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Efe
Santa Cruz de Tenerife
Martes, 21 de enero 2025, 10:10
Un hombre ha sido condenado en Tenerife a estar cinco años en un centro psiquiátrico cerrado de la Península, dado que no los hay en Canarias, y a continuación deberá ingresar durante el mismo periodo de tiempo en prisión, tras ser condenado por un intento de asesinato durante un brote psicótico.
La sentencia la ha emitido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, después de que durante el pasado lunes la acusación particular y la Fiscalía cambiasen la calificación de los hechos que, en principio, eran de intento de homicidio al constatar que el ataque sufrido por la víctima le ha dejado secuelas de por vida.
El Ministerio Público solicitaba el pago de 22.000 euros en concepto de indemnización por los días que tardó en curarse y las consecuencias que padece, pero el acusado se declaró insolvente.
A la víctima se le ha reconocido una incapacidad absoluta, de manera que no podrá volver a trabajar y cobra una pensión de 600 euros.
El Ministerio Público solicitaba ocho años de cárcel al acusado, que estaba en prisión provisional tras sorprender y acuchillar a la víctima cuando subía a la moto y asestarle múltiples cuchilladas, en un ataque que continuó para volver a clavarle el arma cuando el denunciante cayó al suelo, hiriéndole en la mano derecha y espalda.
A continuación el procesado cogió su coche y lo dirigió con la marcha atrás contra el hombre con el fin de acabar con su vida, lo que éste evitó.
Otras consecuencias del ataque son que presenta complicación del lenguaje, lo que se denomina afasia motora, que ha requerido un tratamiento con logopeda, y también pérdidas de memoria.
El acusado se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y admitió que había apuñalado al perjudicado porque había sufrido un brote psicótico, dado que presenta antecedentes de ideas persecutorias, especialmente cuando consume drogas, y también padece alucinaciones auditivas.
A las adicciones se une que en los días previos no cumplió con el tratamiento psicofarmacológico, lo que, según admite la Fiscalía, puede «haber afectado o alterado su juicio de la realidad».
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