Martín: «Señoría, a mi nadie me llama jefe»

Francisco José Fajardo

Miércoles, 27 de marzo 2019, 11:44

El fundador del PIL, Dimas Martín, apuntado como «el jefe» de presuntas tramas corruptas iniciadas en Lanzarote incluso después de haber ingresado en prisión, rebatió este miércoles las acusaciones del Fiscal en su alegato de última palabra en el Caso Unión que se juzga en la Audiencia de Las Palmas.

En esta causa se busca aclarar si se cobraron comisiones ilegales a empresas a cambio de que el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, Arrecife, les adjudicara obras o servicios o tramitara sus expedientes, y también si estas y otras supuestas irregularidades se hicieron por orden de Dimas Martín.

«Sr. Presidente, durante mi interrogatorio en el desarrollo del juicio me indicó que las preguntas las dejara para mi «última palabra», espero que ahora me conceda sólo diez minutos para adherirme a lo manifestado por mi letrado y poder puntualizar las acusaciones vertidas por el Sr. Fiscal contra mi persona a través de su brillante escrito de acusación así como en sus floridas y agresivas intervenciones», comenzó Martín su intervención.

«Permítame que le diga, ya que el Ministerio Fiscal alude constantemente a mi condición de preso, recalcando la ejecutoria 183/2006 por la que fui condenado a ocho años de privación de libertad -ampliamente cumplidos- y a una aparatosa responsabilidad civil, que la misma se encuentra en litigio a la espera de la decisión de los tribunales. El Ayuntamiento de Teguise, después de 15 años ocultándolo, ha tenido que liquidar la Empresa agrícola y Marinera de Lanzarote, origen de la condena, sin que conste en su activo el crédito que se me reclama por responsabilidad civil, ya que ni siquiera fue parte en el procedimiento, de lo que se desprende que ni hay responsabilidad civil ni delito de malversación. ¡¡¡Lo que siempre sostuve!!!»

«La ejecutoria 183/2006, ni las otras por las que fui condenado, limitaron mi capacidad de ejercer el cargo de asesor político, escribir, comunicarme, comparecer ante los medios audiovisuales, trabajar, ocupar cargos orgánicos, etc. Si así lo hubiera estimado el tribunal sentenciador lo habría recogido en su sentencia, de lo que se deduce que el haber asesorado a los cargos públicos y orgánicos del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, por mandato de éstos no constituye reproche penal alguno», prosiguió Martín.

«Fui condenado en el caso Batllori y Los Rostros a pesar de haber decenas de sentencias de altos tribunales de justicia, incluida la Audiencia Provincial de Las Palmas, que determinan que los hechos que se me atribuyeron y por los que fui condenado no constituían infracción penal. Yo no tuve la suerte que se me aplicara ninguna de esas resoluciones. Decía un ilustre magistrado “la verdad jurídica no siempre coincide con la verdad real».

«El Ministerio Público ha reiterado hasta la saciedad, para justificar su perversa acusación, el calificativo de jefe, cuando a mí nadie me llama jefe, sino Dimas, a secas, excepto don Ubaldo Becerra en alguna ocasión o su intimo amigo don Isaac Castellano, que en su declaración antepuso su fidelidad a su amigo o pareja a relatar la verdad como era su obligación. No sólo por declarar como testigo sino también por la alta representación que ostenta. A su fidelidad se habrá unido su resentimiento por haberle afeado, por mi parte, su acto de transfuguismo político. El calificativo de jefe fue arrancado a algunos imputados en declaraciones inducidas y extemporáneas, algunas cinco años después de los hechos, con la promesa de mejoras en sus situaciones procesales. No quiero pensar que toda la justificación que tiene el Ministerio Fiscal para imputarme los delitos que describe en su escrito de acusación sea la de que alguien me llame (como sí esto fuera delito), aunque visto lo visto, y oído lo oído, la prueba más contundente que ha aportado es esa», justifica el fundador del PIL.

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«El Sr. Fiscal sabe, y lo sabe muy bien, que las acusaciones que me hace de haber participado en el cobro de comisiones y asociación ilícita, y otras singulares, no se ajustan a la realidad; nada tengo que ver con los empresarios imputados, que no los conocía, que jamás hablé con ellos, que nunca di ni una sola indicación ni por carta, ni por teléfono, ni a través de otros y, mucho menos, personalmente, para llevar a cabo dichos cobros ni para que se ingresara nada en el partido. Que no tuve nada que ver en el episodio de Castellano al margen de lo declarado por mí ante el tribunal. El señor. Fiscal se ha movido en una hábil ambigüedad sin concretar qué cantidades recibí, quién me las entregó, cuándo, cómo, dónde; sabe que no lo puede hacer porque sencillamente no existieron y lo que no existe no se puede probar. El escrito de acusación dirigido contra mí sin el mínimo rigor probatorio, se habría ajustado a los hechos si lo hubiera dirigido contra don Antonio Hernández, cabeza de lista al Ayuntamiento de Arrecife primer Teniente de Alcalde y responsable de la concejalía de urbanismo hasta su dimisión el 13 de marzo de 2008, y responsable directo de haber impuesto la inclusión en su lista de los dos concejales imputados, don José Miguel Rodríguez y don Ubaldo Becerra, quienes le relacionan directamente en todas sus declaraciones como conocedor e inductor del cobro de comisiones. Muy significativa resulta la confesión que le hace don Ubaldo Becerra, en llamada telefónica, a su amigo don Isaac Castellano, cuando dice que a él, el único que le da órdenes de cobro de comisiones es don Antonio Hernández», manifestó el acusado.

