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Las 28 entidades de apoyo a personas con discapacidad intelectual que integran la asociación Plena Inclusión Canarias anunciaron este viernes concentraciones en enero frente a las sedes de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para defender la dignidad de las personas a las que atienden y para reclamar al Ejecutivo que cumpla su compromiso de actualizar la financiación que reciben para poder cubrir los costes.
«Arrastramos un desfase histórico. En 2023 actualizaron los precios en base al incremento de costes de 2022. Estamos empezando 2025 y no han vuelto a actualizar la financiación», señaló la presidenta de Plena Inclusión Canarias, Carmen Laucirica.
Además, la representante de los colectivos indicó que en 2025, con la entrada en vigor del convenio estatal, las retribuciones en este sector tendrán un aumento del 10%. «Ahora mismo, las entidades sobreviven con pólizas de crédito y buscando fondos a través de rifas, cuestaciones o con las aportaciones de las familias. Si se aplicara la legislación, las familias no tendrían que aportar nada», comentó Laucirica.
«En este momento lo que reclamamos es nuestra supervivencia», añadió la presidenta de Plena Inclusión.
Por otra parte, el propio Gobierno de Canarias reconoce la infrafinanciación que sufren estas entidades, que atienden a un total de 2.030 personas dependientes del archipiélago, salvo en La Gomera y en El Hierro.
Tanto es así que, ante la denuncia formulada en rueda de prensa de las entidades, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado a Plena Inclusión a una reunión que tendrá lugar este mismo sábado. «Hace unos años, Clavijo se comprometió a actualizar anualmente el precio-coste. El Gobierno reconoce que estamos infrafinanciados, pero necesitamos concreción», señaló la gerente de Plena Inclusión Canarias, Natalia Cañeque, quien advirtió de que la asistencia a las personas con dependencia por discapacidad intelectual está peligrando porque las entidades tienen las tesorerías muy tensionadas.
«Como ejemplo un botón, por el transporte nos pagan 7 euros y el coste ronda entre los 15 y 16 euros. En viviendas comunitarias, el desfase entre la financiación y el coste es de casi el 100%», abundó Cañeque. «A día de hoy se están produciendo pérdidas importante, sobre todo para quienes gestionan hogares, que funcionan las 24 horas los 365 días al año», subrayó la gerente de Plena Inclusión.
Por su lado, la presidenta de la agrupación de entidades aseguró que, actualmente, el tercer sector se ha visto abocado a sostener el sistema público de servicios sociales. «Los servicios de atención son funciones delegadas por el Gobierno de Canarias, es la administración la que tiene que garantizar el derecho de las personas con discapacidad y problemas de desarrollo a recibir atención, pero ni siquiera pagan los costes», afirmó Laucirica.
Por ello, Plena Inclusión ha convocado sendas concentraciones para los días 13, 20 y 27 de enero ante las sedes de presidencia del Gobierno regional en ambas capitales canarias. Su objetivo, visibilizar la problemática y exigir al Ejecutivo canario que asuma su responsabilidad.
Las protestas se mantendrán a menos que Clavijo concrete medidas para aliviar la situación de las entidades en la reunión prevista para este sábado con Plena Inclusión.
El impacto de la infrafinanciación por la falta de actualización de los precios públicos de los servicios es desigual según el tipo de prestación. Así, según los cálculos de Plena Inclusión, la financiación de las plazas en los hogares funcionales debería incrementarse cerca de un 40% para poder cubrir los costes. En otros recursos alojativos y en los centros de día, el precio de las plazas debería aumentar casi un 30% para que dejen de ser deficitarios. En el caso del transporte, el déficit es mucho mayor, ya que la financiación del servicio debería incrementarse en un 114% para ajustarse al coste actual. Estos incrementos, dicen, son imprescindibles para ofrecer servicios de calidad a las personas con discapacidad intelectual.
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