La Audiencia de Cuentas avala dos años después el informe que alertó de irregularidades en la compra de mascarillas

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de noviembre 2024 | Actualizado 12/11/2024 12:03h.

Comenta

Dos años después y tras un cambio de Gobierno en Canarias, que modificó la composición de la Audiencia de Cuentas, ha salido adelante el Informe de fiscalización de los efectos de la Covid 19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias, que apreció indicios de responsabilidad contable de la Consejería de Sanidad en el contrato de cuatro millones que suscribió la empresa RR7 United por un cargamento de mascarillas que nunca llegó a las centros sanitarios. El órgano fiscalizador, además, detectó que el Servicio Canario de Salud (SCS) dio luz verde a 41,76 millones de gastos para material contra la covid sin autorización del Consejo de Gobierno, como dispone la Ley de Presupuestos para la comunidad autónoma de Canarias y entre estos contratos figuró el suscrito con Soluciones de Gestión SL, del exasesor del ministro Ábalos, Koldo García.

Este informe -publicado en exclusiva por CANARIAS7 en mayo de 2022- fue desechado entonces por el anterior pleno de la Audiencia de Cuentas con los votos en contra de los miembros propuestos por el 'Pacto de las Flores', es decir, PSOE y Nueva Canarias. Ahora, dos años después y tras una propuesta del Consejo de Gobierno actual, el documento ha salido adelante con los votos de CC y PP: el presidente Pedro Pacheco, Verónica Domínguez y José Tomás Estalella. Los consejeros del PSOE, Luis Ibarra y Almudena Estévez, votaro en contra pero ahora, en 2024, no tienen la mayoría suficiente para tumbarlo como hizo el PSOE en 2022.

De esta forma, el informe será remitido ahora al Parlamento de Canarias.

El informe ahora aprobado constató que la Dirección General de Recursos Económicos (DGRE) del Servicio Canario de Salud «autorizó gastos», superando «los umbrales establecidos» en la norma de obligado cumplimiento que fijaba el límite máximo en dos millones de euros, sin que constara «que para la realización de los mismos haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias». El monto total de estos contratos adjudicados mediante el procedimiento de emergencia analizados por la Audiencia de Cuentas sumó la cifra de 41,8 millones de euros, entre los cuales se encontraban los cuatro transferidos a la sociedad limitada RR7 United que investiga la Fiscalía Europea en el marco del caso Mascarillas.

Noticia relacionada

Caso Koldo: «Ángel, perdona que te moleste»: el kilómetro cero del negocio de Eurofins

El documento de este órgano de control externo destaca que, en ninguno de los expedientes verificados, la Consejería de Sanidad verificó que se hubiese «solicitado a las empresas con las que ha contratado la adquisición de productos sanitarios la documentación acreditativa mínima necesaria para contratar con las administraciones públicas», al menos a aquellas con las que «llegó a contratar en reiteradas ocasiones -y con las que anteriormente no se había tenido relación alguna- y cuyo importe de adjudicación era superior a un millón de euros».

Insiste el documento en que el hecho de que no solicitasen a los licitadores «la acreditación de su capacidad de obrar», motivó que el SCS formalizase contratos con empresas cuyo objeto social era «la venta y reparación de automóviles, construcción y montaje de buques, actividades agrícolas y ganaderas, adquisición y almacenamiento de suministros industriales, etcétera, cuya relación con los productos a adquirir era inexistente».

De tal forma, las verificaciones realizadas por la Audiencia le permitieron constatar que la contratación de RR7 United SL para la compra de un millón de mascarillas se realizó por la DGRE «a propuesta de uno de los miembros del Comité de gestión de emergencias sanitaria de Canarias vía mensaje de móvil», en referencia a Conrado Domínguez. Según el informe, esta persona envió a la dirección del SCS «la oferta y la tarjeta de identificación fiscal de la empresa» RR7 United SL que se dedicaba a la compra y venta de vehículos y tenía un capital social de solo 3.000 euros.

Este sistema de envío de mensajes de wasap para contactar con supuestos proveedores, y según consta en un informe fechado el 28 de junio de 2021 por la DGRE, era «uno de los empleados para iniciar este tipo de procedimientos», junto a las consultas realizadas a los proveedores habituales del SCS y las propuestas de las gerencias a través de la Central de Compras Covid-19 creada a tal fin por el Ejecutivo canario.

En lo que respecta al caso Koldo, Audiencia de Cuentas de Canarias en este informe también había alertado de la falta de solvencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada al exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y que fue detenido en una operación por el cobro de 'mordidas' por la venta de material sanitario.

Este órgano fiscalizador se centró en dos contratos suscritos con dicha empresa, por un importe total de 9,7 millones de euros. En concreto, se trata de un contrato firmado el 4 de mayo para la adquisición de dos millones de mascarillas protectoras KN95, valorado en cinco millones de euros, y otro contrato del 22 de abril, por 4,7 millones, para la compra de un lote de mascarillas protectoras FFP2.

La Audiencia reprochó en su momento al Ejecutivo haber autorizado los pagos pese a que se superaban los umbrales económicos previstos en la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia. Además, destacó que la empresa contratada no tenía un objeto social relacionado con el material sanitario.

Aunque la Audiencia reconoció las «difíciles circunstancias de trabajo» que soportó el personal del Servicio Canario de Salud (SCS) para gestionar las contrataciones durante la pandemia, cuestionó la formalización de contratos con empresas cuyo objeto social estaba alejado de la venta de material sanitario, actividades que resultaban «incompatibles» con el pedido requerido.

También figuran en este informe los contratos que aparecen en el caso Damco, que investiga los acuerdos de compra adjudicados a dos empresas propiedad del empresario Noel Jammal Fernández. En este procedimiento, la fiscal Evangelina Ríos advirtió que los comisionistas Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y Christian Cerpa recibieron 9,4 millones de euros como gratificación de unas gestiones que, presuntamente, en principio se iban a limitar a poner en contacto al proveedor con los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS) y la posterior gestión de la mercancía. Pero, advierte el Ministerio Fiscal, finalmente no se pudo acreditar que hubieran ejecutado esas tareas.

En ese contrato inicial de abril de 2020 entre Damco y Tabaiba, se reflejaba que el montante a percibir por la intermediación, supuestamente, no salía directamente de la ganancia de Noel Jammal Fernández, sino que «sería del 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para cada uno de los lotes de los productos».

Unos compradores en plural que nunca lo fueron ya que Damco y Tajona solo realizaron operaciones con el Servicio Canario de Salud bajo el paraguas del resto de investigados.

De esta forma, la Fiscalía alegó en la querella interpuesta no entender el porqué del pago de las comisiones a «tres personas físicas cuyo verdadero papel en la adjudicación de los contratos públicos con el SCS no consta documentado», además de que le constaba al Ministerio Público que Jammal Fernández trataba directamente con los gestores de la Sanidad canaria.

Esta cantidad de dinero que ingresaron los comisionistas fue tan elevada debido a los altos precios que pagó el SCS a Damco y Tanoja Services por el material sanitario adquirido. El mismo, según el informe aprobado ahora por la Audiencia de Cuentas, sí que llegó en tiempo y forma a las islas, no como el caso de RR7 United en el caso Mascarillas.

Síguenos en el canal de Whatsapp de CANARIAS7

Además, estos distribuidores ofrecieron un producto de la calidad concertada y sí cumplían la premisa de correspondencia entre el objeto social declarado y el objeto del contrato suscrito, además de que estaban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece).