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L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria.
Viernes, 31 de diciembre 2021, 01:00
Ni esta noche, ni mañana ni el 5 de enero habrá toque de queda en el archipiélago, como pretendía el Gobierno autónomo que solicitó el aval judicial para que en La Palma, La Gomera, Lanzarote y El Hierro, islas en el nivel 2 de alerta sanitaria, se limitara la movilidad entre las 02.00 y las 06.00 horas, y en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura entre las 01.00 y las 06.00 durante esas tres noches. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó la medida al considerar que no era «ponderada» con lo fines que se pretendían. Esto es, mientras que el Ejecutivo esperaba con ello evitar los botellones entre jóvenes en esas noches festivas la restricción de movimientos afecta a toda la población en general, incluidos quienes sí cumplen las reglas, señala el tribunal.
El TSJC, que contó también con el informe desfavorable de la Fiscalía, explica que analizó la pretensión del Gobierno en cuanto si implantar el toque de queda era una medida «idónea» a los efectos pretendidos (evitar contagios)», si era «necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia» » y si era «ponderada y equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que prejuicios sobre otros bienes y valores en conflicto».
Nivel 2 Cierre de la hostelería las 02.00. Aforo exterior al 75% y en interior al 50%.
Nivel 3 Cierre a 1.00 con aforo al 50% en exterior y 33% en interior con certificado covid.
Reuniones Hasta ocho no convivientes en nivel 2 y seis en nivel 3
31 y 1 Se permiten reuniones de diez no convivientes en espacios privados.
Para el TSJC, el toque de queda es mas «una suspensión de un derecho que una mera limitación», una propuesta que «trata de evitar las concentraciones nocturnas de jóvenes, pero afecta y limita la libertad de circulación de y toda la población en general». Además, recuerda que, en cualquier caso, los botellones ya son una práctica «ilegal».
Sanidad, que fue la Consejería encargada de solicitar el aval jurídico al TSJC basándose en un informe de Salud Pública, hizo énfasis en su petición en que en estos momentos la mayor incidencia de contagios se está dando entre la población más joven, en particular entre quienes tienen 29 y 39 años, «que coincide con la que presenta más contactos sociales, mas oportunidades de acudir a ocio nocturno en espacios cerrados y la que tienen un porcentaje menor de vacunación».
Pero el TSJC hace suyas las valoraciones de Fiscalía, quien recuerda que «el contagio inherente a las relaciones sociales se produce igual de día que de noche por lo que se considera que no existe ninguna necesidad de diferenciarlo».
También recuerda que ya existe una limitación del horario nocturno de los establecimientos públicos espacios de ocio. «La medida puede ser idónea para luchar contra la enfermedad y facilitar el correcto funcionamiento del servicio público, pero no justifica cualquier medio y la medida que se pretende ratificar es excesiva y puede generar un perjuicio grave para la generalidad de las personas».
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió ayer a los jóvenes que no salgan en fin de año y reyes pues, a su juicio, no hay que poner en juego la salud y la economía por tres días. El presidente ha hecho estas declaraciones, recogidas por Efe, ayer por la mañana en La Palma, antes de conocer el fallo negativo del TSJC a la implantación del toque de queda. «Pido responsabilidad ante un momento preocupante. No cabe salir por las noches y que no nos juguemos la salud y la economía por tres días», dijo. Torres insistió en que Canarias necesita «entrar fuerte» en 2022 y señalo «se puede uno divertir, ser responsables con distancia, y afrontar el futuro de una manera mejor que lo que hemos pasado».
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC está compuesta por Mercedes Martin Olivera -presidenta y ponente en ausencia de Óscar Bosch Benítez-, magistrada afincada en Las Palmas y procedente de lo Contencioso de Navarra y de Valencia; Lucia Deborah Padilla Ramos, magistrada especialista de lo Contencioso, anteriormente fiscal en Santa Cruz de Tenerife, y Antonio Doreste Armas, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Contra el auto cabe recurso ante el Tribunal Supremo y para ello el Gobierno tiene tres días de plazo desde la notificación del fallo.
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