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Una denuncia por ruido, presentada en abril de 2023 por la Asociación del Daño Cerebral Adquirido Gran Canaria (Adacea) y un grupo de vecinos contra las terrazas de tres restaurantes de la calle Cano y otro de la calle Arena, en la zona de Triana, ha hecho que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordara el viernes pasado el inicio de un procedimiento que decidirá si las dos calles conforman una de las primeras zonas saturadas de terrazas de Canarias.
La resolución, que fue emitida por la directora general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Gracia Pedrero, el pasado viernes, impone los límites de la hipotética zona de saturación: toda la calle Cano, desde San Bernardo a Malteses; y toda la calle Arena, entre Cano y Triana.
La declaración de zona saturada es uno de los instrumentos que se incluyen en la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en mayo del año 2019.
Esta norma fue impulsada para «racionalizar» la instalación de mesas y sillas en las calles de la ciudad, bajo la filosofía de que «la instalación de una terraza en dominio público no puede suponer una merma de los requisitos mínimos de accesibilidad de nuestras calles o la perturbación del derecho al descanso de los ciudadanos», como recoge el preámbulo de la ordenanza municipal.
En su artículo 45.1 se regula la declaración de zona saturada, «atendiendo a las condiciones acústicas y ambientales y su incidencia sobre el descanso de los vecinos».
Una vez emitidos los informes técnicos y policiales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá declarar la zona saturada, en la que «no se podrá autorizar la instalación de más elementos que supongan el aumento del aforo total resultante de la suma del de todas las terrazas existentes en el momento de la declaración».
Esto supone que, mientras no haya nuevas peticiones de apertura de establecimientos, las terrazas ya autorizadas no alterarán su realidad física, salvo que se detecte un incumplimiento de las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, si se produjese una apertura de un nuevo local de ocio o restauración en la zona y pidiera permiso de instalación de una terraza, se tendría que proceder a realizar una redistribución de los aforos y superficies. Esto significa que si un empresario que abre un negocio en estas calles quiere poner terraza, se tendrá que mantener el número de mesas y sillas que había en la vía pública, pero distribuyéndolas entre los diferentes negocios. De esta manera, los locales anteriores tendrían que ceder parte de sus terrazas al nuevo negocio.
La organización final de la calle dependerá de la distribución previa que determinen los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Las zonas saturadas han sido aplicadas ya en otras ciudades, como el caso de Madrid, donde se han delimitado un total de 37 áreas diferenciadas.
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En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, antes de la iniciativa de Triana, se había iniciado el expediente para la declaración de zona saturada en el entorno de la calle Joaquín Costa, en Guanarteme, donde finalmente se implantó una limitación horaria a las terrazas más restrictiva que en el resto de la ciudad. Aquí, como en la plaza de Lagunetas, también en Triana, el Ayuntamiento ordenó la retirada de las terrazas a las 22.00 horas, dos horas antes que las otras terrazas del término municipal capitalino.
Los empresarios de la calle Joaquín Costa recurrieron esta decisión y, en septiembre de este año, consiguieron que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 anulara la resolución municipal de limitación horaria.
Esta decisión ha movilizado, a su vez, a unos empresarios de Lagunetas para tratar de conseguir una resolución judicial similar y conseguir equiparar su horario de funcionamiento al de su entorno.
Estas limitaciones horarias no son de aplicación, sin embargo, en el caso de las calles Arena y Cano, que ahora se incluyen en la propuesta de creación de una zona saturada de terrazas.
La iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va en la línea, sin embargo, de lo que reclaman los denunciantes ya que en la denuncia presentada se argumenta que la existencia de las terrazas es incompatible con unas condiciones de vida dignas por su proximidad a las viviendas, puesto que no hay medidas correctoras posibles.
El antecedente de Joaquín Costa ha marcado la respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a las quejas vecinales por la existencia de terrazas. En ese punto de la ciudad, el Consistorio terminó por fijar un horario restrictivo de funcionamiento porque los juzgados condenaron la inacción administrativa ante las quejas y demandas de los residentes.
Desde entonces, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha esforzado por demostrar que se actúa y que, en aplicación de las ordenanzas municipales, se trata de proteger los derechos de los ciudadanos y hacerlos compatibles con la actividad empresarial y los requerimientos de ocio de la ciudadanía y de los visitantes.
En el caso de las cuatro terrazas denunciadas en las calles Cano y Arena, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa de que ha ido revisando las denuncias vecinales, fruto de lo cual se impusieron, en 2023, tres sanciones por exceso de ocupación de las terrazas. Los importes de las multas fueron de 601 euros, en un caso, y de 751 euros, en otros dos.
Este episodio de Triana es otro más en las difíciles relaciones entre el ocio y el descanso, que están en constante pugna en la ciudad desde la eliminación de los mogollones de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el parque blanco en 2002, pasando por la supresión de otras fiestas como el fin de año veraniego de Vegueta en 2018; los carnavales de día en el casco histórico desde el año 2021; el oktoberfest de Vegueta, en 2018; y otras que están bajo amenaza de condena, como la noche de Reyes de Triana o los carnavales de la zona Puerto.
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