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El Ayuntamiento de Arucas ha comunicado en repetidas ocasiones a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, hasta ahora sin éxito, que las viviendas de la urbanización Montespino en estado de ruina funcional que expropió pero no derribó durante las obras de construcción de la cuarta fase de la circunvalación a la capital (GC-3) están okupadas por un grupo de jóvenes migrantes, «siendo responsabilidad de la misma actuar en consecuencia para evitar cualquier tipo de riesgo».
Así se lo ha trasladado el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, al consejero regional de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, al menos desde diciembre pasado en varios escritos en los que le solicita una reunión para abordar una solución para el riesgo que supone hacer vida en un inmueble insalubre que carece de agua, luz y acceso peatonal y que es titularidad del Gobierno de Canarias.
El primer edil recuerda al máximo responsable de Vivienda del Ejecutivo regional que la edificación de la calle Diego Almagro número 43 de Lomo Espino «fue objeto de expropiación por parte del Gobierno de Canarias», al resultar afectada por el trazado de la prolongación de la GC-3 entre Tamaraceite y Arucas.
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Al respecto, recuerda que quedaron en pie cuatro unidades de vivienda dúplex, «las cuales se encuentran en ruina funcional al no disponer de acceso peatonal y los servicios necesarios para su habitabilidad, como son aljibe, fontanería, electricidad y saneamiento».
Además, la situación se ha agravado, expone Facundo en varias comunicaciones, «ya que están realizándose obras e introduciéndose enseres, además de provocar situaciones de inseguridad comunicadas por las personas que residen en el entorno».
Tras informar a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional de la okupación de las viviendas en estado de ruina que expropió y no derribó en Lomo Espino y de que sus okupas han hecho obras y metido enseres, el alcalde de Arucas «considera urgente» desde el pasado enero «la adopción de medidas para poner fin a la cuestión expuesta».
El primer edil, que pidió a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias la intervención de la Policía Canaria a finales del pasado enero, remitió luego al consejero regional de Vivienda el informe que al respecto, tras una visita al inmueble okupado, elaboró la Unidad de Seguridad y Atención Ciudadana de la Policía Canaria y que le envío el Instituto Canario de la Vivienda.
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