Dimas Martín, apuntado como «el jefe» del caso Unión

El tribunal ha retomado este viernes en su sede de Gran Canaria la vista oral por este proceso, que hasta ahora se va venido celebrando en Lanzarote, para escuchar a nuevos testigos y peritos.

Entre ellos ha estado Pedro Luna, responsable del equipo redactor del Plan General de Ordenación del municipio de Teguise, del que fue alcalde Dimas Martín, que ha respaldado las tesis de que los hechos juzgados son ilegales y de que su máximo impulsor fue el histórico líder del PIL.

En esta causa se busca aclarar si se cobraron comisiones ilegales a empresas a cambio de que el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, Arrecife, les adjudicara obras o servicios o tramitara sus expedientes, y también si estas y otras supuestas irregularidades se hicieron por orden de Dimas Martín.

Según ha relatado este viernes Pedro Luna, el fundador del PIL y expresidente del Cabildo de Lanzarote participó junto a él en diferentes reuniones a las que le invitó Ubaldo Becerra para proponerle modificar el plan de urbanismo de Arrecife.

Proyecto en el que el empresario ha asegurado que se negó a participar, tanto por considerarlo improcedente, debido a que la idea era cambiar un plan que estaba precisamente a punto de acabar de redactarse, como por entender que se quería hacer de un modo que «no era legal».

Como prueba de ello, Luna ha aludido a una reunión a la que fue citado y en la que concejales del Ayuntamiento de Arrecife de aquella época, entre finales de 2008 y comienzos de 2009, le insistieron en que se hiciera cargo de la iniciativa.

Porque querían modificar «algunas cosas que no les gustaban», ha dicho que le argumentaron, recalcando que no solo no lo creyó oportuno como profesional y que su consejo fue negociar posibles cambios puntuales con sus redactores, sino que además lo rechazó porque «no le gustaron las formas» en que se lo plantearon.

Pues al proponérselo estaban juntos él, otros arquitectos ajenos a su despacho y Ubaldo Becerra y otros concejales que les instaron a formar una unión temporal de empresas y les dieron otras instrucciones más a fin de arreglar una forma de lograr sus deseos, algo que le llevó a abandonar la reunión, ha dicho.

«Eso no me gustó», ha añadido, puesto que «no era legal sentarme a hablar de las condiciones de un proyecto con los señores que iban a contratarlo», cuando se trataba de unos trabajos a pagar con fondos públicos que deberían ser adjudicados por concurso.

En paralelo a esa práctica, que Pedro Luna ha sostenido que era impulsada por Dimas Martín porque le «conocía bastante» y sabía que cuando tomaba parte en cualquier asunto era él quien mandaba, «porque siempre fue así», en el juicio se ha acusado al líder del PIL y a ediles de su partido de admitir sobornos de empresarios.

Sobornos que habrían cobrado a cambio de adjudicarles obras, y que habrían justificado facturando varias veces un mismo trabajo, según han asegurado el fiscal y un perito judicial que analizó la documentación y comprobó que a veces había pagos idénticos que se repitieron en hasta cinco ocasiones.

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Su planteamiento ha sido rebatido, en cualquier caso, por los abogados defensores de Dimas Martín y demás encausados, que han apostado por sembrar dudas sobre la exactitud de sus análisis de los documentos referidos, en el marco de un juicio que proseguirá la semana próxima.