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La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, emitió el viernes pasado una resolución por la que se encomienda a la Asesoría Jurídica que pida autorización al juzgado para el precinto y toma de posesión del inmueble. El Ayuntamiento lleva desde 2018 tratando de recuperar ese espacio, que es público, y cuya concesión para el uso como terraza está agotada desde 2019.
El 5 de noviembre pasado, la Policía Local se presentó en la terraza para proceder al desalojo forzoso de la actividad, pero no pudo hacerlo, tal y como informó CANARIAS7, pese a que cuenta con una sentencia judicial en firme a favor y que ya está agotada la vía administrativa.
«Se personó la Policía Local para tomar posesión del inmueble, pero la empresa concesionaria alegó que se encuentra en esa instalación su domicilio social, y en ese caso se requiere autorización judicial», explicó el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, «por lo tanto no podemos recuperarlo hasta que haya un pronunciamiento judicial al respecto».
La última resolución de la alcaldesa Darias trata de dar mayor seguridad a la entrada del Ayuntamiento en el local que explotaba la TAO, según confirmaron fuentes del Consistorio capitalino.
Así, la resolución de la alcaldesa ordena «la intervención del Ayuntamiento como parte solicitante ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad que por turno corresponda, contra la entidad Santropé Servicios y Eventos, todo ello motivado por la extinción de la concesión administrativa sobre el inmueble de propiedad municipal denominado Terraza TAO, sita en los jardines Alonso Quesada».
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La puesta en marcha de la actual terraza al aire libre frente a la Supercomisaría se inició en septiembre de 2011. Ocho años después, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decretó la finalización de la actividad «por caducidad por vencimiento del plazo» de la concesión.
Esta orden municipal fue recurrida entonces por los concesionarios, una vez que se hubo agotado la vía administrativa. Esto provocó una suspensión cautelar del decreto de caducidad de la concesión emitida por parte del Juzgado de los Contencioso-Adminstrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ya en 2019.
Tras el recurso municipal, en 2022 llega la sentencia sobre el fondo del asunto. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es favorable a los intereses del Ayuntamiento, pero la entrega del suelo no se materializa por un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal no ve motivo de casación por lo que, desde 2023, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene vía libre para la recuperación de ese espacio, que probablemente se utilizará para ampliar los jardines del Poeta Alonso Quesada.
Por eso, en abril de 2024, una vez que la resolución judicial ha devenido firme, el Consistorio vuelve a requerir el cese de la actividad, pero las concesionarias recurren por vía administrativa, lo que reinicia un procedimiento que culmina en la confirmación de la orden de desalojo.
Las mercantiles presentan entonces un escrito de alegaciones en contra de la decisión municipal que fueron rechazadas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que acabó por acordar la ejecución forzosa de la orden de desalojo y, con carácter subsidiario e inmediato, la con un precinto la terraza y tomar posesión de ella.
Esto provocó el destacamento de la Policía Local este mismo mes en la terraza, si bien el desalojo no fue llevado a efecto por el argumento de que la terraza era el domicilio social de la empresa. Por eso, se ha pedido ahora el auxilio judicial para entrar en el inmueble. «Esta sería ya la última fase porque se lleva, en el Ayuntamiento, muchos años intentando recuperarlo, pero sí que creo que, en este momento, estamos ya en los estertores de la recuperación», aseguró ayer Francisco Hernández Spínola.
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