Canódromo, el vértigo de una caída

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 15 de abril 2025 | Actualizado 16/04/2025 13:21h.

Las dos torres a medio construir en el solar del Canódromo, en el barrio de Schamann, se asoman con vértigo al futuro. Veintitrés años después de que la asociación de vecinos Ciudad Alta levantara la voz por encima de las dos torres de 14 plantas, con 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros en la confluencia de las calles calle Henry Dunant y Obispo Romo los dos esqueletos de hormigón están más cerca que nunca del suelo. Tras la anulación de la última licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a Realia, cada vez está más cerca la aspiración vecinal de que el solar recupere su estado original, algo que solo será posible mediante la demolición de los dos edificios.

La caída ya solo depende del recurso de casación que pueden presentar tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como la empresa Realia, pero dado los ritmos propios de este procedimiento, es posible que este mismo año o, todo lo más, a principios del próximo, ya esté resuelto el procedimiento judicial. Y solo quedará la acción política y cómo se ejecutará la sentencia.

«No lo van a poder evitar», asegura el abogado de la asociación de vecinos Ciudad Alta, Yeray Alvarado, en relación a la obligación de derribar las dos torres del Canódromo.

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En su opinión, «es improbable que el Tribunal Supremo abra una nueva puerta en el laberinto judicial de esta parcela», no solo porque las dos licencias de obras han decaído -la primera caducó y la segunda es la que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias-, sino también porque el planeamiento que las amparaba está anulado.

Así lo señala la última sentencia del TSJC, en la que la Sala confirma que la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incurría en los mismos vicios de nulidad que motivaron la anulación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 y del Plan Especial de 2003 por parte del Tribunal Supremo, en sentencia emitida en marzo del año 2014.

Hay que recordar que pese a que la primera licencia urbanística decayó, en 2020 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria volvió a conceder un nuevo permiso al entender que partía del Plan General de Ordenación de 2012, pese a que la ordenación de la parcela era la misma que la anulada en los documentos de planeamiento de 2000 y 2003. Ese permiso es que el fue anulado primero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y ahora por el TSJC.

Para el abogado de Avecalta, la salida que queda es la demolición, que debería realizar la empresa, pero ello vendría de la mano del pago de una indemnización cuya cuantía todavía se desconoce.

Para hacerse una idea de lo que puede representar, hay que atenerse al escrito que presentó Realia como contestación a la demanda vecinal por la denegación de declarar caduca la licencia de obra. En aquel momento, estamos en el año 2020, la mercantil calculaba que, solo hasta el año 2010, los gastos a compensar alcanzarían los 20,3 millones de euros. Esta cifra tendría que ser actualizada hasta el fin definitivo del procedimiento judicial y añadirle, además, los costes de la demolición de los edificios.

Yeray Alvarado lamenta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hubiera concedido una segunda licencia de obra porque entiende que, de no haberlo hecho, no hubiera generado derechos indemnizatorios en la constructora. «Esto nos va acostar un montón de dinero a todos», advirtió, «cuando se declaró caducada la licencia, era el momento para restablecer la legalidad, porque cuando te declaran la caducidad de la licencia, significa que voluntariamente has dejado de construir porque no has querido hacerlo, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dejó pasar esa oportunidad y volvió a dar otras licencias sobre lo mismo».

En su opinión, la indemnización a Realia es algo con lo que hay que contar porque es la «actuación ilegal» del Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria «la que le ha costado dinero a un particular que no tiene por qué soportar el mal funcionamiento de la administración».

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El hecho de que los tribunales hayan declarado que esta zona de Las Palmas de Gran Canaria tenga la edificabilidad agotada, despeja dudas sobre el futuro de la parcela. Si no se abre la vía del Tribunal Supremo, la restauración de la legalidad debe devolver al solar el uso dotacional, esto es, un equipamiento de tipo público, sin rastro ya de la fiebre inmobiliaria.