Yanes defiende el informe sobre las residencias y pide «más medios humanos» para inspeccionarlas

La Consejería de Derechos Sociales tardaría 4,5 años en inspeccionar todas las residencias de Canarias con la plantilla con la que cuenta en estos momentos, por eso reclama a los grupos políticos su implicación para dotarla de más plantilla a través de los presupuestos de 2022. Así lo estimó ayer el Diputado del Común, Rafael Yanes, quien defendió en el Parlamento el informe extraordinario sobre las residencias del archipiélago en el que detectó en algunas graves deficiencias como ratas, cucarachas y chinches. «Los datos no son actuales, pero el debate es de total y absoluta actualidad», reconoció Yanes. El informe se realizó en base a visitas a 25 centros de los 232 que existen en el año 2019 y se entregó a la Cámara en noviembre de 2020.

«Los medios son un termómetro de las preocupaciones ciudadanas. Y este es un asunto que preocupa muchísimo en nuestra comunidad autónoma. Por eso el primer valor es dar luz a un problema que preocupa y que quizás no estaba en el debate político», añadió el responsable de la Diputación del Común.

Yanes reiteró que «la mayoría de los 232 centros residenciales cumplen perfectamente su función y los 7.769 trabajadores cumplen perfectamente su trabajo con vocación y dedicación. Es una minoría la que incumple. Ahí está el valor del informe. Efectivamente, existe esa minoría y es inaceptable, aunque sea solo un centro». Por eso, dijo, «tenemos la obligación de evitarlo en el futuro».

Yanes denunció que hay centros que no han tenido una inspección «en los últimos tres otros», otros en cinco, otros en diez y algunos nunca. De hecho, añadió, la propia Viceconsejería de Derechos Sociales ha explicado que en lo que va de 2021 se han realizado 33 inspecciones. «33 en ocho meses, para visitar las 232 residencias hacen falta 4,5 años. Con la actual cantidad de inspectores cada residencia tendría una inspección cada cuatro años y medio. Creo que es manifiestamente mejorable la inspección», abundó. Por eso reclamó más medios para Derechos Sociales. «La Consejería para su función necesita más medios humanos. No se le puede exigir más responsabilidad si no se le dan más medios para. Tenemos un problema, que es que no tenemos suficientes inspectores en Derechos Sociales. Hacen falta más. Los dice la adicional quinta de la Ley de Servicios Sociales. Lo piden las residencias, las que cumplen, que no quieren verse salpicadas por los incumplimientos de una minoría. Lo piden los familiares, los trabajadores que nos envían denuncias con deficiencias que serán encausadas. Lo pide la defensora general del paciente, la Fiscalía... Sería bueno que hoy también lo pidiera el Parlamento».

Derechos Sociales contaba solo con dos personas encargadas de las inspecciones. En la actualidad son cinco y espera llegar a contar con once. Ese número, sin embargo, sigue siendo insuficiente en opinión del Diputado del Común que citó las cifras de otras comunidades. Castilla-La Mancha o Andalucía cuentan con un inspector por cada 16 centros, Valencia con uno por cada diez, La Rioja con uno por cada cinco y Baleares con uno por cada cuatro. Canarias con cinco tiene uno por cada 46 centros -si llega a once tendrá uno por cada 21 residencias-. «Hay que darle más medios a la Consejería de Derechos Sociales para que pueda exigirse un mayor cumplimiento», insistió. Y no solo para los centros socionanitarios, el Diputado del Común avanzó que están preparando otro informe sobre dependencia y se evidencia la misma falta de personal.

Disculpas por la tardanza y promesas de cambio

Si en algo coincidieron ayer los grupos políticos del Parlamento canario en la Comisión de derechos Sociales fue en reconocer que habían tardado mucho ­diez meses­ en ver el informe extraordinario de la Diputación del Común sobre las residencias. Por eso sus portavoces se disculparon ante Rafael Yanes, al que agradecieron la labor de la institución. Menos coincidencia hubo en el contenido del mismo. Vidina Espino, del Grupo Mixto, señaló que el informe «describe situaciones terribles» y pidió saber si la situación continuaba así. Además, aseguró que iba a exigir «un plan de inspección de todas y cada una de las residencias de Canarias».

El Grupo Socialista, Nueva Canarias y Sí Podemos quisieron dejar claro que las deficiencias descritas por la Diputación del Común eran puntuales en algunos centros, pero destacaron la labor que se realiza en la «inmensa mayoría» de los centros así como que Canarias fue la comunidad con menos casos en las residencias y con menos fallecidos en los centros por covid-19. María del Río (Sí Podemos) afirmó que su grupo está al frente de la Consejería de derechos Sociales y que solo lleva dos años «frente a 27» que estuvo CC, por lo que pidió «colaboración» para solventar una situación que «viene mal desde tan lejos». Luis Campos, de NC. resaltó que «el elemento nuclear es la inspección. Si hubiera un sistema adecuado lo que detectó la Diputación no tenía por qué haberse producido», y Teresa Cruz (PSOE) explicó que había «cinco palabra mágicas: registro único, autorización, acreditación para aquellas con las que se concierta, inspección y sanciones. Y recordó que el plan de inspecciones se tenía que haber realizado desde hace años y no se ha hecho hasta 2020 que fue, de contingencia».

Cristina Valido rechazó la responsabilidad de CC en las residencias y pidió los nombres de aquellas en las que había chinches y ratas porque algunas de las visitadas son responsabilidad de cabildos en los que nunca gobernó CC. Y Poli Suárez (PP) resalto aunque «hay un número insuficientes de inspectores , eso no es justificación».