El bono social del agua reserva 280.000 euros al año para pagar la factura de familias vulnerables

El bono social del agua, que se incluye en el nuevo cuadro tarifario de Emalsa y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba hoy en pleno, tendrá una dotación cercana a los 280.000 euros anuales. Con ese dinero se espera bonificar las facturas de los abonados en situación de riesgo de exclusión social.

El artículo 7 de la nueva ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del ciclo integral del agua en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria determina que «la situación de exclusión social de tipo económico deberá acreditarse con el certificado de exclusión social emitido por el órgano competente», en este caso, los servicios sociales municipales.

Este informe tendrá que renovarse cada año. De no hacerlo, perderá su validez y, por tanto, el abonado en cuestión no podrá acogerse a la bonificación.

La norma determina que «en ningún caso, serán bonificables los consumos domésticos o no domésticos a partir del bloque 3 (B3) incluido». Esto significa que en las familias de cuatro miembros no se tendrían que producir consumos superiores a los 16 metros cúbicos bimestrales para acceder al nuevo bono social del agua; en las de seis, no se podría sobrepasar el límite de los 32,4 metros cúbicos bimensuales; y en las de ocho, por poner otro ejemplo, no se podría superar el límite de los 43,2 metros cúbicos. Por establecer una comparación, el consumo medio en Las Palmas de Gran Canaria ronda los 14,5 metros cúbicos cada dos meses.

La dotación de la nueva tafira está fijada en el 1% del importe recaudado por Emalsa de los usuarios domésticos en materia de abastecimiento. De acuerdo a las propias previsiones que se incluyen en el expediente que hoy será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los ingresos por el abastecimiento doméstico de los próximos años es el siguiente: 28,24 millones de euros en 2025; unos 28,03 millones de euros en 2026; otros 27,94 millones de euros en 2027; unos 27,97 millones de euros en 2028; y, por último, alrededor de 28,11 millones de euros en 2029.

Con estas cifras, el fondo previsto para el nuevo bono social del agua estará dotado con una cantidad que oscilará entre los 279.000 euros y los 281.000 euros, en función del año y la cuantía de los ingresos.

Lo que no está definido todavía es el modo en que los abonados que se puedan beneficiar de esta bonificación. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrán que definir el modo en que se podrá articular la ayuda.

La vertiente social del nuevo cuadro tarifario de Emalsa -que supondrá pagara entre 5 y 44 euros más al año entre 2026 y 2029- incluye también a las entidades sociales. En este caso, la ordenanza aclara que «para las fundaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, congregaciones o instituciones religiosas con fines benéficos y organismos públicos dedicados a acciones humanitarias se aplicará una bonificación sobre su factura del 60%, a la que se le aplicará la tarifa de centro oficial».

Se refiere al precio que pagan los organismos oficiales por el consumo de agua. En estos momentos hay 1.407 abonados con esta categoría, entre instituciones y ONG. El precio estándar será de 2,5 euros por metro cúbico (hasta 1.000 metros cúbicos) y de 3 euros por metro cúbico (si es más de 1.000). En la actualidad es de 2,46 euros por metro cúbico. Pero las ONG pagarían un 60% menos.

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