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Si el martes se manifestaba parte de la plantilla de la Dirección General de Discapacidad, lo que se denomina el centro base, en la capital grancanaria por la situación «insostenible» del servicio, este miércoles la de Tenerife llamaba la atención sobre su situación «aún peor». Según Víctor Hernández, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la isla, «la realidad es que el retraso de la primera cita para obtener un grado de discapacidad ronda los 40 meses, pero en el caso de las revisiones de grado hay algunos casos que han tardado hasta cinco años». A ello hay que sumar el tiempo que se pueda tardar en atender contenciosos o recursos.
Según Hernández, los centros base arrastran «un problema estructural de recursos humanos». De hecho, explica, «las plantillas están adaptadas a los años 90, no se ha actualizado absolutamente nada», en referencia a la relación de puestos de trabajo. Además, cuando se refuerzan es de forma «precaria», a través de «contratos programa o acumulación de tareas». Lo cual es simplemente «un parche».
El centro base de Tenerife cuenta con medio centenar de personas. «De ellas 13 corresponden a programa temporal de refuerzo. Tal personal de refuerzo ya formado está a termino de su nombramiento. Contratrán a nuevo personal que hay que formar», lamenta.
Además, como denunciaban en Las Palmas de Gran Canaria, «las plantillas están siempre alteradas en razón a distintas contrataciones y jubilaciones y bajas que no se cubren. En centro base cuenta con solo cinco médicos cuando debería haber un médico por cada 100.000 habitantes. Para empezar debería tener un mínimo de 10 médicos en la provincia».
«Las organizaciones sindicales llevamos denunciando esto hace año. Esto no es nuevo, viene de las legislaturas anteriores, pero ya la situación del colectivo de trabajadores es insostenible», señaló Hernández.
Por su parte, la directora general en funciones de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, reconoció ayer la falta de personal en los centros base.
«Nosotros sí teníamos claro que lo que no puede ser es que los centros base funcionen con personal laboral. Queríamos modificar la relación de puestos de trabajo para crear puestos estructurales y crear una estructura estable y formada». Arocha, que lleva un año en el cargo, aseguró que no le había dado tiempo a abordar este problema y confiaba en que en 2023 se le iba a dar «un empujón».
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