Caso COAG: denuncian que captaban a menores para trabajar en la finca a cambio de arreglarles sus papeles

El denunciante del caso COAG, Juan Carlos García, presentó este lunes una ampliación de la denuncia contra Rafael Hernández y su entorno familiar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. En su escrito, sostiene que los investigados captaban a menores migrantes con la promesa de ayudarles a regularizar su situación en España, a cambio de trabajar en sus fincas agrícolas sin remuneración.

Esta nueva denuncia se suma a la querella interpuesta en marzo de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias tras recibir una denuncia inicial sobre la presunta explotación de menores en propiedades agrícolas vinculadas al ahora expresidente de la COAG. Según el testimonio del denunciante, menores migrantes acogidos en la Asociación Oportunidades de Vida -dirigida por Hernández- eran enviados a trabajar a sus fincas bajo la excusa oficial de estar recibiendo formación en agricultura. Sin embargo, según la acusación, estos menores habrían estado expuestos a condiciones laborales irregulares, trabajando durante periodos prolongados sin contratos ni garantías.

En su escrito dirigido al magistrado instructor, García aporta una nueva prueba que, a su juicio, confirmaría que la presunta explotación laboral de menores se prolongó durante meses. Se trata de una fotografía tomada el 16 de mayo de 2023, en la que se observa a seis menores trabajando en la finca de Hernández. Esta imagen habría sido enviada por un testigo, quien la recibió a través de WhatsApp.

El documento en el que se plasma esta nueva información fue firmado por cinco trabajadores de la Asociación Oportunidades de Vida y, según el denunciante, demostraría que la actividad laboral de los menores no estaba ligada a un curso de formación, como han argumentado en su defensa los investigados. «Sabemos perfectamente que no es cierto», sostiene García en su denuncia, añadiendo que algunos de los menores fueron enviados a trabajar en la finca durante varios meses consecutivos, acumulando entre 200 y 300 horas de actividad, lo que desmentiría supuestamente la existencia de un programa formativo estructurado.

Otro de los elementos que García ha puesto en conocimiento del juez es el temor a represalias que enfrentan los testigos de la causa. En su escrito, detalla que cuatro de los cinco testigos que han declarado en el procedimiento han sido denunciados en distintos procesos judiciales por los investigados.

Además, el denunciante asegura disponer de grabaciones en las que Rafael Hernández supuestamente habría presionado a sus propios trabajadores para que denunciaran a los testigos de la causa a cambio de ascensos y cargos de responsabilidad en sus negocios. Aunque hasta ahora no ha hecho públicas esas grabaciones, García ha expresado su disposición a entregarlas al juzgado si así se le requiere.

Asimismo, la denuncia hace referencia a una reciente declaración emitida en Televisión Canaria por un joven migrante, quien afirmó haber sido captado por la Asociación Oportunidades de Vida con la promesa de regularizar su documentación a cambio de trabajar en la finca de Hernández. Aunque posteriormente negó haber dado la entrevista en televisión, el denunciante asegura que varias personas han confirmado que sí se trata de él.

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