«Sorprendentemente los empresarios imputados cobraron más del 90% de la facturación producida por la adjudicación y ejecución de la obra y repartido las comisiones antes de la dimisión de don Antonio Hernández en el periodo comprendido entre mediados del 2007 y marzo del 2008. El Ministerio Fiscal, de forma injusta y, me atrevo a decir, anormal, dirigió el escrito en mi contra para salvar a éste, pues sabía que si lo imputaba a él se quedaba sin coartada para hacerlo conmigo, objetivo prioritario, además de tener que escuchar manifestaciones poco agradables y comprometedoras sobre un compañero del Ministerio Fiscal que intervino como acusación en la primera fase de investigación del presente procedimiento. Curiosamente cuando inicio la asesoría de los cargos públicos del Partido, en abril de 2008, un mes después de la dimisión de don Antonio Hernández, nadie volvió a hablar de comisiones».

«El Sr. Fiscal sabe perfectamente que toda la trama, como él la llama, se limitó a don José Miguel Rodríguez, don Ubaldo Becerra, con el conocimiento de don Antonio Hernández, según han manifestado sus dos compañeros, los empresarios imputados, sin que ningún otro empresario o proveedor se haya visto afectado, el interventor municipal, según su confesión con la colaboración directa de don Ángel García asesor de don José Miguel Rodríguez y responsable del departamento de Compras del Ayuntamiento, y que varios testigos han reconocido que era el que tramitaba las compras y las facturas, del que se ha cuidado mucho el señor Fiscal de no traerle ante el Tribunal a declarar, no sé que se destapara la verdad de la ficticia acusación en mi contra y quedara en evidencia», señaló Martín, antes de reprochar que no se le permitiese defenderse.

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«El Ministerio Público me privó de poderme defender personalmente ante el tribunal de las acusaciones de cobro de comisiones, asociación lícita y sus anexas al no interrogarme de forma premeditada sobre ellas. Tampoco interesó la lectura de algunas cartas cruzadas como los dos concejales imputados ni la reproducción de ciertos audios pues sabía que por su contenido eran incompatibles con las acusaciones que me hace. El Ministerio Fiscal se ampara de forma injusta, sin pruebas que lo demuestren para sostener su imputación, en mi situación penitenciaria, las declaraciones extemporáneas -alguna cinco años después de los hechos- de alguno de los imputados que de forma inducida, a cambio de beneficios en su situación procesal, se contradicen con lo declarado hasta ese momento. La declaración de don Ubaldo Becerra ante el tribunal, que al menos habrá causado sonrojo, sin someterse a preguntas de los señores letrados, atribuyéndole una oficina al PIL en Costa Teguise que nunca existió, identificando falsamente que la tabla Excel que se le mostraba de la contabilidad del PIL era donde aparecían las supuestas cantidades obtenidas por comisiones cuando la realidad es que eran las de las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas y donde curiosamente aparecen reflejados varios ingresos efectuados por Don Antonio Hernández, lo que viene a confirmar que él fue quien llevo la campaña de ese año 2007. También aparecen varios ingresos provenientes de los grupos políticos como manifesté en mi declaración. Las manifestaciones condicionadas como testigo de don Isaac Castellano amigo o pareja de don Ubaldo Becerra. La desproporcionada, innecesaria e injustificada actuación de la U.C.O. (la Guardia Civil de Lanzarote o de Canarias lo hubiera hecho de forma más profesional y sin causar tantos daños colaterales) que, pertrechados con armamento propio para enfrentarse a un gran comando terrorista y actuando como una policía política más que judicial, sembraron el terror en la isla desprestigiando su nombre, el de sus instituciones y de sus empresas. Detenciones indiscriminadas y espectaculares traslados de los detenidos entre islas y desde la península, todo ello retransmitido en directo por los medios “venidos” expresamente, para finalizar, ante su escaso excito, con un informe ad hoc que justificara su espectacular intervención y permitiera al señor Fiscal acusar, aunque fuera falsamente a algunos de los empresarios más prestigiosos de la isla y al político más respaldado, verdaderos objetivos de la insólita operación y conseguir un rédito profesional personal muy lejos de lo que debe guiar la labor de la fiscalía de esclarecer los delitos y salvaguardar los derechos fundamentales de los imputados».

«He tenido la impresión que conmigo se ha utilizado la táctica del cazador furtivo de ir sembrando el campo de trampas para cazar a la pieza indefensa, de otra forma no se comprende que se me haya mostrado una hoja donde supuestamente decía «parte de Castellano» para vincularla a la supuesta comisión de dicho señor cuando la realidad es que dicha hoja es de las elecciones del 2003 y recogía 41 punto del programa electoral de PIL y literalmente decía «coordinación de por parte de Castellano» lo que equivalía que él era el que iba a coordinar ese programa.

