Condena de 3,5 años de cárcel por estafar en la venta de un piso en Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 3,5 años de cárcel y pago de 9.400 euros a la que ha sido condenada la autora de un delito de estafa, que realizó gestiones de espaldas a la inmobiliaria para la que trabajaba e intentó vender en El Rosario (Tenerife) un piso que no podía ser hipotecado.

La vivienda era de protección oficial y estaba en una unidad de actuación sin desarrollar, por lo que eran necesarios varios trámites a fin de que venderla, sin que lo supiera la compradora.

La condenada actuaba como colaboradora de la inmobiliaria, cuando a principios de 2019 la denunciante vio un anuncio en el que se ofertaba un piso que le gustó para vivir junto con su hijo, por lo que contactó con la empresa y atendió la ahora condenada, llegando a ver la vivienda, pero desistió.

Días después la víctima se interesó por adquirir otro situado en El Rosario que no estaba en la cartera de la empresa con la que colaboraba la ahora condenada, por lo que la encausada rompió su acuerdo de exclusividad y se ofreció a gestionarlo porque, según dijo, podía actuar en nombre de la otra compañía.

Se reunieron en una cafetería de La Laguna en agosto de 2021 y allí la encausada convenció a la compradora de adquirir la vivienda, y se firmó un contrato que había redactado la vendedora, por el que pagaría 86.000 euros, 900 como adelanto y 600 como señal en la cuenta de su hija.

La encausada solicitó otros 500 euros con la falsa excusa de que era necesario llevar a cabo una tasación, dinero que esta vez fue a parar a la cuenta de la acusada pero,como la operación de compra no acababa de cerrarse, la estafada y su hijo se dirigieron a la inmobiliaria que realmente gestionaba la venta.

Esta sociedad acordó devolverle los 900 euros transferidos pero cuando la procesada se enteró exigió que se los mandara a ella porque, según decía, correspondían a gestiones que había realizado, por lo que de nuevo se envió ese dinero ahora a una cuenta de la hija de la condenada.

Luego exigió al hermano de ésta que le pagara otros 4.000 euros, tal y como hizo a la cuenta de una amiga de la encausada, quien los extrajo sin que jamás los devolviera.

En su defensa la acusada declaró desconocer que la vivienda estuviera afectada y no pudiera ser hipotecada, pese a que un tasador declaró en el juicio que se lo había dicho, a lo que ésta respondió asegurando que se lo diría a la clienta y que el dinero cobrado iba a ser repartido entre los demás agentes involucrados.

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