El liquidador de SIC cree que la gestión de Héctor de Armas estaba «intervenida» por Ramírez

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de julio 2023, 15:54 | Actualizado 20:04h.

El administrador concursal de Seguridad Integral Canaria (SIC), Juan Carlos Santos, declaró en la tercera jornada del juicio que tenía «indicios, que no evidencias» más que suficientes para llegar a la conclusión de que el acusado Miguel Ángel Ramírez controlaba la empresa después de haber dejado de ser su administrador único en favor de Héctor de Armas, como así sostienen las acusaciones. El auditor llegó a decir que éste último «estaba intervenido por Ramírez».

Este testigo es el economista y auditor de cuentas que ejerce de administrador concursal de Seguridad Integral Canaria desde enero de 2018, una empresa que está en fase de liquidación.

Santos dijo que hubo situaciones, a su juicio, anómalas como el hecho de que SIC vendiera las acciones que poseía de la UD Las Palmas a Ramírez a un coste menor. «El pago de las acciones no dotó de liquidez a la compañía. 240.000 euros no es lógico y en el ejercicio siguiente hubo un encargo de venta de acciones de 140 millones de euros», explicó.

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También detalló que Ramírez usaba la cuenta bancaria destinada a socios y administradores de SIC para hacer compras y reintegros de efectivo que sumaron los siete millones de euros desde 2015 a 2017, a pesar de que el empresario había dejado de ser su administrador de hecho en agosto de 2011. «Una persona que no administra no hace esos movimientos», manifestó Juan Carlos Santos, que también detalló que esas cuantías habían sido liquidadas: «La cuenta ya está a cero», según consta en el informe de la administración concursal.

Puso varios ejemplos del uso que hacía el acusado del capital de SIC, como compras que efectuó en la joyería Saphir. Contó, a preguntas del abogado del Estado Alejandro Royo-Villanova, que los días 5 de enero de 2015, 2016 y 2017 adquirió joyas por importes de 98.000, 53.000 y 103.000 euros, respectivamente. «Es otro de los síntomas», declaró el auditor, que le hicieron llegar a la conclusión de que el acusado seguía mandando en SIC. Estos importes los liquidó a la joyería posteriormente con especies, es decir, a cambio de servicios de seguridad.

Narró que cuando SICse sometió a concurso de manera voluntaria en diciembre del año 2017, vio «movimientos preparados» con sus abogados y, por su experiencia como «economista y auditor durante más de 40 años», los mismos se «los reserva el socio mayoritario, no el administrador único. Al contrario, lo que pasó no lo había visto nunca», declaró. «Una empresa que en 2016 facturaba 96 millones de euros no deja al buen saber del administrador las decisiones», insistió.

«En las cuentas anuales consta solo la verificación del administrador único y no hay acta firmada del accionista mayoritario [por Ramírez]. Si un accionista no firma ese acta y ve que las cuentas no las ha aprobado, lo denuncia, cosa que no ocurrió en SIC. No puede negar nadie que [las cuentas] no están consentidas por el administrador de hecho que ha aprobado esa mala gestión», apuntó.

A preguntas del letrado de la defensa José Antonio Choclán, el auditor detalló que la deuda que tenía SIC justo antes de que entrase en concurso de acreedores ascendía a unos 16 millones de euros con la Seguridad Social y a siete con la Agencia Tributaria. Esa cuantía la recoge en un informe provisional, pero podría ampliarse a 38 millones solo con la Seguridad Social, según adelantó. Una cifra que, anunció, vendrá recogida en el documento definitivo.

Juan Carlos Santos explicó que el concurso de acreedores de SIC sigue aún pendiente de calificación y será en próximas fechas cuando determinará si es fortuito, culpable o fraudulento.

En la sesión de este jueves también han declarado antiguos empleados de Seguridad Integral entre los años 2009 y 2017, en los que se cometieron los supuestos fraudes a Hacienda y la Seguridad Social, que han insistido en que cobraban las horas extras como dietas y que recibían dos ingresos de la empresa.

Han explicado que primero les llegaba la nómina y después un segundo pago en los que figuraban como concepto «gratificaciones» o «compensación», que no se reflejaba en el certificado de retenciones de la renta, según ha indicado uno de los testigos, o bien no se especificaba.

Los exvigilantes, la mayoría, ha indicado que presentaron demandas para que se les abonara las cantidades que les había dejado de pagar.

Así mismo, uno de estos testigos ha señalado que su contrato era de media jornada porque compaginaba el trabajo con sus estudios en la universidad, percibía 500 euros de salario y el doble por dietas que se correspondía a las horas extraordinarias, por las que cobraba 6 euros la hora, según ha recordado, si bien a partir de 2010 las horas extras se las incluyeron en la nómina.

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El juicio continuará el próximo martes con la declaración de nuevos testigos de la causa.