La profesionalidad, honestidad e intencionalidad del agente de la UCO, instructor, que declaró ante el tribunal quedaron al descubierto en el auto de archivo 34381/2018 de 15 de octubre de 2017, del Juzgado de Instrucción nº4 de Arrecife, de una causa proveniente de la operación Unión, en la que dicho agente realizó o dirigió un informe de más de 100 páginas lleno de malévolas falsedades, bastó que S.S., un magistrado y fiscal buscaran la verdad por encima de otras consideraciones personales para que aflorara la verdad», significó el ex político lanzaroteño.

«En su intervención ante el tribunal insistió en las llamadas y reuniones que yo realizaba y celebraba supuestamente durante mi horario de trabajo. Debo decir que durante el mes de marzo de 2009 de 7 de mañana al 10 de la noche, el mes que más realicé y recibí fueron 136 (las interesadas por el Sr. fiscal), lo que supuso un total de 6 horas y 31 minutos, que equivale a 14 minutos y 55 segundos por día. Las reuniones celebradas en ese mes fueron 5, todas ellas fuera de horario de trabajo, en días de permiso o fines de semana. Esto se llama rigor y no intencionadas acusaciones para llevar al ánimo del tribunal que yo no trabajaba sino llamaba por teléfono o estaba fijo de reuniones. Sorprendentemente en ellas no hay ni una sola frase que me relaciones con Las acusaciones que me hace en ministerio publico. Recomiendo a la señora letrada que se había interesado por mi patrimonio que examine dicha causa en el Juzgado de Instrucción n” 4 de Arrecife. En ella encontrará la verdad sobre el mismo y de dónde han venido los recursos económicos que he administrado, incluida aquella carta con puntos suspensivos dirigida a don Matías Curbelo. La sensación que me embarga es que una vez mas no se me juzga por los delitos que haya podido cometer, en conciencia considero que ninguno, aunque muchas equivocaciones seguro que sí. Se me juzga por ser el líder histórico del P.I.L, argumento que usa la fiscalía reiteradamente como elemento de peso para formular sus acusaciones responsabilizándome de todo lo que hayan podido cometer algunos de sus miembros, no importa que haya dejado la presidencia del partido desde el año 20002. Se me juzga por mi frenética actividad política asesora, por intervenir en todos los asuntos que he estimado de interés para mi isla o su capital criminalizando todos mis actos».

«Es de agradecer que no me haya acusado de vago. Se me juzga por ser quien soy, por lo que he representado, por el masivo apoyo popular que siempre tuve, por mi vehemencia en la exposición y defensa de los asuntos públicos, por mi tono de voz que se considera imperativo y por los espurios intereses políticos de quienes promovieron esta operación. Si no hay pruebas contra mí se crean, si algunos imputados que en sus declaraciones no manifiestan lo que interesa a la causa, no importa, se conseguirá en sucesivas a cambio de mejoras en su situación procesal. Si interesa que esté en un sitio, aunque no haya estado ¡¡¡Estaré!!! Si don Ubaldo Becerra confiesa en sus declaraciones que las comisiones que recibidas se las gastó en un viaje a Madrid con sus íntimos amigos y sus caros vicios cotidianos, no es cierto, el que estuvo fue Dimas Martin. Si don José Miguel confesó también en sus declaraciones que el dinero se lo había gastado en comidas, caros vinos, sus cosas cotidianas y el resto lo tenía en su casa en efectivo no importa estaba equivocado era Dimas Martin».

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«Durante mis ocho años de alcalde y los años de presidente del Cabildo jamás se me acusó de recibir comisiones ni de condicionar mis obligaciones institucionales a prácticas deshonestas. En mi casa no se encontró ni un euro, y no es porque no lo hayan encontrado sino porque nos los había. Durante mi etapa política jamás viaje al extranjero como ocio, no adquirí bienes, no me compre ni un coche nuevo, no se me ha acusado de una conducta desordenada. El Sr. Fiscal sabe que contra mí no tiene ni una sola prueba de las acusaciones que me hace, solo lo que quiere suponer y lo que le hubiera gustado que fuera y no es».

«Cuando salga por esa puerta, si el Señor Presidente del Tribunal no ordena otra cosa, lo haré con la cabeza tan alta y el semblante tan sereno como lo hice el primer día que comparecí ante este tribunal esposado para el oportuno linchamiento mediático y que toda Canarias me pudiera ver. Por último, permítame una sugerencia a todos los presentes: que lean el libro El crimen de las hermanas Cruz, que versa sobre un triste episodio acaecido en nuestra isla en el siglo pasado, y en el que queda patente los estragos que puede causar en una persona, una familia y una colectividad, el imputar y conseguir la condena de una persona sin pruebas o desvirtuando éstas en beneficio propio o de terceros. «Nada vale más que la verdad, se puede combatir pero no destruir», Ignacio de Loyola.

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Y yo añado... y siempre, siempre sale a relucir», concluye su alegato Dimas Martín.