El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un hombre a la pena de un año de prisión y a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionados con animales durante dos años y un mes, por un delito continuado de maltrato animal, en unos hechos cometidos sobre su cocker en la azotea de la casa donde vivía.
La acusación particular, ejercida por la abogada Maite Bautista, de la asociación canaria de Abogados Pro Defensa de los Animales, Prota, pedía 18 meses de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionado con los animales y para la tenencia de animales durante tres años y el abono de las costas.
Según el fallo judicial, el condenado mantuvo a su perro, un cocker, en condiciones extremas de abandono en la azotea de su vivienda situada en Las Palmas de Gran Canaria. «Prescindiendo de proporcionarle, a sabiendas de que afectaría gravemente a su salud o moriría, comida y bebida en cantidad mínimamente adecuada así como asistencia veterinaria de todo tipo», señala la resolución. El animal fue encontrado rodeado de excrementos y con signos evidentes de desnutrición, deshidratación y diversas patologías derivadas del abandono.
El informe veterinario incorporado al proceso describe que el perro presentaba «estado caquéctico o famélico, siendo claramente visibles todos los salientes óseos (costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos)», además de infecciones cutáneas, una grave infestación por pulgas y un pelaje completamente descuidado. También se constató la ausencia de vacunación contra la rabia, lo que suponía un riesgo para la salud pública.
El animal fue rescatado el 24 de agosto de 2023 tras una inspección de la Policía Local de la capital grancanaria. Posteriormente, fue trasladado al Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria, donde recibió tratamiento veterinario y fue adoptado el 15 de septiembre de 2023.
La jueza ha considerado probado que el condenado «ha eludido las más elementales atenciones y cuidados para su mantenimiento en condiciones adecuadas para su salud», lo que generó una situación de maltrato continuado. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar al Cabildo de Gran Canaria por los gastos de tratamiento y asistencia veterinaria del animal, cantidad que se determinará en ejecución de sentencia.
La sentencia, dictada el 3 de febrero de 2025, también impone la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el pago de las costas procesales. Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de diez días.
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