Gobierno y Cabildo advierten que la norma de los usos mixtos en zonas turísticas contraviene la ley y el PIO

El Gobierno canario y el Cabildo coincidieron este jueves en advertir en unas jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas que la normativa que promueve San Bartolomé de Tirajana para frenar las sanciones a los afectados por la Ley Turística contraviene la legislación y el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria.

La ordenanza provisional que ya tramita el ayuntamiento sureño introduce la opción de la compatibilidad del uso residencial en zonas turísticas, tanto para la residencia permanente como para la segunda residencia, pero tanto desde el Gobierno como desde el Cabildo subrayan que esta fórmula de los usos mixtos choca de frente con la especialización a la que insta la normativa.

Entre los más contundentes estuvo el director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, que acudió a la inauguración de las jornadas 'Áreas turísticas y áreas residenciales' y luego participó también en una mesa redonda. De entrada, en declaraciones a este periódico, aclaró que la opción escogida por San Bartolomé no se corresponde con la iniciativa que el Gobierno les pidió tomar de cara a paliar los efectos de las sanciones que estaban llegando a las personas que residen en complejos turísticos o que los alquilan por su cuenta, al margen de quien explota el recinto.

«Lo que les dijimos es que si asumían la iniciativa de especializar usos, y en su caso, permitir que lo que es inicialmente turístico, pero ya no tiene viabilidad de futuro, sea residencializado, tendrán dos años para aprobar el correspondiente instrumento que lo haga posible». De ser así, añadió, durante dos años se suspendería la tramitación de las sanciones en marcha y no se incoarían nuevas denuncias de unos propietarios contra otros.

¿Con qué fin? «Lo dice textualmente el anteproyecto de ley: si finalmente se especializa el uso no se sancionará, es decir, se archivará; pero esta excepción es solo para esos supuestos en lo que es inviable mantener el uso turístico, porque seguimos pensando que es el que da más y mejor empleo, más y mejor fiscalidad y más garantía de futuro para la gente».

Así las cosas, dejó claro que la ordenanza que promueve San Bartolomé, que opta por los usos mixtos, no servirá para frenar las sanciones. «Veremos qué recorrido tiene, pero lo que han transmitido no coincide con lo que nosotros planteamos». Insistió en que desde la ley 2/2013 el principio de especialización de uso quedó consagrado. «Es una norma con rango de ley, y una ordenanza no puede ir en contra de lo que dice una ley», subrayó.

Frente a las tesis municipales, que sostienen que Turismo regional no tiene ni voz ni voto en la tramitación de la ordenanza, Rodríguez recuerda que la Ley del Suelo, de 2017, introdujo «el informe único del Gobierno canario, es decir, la fórmula que garantiza que aunque la consulta, en efecto, la reciba Política Territorial, se tendrá en cuenta la posición de otras consejerías». Ese informe será preceptivo y no vinculante, pero el director general recuerda que el Gobierno podrá «ponerse serio y hacer una advertencia de legalidad».

Sea como sea, se mostró confiado. «No tengo dudas de que el Estado de Derecho y el interés general triunfarán, porque el principio de especialización es un pilar del modelo turístico canario, y quien lo quiera cambiar tiene que hacerlo a través de una reforma legal en el Parlamento de Canarias», afirmó también en un comunicado remitido por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que colaboró con este curso.

Pedro Pablo Monzón, arquitecto y director técnico de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, que participó con una ponencia en las jornadas, compartió el argumento de fondo de Rodríguez y fue tajante a la hora de subrayar que la ordenanza de San Bartolomé «contraviene el PIO y la ley». Es más, en declaraciones a este periódico aludió al decreto 85/2015 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, en el que hay un artículo en el que «dice claramente que queda taxativamente prohibida la mezcla del uso residencial y turístico en una sola parcela». No entiende la postura de San Bartolomé, al que, además, recuerda que «no ha hecho los deberes de especialización de usos al que obliga el PIO ya desde 1995», recalcó Monzón.

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