Ralons usó la red de facturas falsas en dos licitaciones

La red de empresas acusada de blanquear con facturas falsas unos 12 millones de euros abonados por grandes constructoras con contratas públicas era empleada por otras compañías canarias para presentarse a licitaciones también públicas. Y esa actividad se mantenía hasta hace bien poco.

En los registros efectuados por la Policía Nacional en los domicilios de los principales investigados aparecieron documentos que acreditan esa operativa. Es el caso de un contrato con fecha de 4 de junio de 2015 suscrito entre Héctor de Armas, en representación de Ralons Servicios SL y Juan Antonio Madrigal, en representación de Infraestructuras y Proyectos Canarios SL (Inprocan) para redactar ofertas para la limpieza de zonas comunes, edificios, vehículos oficiales y recogida y tratamiento de residuos sólidos para la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El acuerdo incluía el pago de 10.000 euros por preparar la oferta y otros 60.000 anuales en caso de que Ralons fuese adjudicataria, cifra esta última que se pagaría fraccionada -30.000 en cada semestre- y «todo ello durante el tiempo que se mantenga el servicio, cuya vigencia inicial sería de cuatro años». La Policía encontró también un contrato con fecha de septiembre de 2015 en el que las dos partes se ratificaron en el contrato anterior, así como las facturas de los pagos de Ralons Servicios SL a la sociedad de Juan Antonio Madrigal.

La operativa se calca en agosto de 2015, con otro acuerdo para redactar la oferta de Ralons para el contrato de limpieza de los órganos judiciales autonómicos, una licitación dividida en dos lotes -uno por cada provincia. En este caso el acuerdo incluía estos pagos: 10.000 euros por redactar la propuesta y 108.738 euros a Inprocan si Ralons era la adjudicataria, «cuya vigencia inicial sería de dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una».

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Juan Antonio Madrigal fue directivo de la constructora FCC y es una de las personas que, según la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, forma parte de un entramado liderado por Juan Carlos Delgado Neyra, en colaboración con Fernando Hernández Ibáñez y Manuel Álvarez, para cometer los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la Hacienda.