La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha finalizado las diligencias de investigación y ha remitido su denuncia a los juzgados al entender que existen indicios de comisión de un posible delito de usurpación de funciones públicas por parte de dos responsables de la organización no gubernamental Salvamento y Emergencias Sanitarias. Estas dos personas aparecen como investigadas por una presunta suplantación de la Policía Local en labores de regulación de tráfico de una caravana de vehículos que partió el 15 de diciembre pasado desde el centro comercial Las Arenas.
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La fiscal solicita al juzgado en el que recaiga el asunto que se tome declaración en calidad de investigados a los dos responsables de la ONG. También interesa la declaración como testigos de dos agentes de la Policía Local, tres voluntarios de la asociación, el organizador del evento y el gerente de Las Arenas.
Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre pasado. Ese día, en la plaza del centro comercial, se celebró un evento solidario del Club de Moteros, en el que participaban motos y coches Mini. La ONG fue requerida para prestar labores de colaboración sanitaria y de emergencia. Sin embargo, los dos investigados realizaron supuestamente labores de control de tráfico, lo que motivó la denuncia de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB).
«En el momento de incorporación a la circulación, estas personas, que conducían un Hammer y dos motocicletas con luces prioritarias, paralizaron y redirigieron el tráfico a la altura de la farmacia del centro comercial, cortando momentáneamente los carriles a la circulación normal de vehículos, a pesar de encontrarse el semáofro en verde», recoge el decreto de la fiscal.
El documento también hace referencia a que durante su paso por la circunvalación GC-3, a la altura de la GC-23, cuando iban en dirección a Aldeas Infantiles, uno de los investigados «indicó a un conductor que se incorporaba a la GC-3 que acelerara la marcha para facilitar la circulación de los vehículos a los que custodiaba».
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La fiscal recuerda que la regulación del tráfico es competencia exclusiva de la Policía Local.
El secretario general de la USPB, Víctor García, en nombre de la plataforma sindical que se ha formado con el resto de los sindicatos policiales (CC OO, UGT, CSIF y SPPLB), exigió que «se deje de utilizar la seguridad privada mas allá del papel de colaboradores o complemento al servicio que prestan la Policia Local y las fuerzas de seguridad».
Precisamente la utilización de recursos de seguridad privada en los grandes actos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha generado numerosas críticas por partes de la Policía Local. El Consistorio ha optado por esta solución tras el rechazo de los agentes a reforzar turnos y cubrir los llamamientos extraordinarios de la Jefatura como consecuencia del retraso en elpago de las horas extraordinarias, la falta de medios humanos y materiales, y los problemas de gestión del Cuerpo que han motivado la declaración de conflicto laboral.
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«La Policía Local no puede ser sustituidad ni reemplazada. Defendemos reforzar la seguridad publica y mejorar los medios técnicos y humanos para garantizar un servicio esencial y la seguridad ciudadana», expuso Víctor García.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informó de que tras la denuncia de USPB se realizó una investigación interna de los hechos en el seno de la Policía Local fruto de la cual se emitió un documento que fue trasladado a la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
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