Directivos de OHL, ante el juez por la trama que incluye pagos en Tenerife

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En plena precampaña electoral, un caso de presunta corrupción salta a la escena y con una hoja de ruta aún incierta, pues todo indica que queda mucho por investigar. En los próximos días desfilarán ante el juez de la Audiencia Nacional García Castellón directivos de la constructora OHL por un entramado de presuntas comisiones por adjudicaciones de obra pública en varias autonomías, incluyendo Canarias, con el dique del puerto de Granadilla como una de esas adjudicaciones bajo sospecha.

El juez ha citado como investigados a varios empleados de la constructora OHL. Los investigados -imputados en la anterior denominación- deberán comparecer en la Audiencia los próximos 4 y 5 de abril. Según avanzó ayer el periódico digital El Independiente, el jueves, a partir de las 10.00 horas, han sido citados Rosa María Corral, directora del departamento de Control de Gestión en España de OHL; el que fuera técnico jefe de Producción y Obras Francisco Navarrete; y el exdirector de Obra Civil de la constructora Joaquín Jiménez.

El viernes, y también como imputado, declarará el exconsejero delegado y exdirector del departamento de Construcción de OHL Rafael Martín de Nicolás.

Sus declaraciones vienen precedidas de las de Felícisimo Ramos, antiguo director de Control de Gestión, y Paulino Hernández, exdirector general de Obra Civil Nacional.

El listado de obras bajo sospecha es muy amplio y la primera estimación en el pago de comisiones se sitúa en los 40 millones de euros.

Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra la del dique del puerto de Granadilla, adjudicada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife cuando fue presidida por Luis Suárez Trenor, que fuera en su día consejero del Gobierno por Coalición Canaria y un cargo relevante en la estructura de poder de los nacionalistas canarios. Esa adjudicación recayó en una unión temporal de empresas participada por FCC, OHL y la constructora tinerfeña Punta Larga, del empresario Antonio Plasencia -condenado en firme a cinco años de cárcel por el caso de Las Teresitas y condenado también por las extracciones ilegales de áridos en Güímar-. OHL es la adjudicataria, también en UTE, de la polémica obra de ampliación del muelle de Agaete. También se investigan las adjudicaciones de varios tramos de la autovía A-66 en Extremadura y el puente de Loja en Granada.

Las pesquisas han sido llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en octubre del pasado año envió al juez García Castellón un primer informe que cifraba en 40 millones de euros las comisiones abonadas por la constructora que preside Villar Mir. Esa cifra, sin embargo, se considera, según fuentes vinculadas al caso, como un primer cálculo, pues la investigación se encontraba entonces en una fase «embrionaria».

El punto de partida de la investigación fue casual, pues en el marco de la macrocausa Lezo por presunta corrupción política se hicieron entradas y registros en las oficinas de OHL y los agentes de la Guardia Civil intervinieron en ese contexto conversaciones de un directivo de la compañía sobre ese presunto pago de comisiones y la existencia de un protocolo para conseguir de manera ilegal adjudicaciones.

Según apunta el periódico El Independiente «los investigadores sospechan que el trabajador de la multinacional conservaba esas cintas «para blindarse ante la propia compañía» en el caso de que las irregularidades fueran detectadas.

A todo esto se une que la constructora se halla bajo investigación de la Audiencia Nacional desde que en 2017 fuese señalada como presunta pagadora de una comisión de 1,4 millones de euros para la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de la concesión y construcción del tramo ferroviario de Móstoles a Navalcarnero. Esa investigación derivó en la imputación en la imputación de Villar Mir, su yerno Javier López Madrid y Martín de Nicolás.

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