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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha lanzado una advertencia sobre el estado de la justicia en Canarias, en especial en materia de violencia de género y protección de menores. En su última reunión, el órgano de gobierno de los jueces calificó de «especialmente grave y deficiente» la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer en Santa Cruz de Tenerife y reclamó medidas urgentes. «Debe actuarse inmediatamente», subrayó el TSJC en comunicado.
Ante esta crisis, el TSJC ha exigido al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de 10 nuevas plazas judiciales: seis destinadas a reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer y cuatro enfocadas en la protección de la infancia y adolescencia.
El informe aprobado por la Sala de Gobierno detalla la necesidad de reforzar los tribunales de instancia, cuya implantación comenzará en julio de 2025 y se desarrollará hasta diciembre de ese año. Dentro de las medidas propuestas, se plantea la creación de nuevas plazas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arona, Arrecife, Puerto del Rosario y La Orotava, con el objetivo de mejorar la cobertura judicial en toda la comunidad.
En Santa Cruz de Tenerife, la crisis se agrava por la falta de recursos materiales y humanos, lo que impide atender con eficacia los casos de violencia de género. «Es urgente dotar de medios a los juzgados para garantizar la seguridad de las víctimas y agilizar la resolución de los casos», señala el TSJC.
Además del refuerzo de plazas, el TSJC ha alertado sobre la falta de infraestructura y personal suficiente para atender estos casos con la celeridad y especialización que requieren. Reclama la adaptación de las oficinas judiciales, el incremento de efectivos especializados y la creación de oficinas de atención a las víctimas. También considera imprescindible la dotación de equipos psicosociales para una asistencia inmediata y prioritaria, así como la adopción de medidas que eviten la confrontación entre víctimas y agresores en sede judicial.
En este sentido, la judicatura insiste en que el colapso del sistema judicial compromete la protección de las víctimas y dificulta la aplicación efectiva de la justicia. «Es imprescindible dotar a los tribunales de los medios necesarios para una atención pronta y especializada de estos asuntos», recalca el TSJC.
La crisis de recursos en los juzgados canarios se ve agravada por la inminente reforma judicial, lo que refuerza la urgencia de una actuación gubernamental inmediata. La puesta en marcha de los tribunales de instancia requerirá una reestructuración del sistema, con la creación de nuevas secciones especializadas y la redistribución de competencias.
En este contexto, el TSJC ha dirigido una comunicación oficial al Ministerio de Justicia para exigir la dotación de plazas de letrados de la Administración de Justicia que refuercen los nuevos juzgados y garanticen una respuesta eficaz ante la creciente demanda de atención a las víctimas de violencia de género y menores en situación de vulnerabilidad.
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