Alba se querella contra Rosell por prevaricación y falsedad

Francisco José Fajardo

Viernes, 6 de abril 2018, 02:00

La querella, que ya está registrada en diligencias previas en la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, considera que Victoria Rosell cometió dos delitos, uno de prevaricación y otro de falsedad documental en el ejercicio de sus funciones como magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas. La misma forma parte del enjambre de acusaciones mutuas que ambos jueces mantienen en el caso conocido como Albagate y que investiga la posible maniobra jurídica y política que realizó presuntamente Alba para perjudicar a Rosell.

Según la querella del magistrado de la Audiencia Provincial, su compañera cometió prevaricación puesto que dictó «una resolución de abstención en un procedimiento instruido por ella ocultando la verdadera causa de abstención que le alcanza», que no es otra que «tener interés directo o indirecto» en el pleito motivado por la «existencia de relaciones comerciales» entre el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez y la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa, dice la querella.

Añade la defensa de Alba que la demandada pretende que «por la Fiscalía se aparte de la causa» a la fiscal Evangelina Ríos, argumentando que tiene «enemistad manifiesta con la misma», cuando considera esta parte que la «causa de abstención formulada de forma idéntica por la querellada en tres ocasiones ha sido rechazada por la Audiencia Provincial». A su vez, Alba estima que Rosell «oculta que tiene una causa pendiente» con Ramírez.

«La intervención de la propia querellada» en el caso «cuando debe abstenerse», unido al hecho «de la intervención de la también magistrada Carla Vallejo, unida por una pública y notoria relación de amistad con Victoria Rosell, constituye un supuesto de continuidad delictiva en cuanto a este delito de prevaricación», sostiene el demandante.

Incide Alba en que la magistrada Carla Vallejo «decidió apartar del procedimiento la declaración» de Ramírez del 23 de marzo de 2016 y la documentación aportada en la misma «que ponía de relieve las relaciones comerciales» entre el empresario y Carlos Sosa, «pareja de Rosell y amigo de Carla Vallejo». Fue en esa declaración, sostiene la querella de Alba, donde Ramírez afirma que «empresarios amigos suyos le pidieron que ayudara económicamente a Sosa y él lo hizo». Alba se considera descubridor «esta trama delictiva» en la que Ramírez entrega dinero a Sosa «con la apariencia de contratos de suscripción preferente de acciones, de alquiler de licencia de radio, y un largo etc.».

En lo que se refiere al delito de falsedad en documento oficial, el magistrado insiste en que Victoria Rosell «faltó a la verdad en un documento oficial» –su escrito razonado de abstención dirigido a la Audiencia Provincial de Las Palmas y fechado el pasado día 7 de febrero–, al afirmar «que no había mantenido ni ella ni su pareja, Carlos Sosa, relaciones empresariales con Miguel Ángel Ramírez», cuando tanto la magistrada como su pareja «han reconocido públicamente y en diferentes medios de comunicación que sí han mantenido esas relaciones, sin negar el contrato de cesión de la explotación de licencia de radio» a que alude esta parte en la querella.

La querella, que consta de 14 folios y que anexa como documentales el escrito razonado de abstención de Rosell, los documentos que presuntamente acreditan las relaciones comerciales entre Miguel Ángel Ramírez y Carlos Sosa, el escrito de la fiscal Evangelina Ríos formulando incidente de recusación y el pertinente de Rosell contestando al mismo, «han causado un perjuicio directo a esta parte», señala la defensa de Salvador Alba.

Argumenta que por este motivo, el magistrado «se encuentra sometido a un proceso» que lo acusa de cuatro delitos y que se debe, sostiene esta parte, «por su actuación en cumplimiento exclusivo de sus deberes judiciales , al procurar la salida a la luz de las ilícitas actuaciones llevadas a cabo por la querellada doña Victoria Rosell», finaliza.

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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, ha remitido un informe a la sala en contra de la admisión del recurso presentado por el magistrado Salvador Alba sobre el auto que lo eleva a la calidad de investigado por la comisión de cuatro presuntos delitos: prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos. Garrido estima en su escrito que la calificación de los hechos realizada por la magistrada instructora Margarita Varona en el auto de apertura de procedimiento abreviado se ajusta a derecho. El fiscal jefe aún no ha redactado su escrito de acusación.