La Sala dice que resolverá en sentencia la posible nulidad de la causa contra Ramírez

Este martes comenzó el juicio que sienta en el banquillo a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, responsables de la ya extinta empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) y lo hizo de forma previsible, con las acusaciones y defensas enzarzadas en la posible nulidad de parte del procedimiento al estar, presuntamente, contaminado por la presencia en la instrucción del juez condenado Salvador Alba, y que la causa se dirigió por ejercicios presuntamente defraudados que no eran objeto de la investigación inicial.

Ramírez y De Armas se enfrentan a una petición de condena por parte de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el primero; y 14 años y 79,32 millones para el segundo.

José Antonio Choclán, abogado de Ramírez, apeló a una instrucción irregular. En la misma, argumentó que se le tomó declaración a su cliente sin que existiese una resolución que motivara la ampliación formal del procedimiento ya que se varió el objeto de la investigación por los presuntos delitos cometidos por SIC en los ejercicios 2010 a 2013, una decisión adoptada por el magistrado Salvador Alba cuando estuvo en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

«La consecuencia es que el proceso no se ha dirigido nunca contra Ramírez por los ejercicios de 2010 a 2013 y se dictó un auto «sin respetar las garantías previas de que el investigado tiene que ser informado de las variaciones que se produzcan en el objeto del procedimiento», expuso, para añadir que la actuación del exjuez Alba «se condujo con una finalidad espuria y desviada».

Cuestionó también el proceder de los técnicos de la Agencia Tributaria, de quien dijo que «un procedimiento penal no puede tener una naturaleza prospectiva sin existir datos que permitieran entender que existía la posibilidad de delito».

También refirió a que el proceder de los inspectores de la Seguridad Social fue «arbitrario» y, por ese motivo, también interesó la nulidad de las actuaciones.

Por último, desmenuzó que «los delitos fueron imputados a mi cliente tardíamente cuando había concluido el plazo de instrucción».

La respuesta de la fiscal Evangelina Ríos fue tajante y describió que las posibles cuestiones de nulidad argumentadas por la defensa eran difusas: «Se pretende anular la causa sin decir cuál de los motivos concurre. La indeterminación provoca indefensión de las partes, es difícil contestar en debida forma», manifestó.

También expuso que la denuncia que dio origen a este procedimiento se presentó en el año 2013 «porque era cuando habían terminado los ejercicios contables 2010, 2011 y 2012. Por ese motivo, la Fiscalía puso los hechos en conocimiento de la Agencia Tributaria y el informe que hizo a este respecto concluyó que existían elementos suficientes para entender que había delitos contra la Hacienda Pública». Por este motivo, entendió la fiscal Ríos que los delitos investigados entraban dentro del objeto de la causa.

Tampoco atendió a la posible causa de nulidad derivada de la actuación del exjuez Salvador Alba: «El señor Alba hizo una serie de actuaciones movido por otro interés, alega la defensa, pero no lo detalla y creo que es eso lo que le lleva a pedir la nulidad. Tiene que concurrir un interés en el que el magistrado saque beneficio propio o de allegados y ni lo uno ni lo otro no se ha acreditado». La defensa, para la fiscal Ríos, «construye una red de decisiones que todas la perjudican como la declaración que prestó Ramírez y que es la que, precisamente, interrumpe la prescripción».

La Sala, presidida por el magistrado Miguel Ángel Parramón, acordó resolver esta serie de cuestiones previas en sentencia.

Previamente, la fiscal Evangelina Ríos interesó la recusación de la magistrada Mónica Herreras, que está en sustitución de Secundino Alemán, al entender que había participado en resoluciones anteriores adoptadas por la Audiencia Provincial en esta causa. En concreto, en un recurso de apelación referente a la responsabilidad penal de SIC en este procedimiento. Como las acusaciones retiraron los cargos ante la mercantil ya extinta, la representante del Ministerio Público cesó en su intención de recusación.

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