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La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, confirmó este jueves que la Fiscalía Europea ha reclamado más documentos al departamento sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.
«La Fiscalía Europea designó a un equipo de guardias civiles que estuvo esta semana en la Consejería recabando información sobre algunos expedientes y documentos en los que pudieron estar implicados las personas que pudieron formar parte de eso en los años 2020 y 2021», indicó Monzón, que evitó en todo momento referirse de forma directa a la presunta malversación de fondos públicos en la compra de mascarillas.
Según informó El Español, agentes de la Guardia Civil a las órdenes de la Fiscalía Europea se personaron este martes en las dependencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para requisar nueva documentación sobre los contratos sanitarios realizados por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Los agentes entraron en las oficinas del SCS e intervinieron los ordenadores, diversas cajas de documentación, las agendas, pendrives y otro tipo de material informático y de oficina de 15 funcionarios.
La actual responsable de Sanidad recordó que el sumario es secreto por lo que debe mantener la cautela al hablar de cualquier aspecto relacionado con los casos Koldo y Mascarillas que está instruyendo la Fiscalía Europea. «Simplemente, nosotros, como Consejería, somos facilitadores de toda la información que se nos haya pedido y lo hemos facilitado todo», señaló Monzón, quien añadió que los agentes de la Guardia Civil solicitaron hacer una revisión ocular de los almacenes para ver si había allí material de esta época.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió durante una visita a la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de La Candelaria en que el Gobierno se dedica a «colaborar» con la justicia y se ha dedicado a «facilitar» la labor de los agentes que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos para que la justicia «pueda trabajar con absoluta tranquilidad y colaboración». «Es lo que nos corresponde», ha agregado.
La Fiscalía Europea, que se ha hecho cargo de las investigaciones porque mucho material fue costeado con fondos europeos, sospecha de irregularidades por valor de casi 32 millones, entre ellas, el llamado primer caso Mascarillas por el que se abonaron por adelantado, en dos pagos de dos millones cada uno, la compra de un millón de mascarillas a una empresa no sanitaria y que nunca llegaron a recibirse.
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