se producirá el miércoles 19, una jornada en la que también depondrá el representante legal de SIC.
En condiciones normales, los informes se leerían el jueves para así dejar visto para sentencia este caso SIC.
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