Lola Fabelo

Presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas

«El decreto de dependencia vulnera los derechos de las personas usuarias»

Luisa del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de mayo 2024, 02:00

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Los dos colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias rechazan el proyecto de decreto que ha impulsado la Consejería de Bienestar Social para dependencia. La presidenta de la institución de Las Palmas, Lola Fabelo, explica los motivos y señala que cree que intentan bajar las cifras aumentando las ratios de usuarios por valoradora y haciendo que las personas que ven rechazado su expediente o no comparten la resolución tengan que ir a los juzgados.

-¿Por qué han pedido que se retire el decreto de dependencia?

-Porque cuando empezamos a hacer la valoración del decreto son tantas las alegaciones que hacemos que entendemos no se sustenta por ningún lado. Además, consideramos que empieza mal porque comienza sin el proceso participado por los profesionales que trabajan en dependencia. ¿Cómo justificamos eso cuando vemos el decreto no se ajusta a o que consideramos que es adecuado?.

«Si te hacen una llamada y no contestas se puede desestimar o archivar la solicitud»

Lola Fabelo

Presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas

-¿Presentaron alegaciones?

-Nosotros hacemos una enmienda a la totalidad del decreto y después lo argumentamos punto por punto señalando aquello que no se ajusta a la realidad y donde consideramos que se vulneran los derechos de las posibles personas usuarias.

-Bienestar Social se está reuniendo con distintos colectivos para analizar el decreto. ¿Están en la lista?

-A nosotros se nos ha dicho que se nos va a convocar, pero aunque no hay fecha prevista reconocemos que cuando hemos pedido a la Consejería sentarnos se nos ha concedido. Sí entendemos que, por lo menos, hay intención de escucha.

-El decreto se llevó por «vía de urgencia» pero se ralentiza por esas consulta. ¿Se ha hecho al revés?

-Lo que entendemos es que por el volumen de alegaciones que se ha planteado y por cómo han reaccionado todas las entidades en general se han tenido que repensar cuál es la postura respecto a esto. Quisieron sacar para adelante un texto para, según ellos, mejorar las cifras del sistema de dependencia, pero han tenido que darle una vuelta porque no se ajusta a la realidad y los colectivos insistimos en que esta no es la forma en que se corrige esta cuestión.

-El presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho que más plantilla no garantiza mejoras.

-Meter sin un criterio a más gente evidentemente no. En el sistema de dependencia hacen falta determinadas categorías profesionales. Algunas se podrá solucionar con un cambio en el sistema o en otras no implementar una subida de profesionales supone que la ratio de pacientes aumente. Pero los profesionales que van a valorar requieren de equis tiempo para estar en el domicilio, en su entorno, para valorar las circunstancias y servicios que mejor corresponden con su nivel de autonomía. ¿Cómo conseguimos atender a más gente? Reducindo los tiempos. Y si se reducen los tiempo van a ver mermada la calidad de su atención. Hay que hacer una análisis para no hacer contrataciones sin criterio, también. Nosotras trabajamos dentro de los indicadores de eficacia y eficiencia y de hacer un gasto responsable. Pero también hace falta contar con las profesionales que son necesarias.

«Somos conscientes de que hace falta un cambio en dependencia en Canarias»

Lola Fabelo

Presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas

-Al comparar la dependencia en las islas con otras regiones se observa una falta de valoradoras.

-Evidentemente. Y una de las diferencia es la singularidad de nuestro territorio, que está dividido. Lo que en otro lugar supone unas horas de carretera aquí es avión, barco... Ese tiempo es un añadido cuando vas a valorar a las personas o hacer los PIAS.

-Ustedes dicen que el decreto supone un perjuicio directo a los solicitantes ¿en qué sentido?

-Todos los cambios que se proponen, como el que comentaba antes. ¿Cómo se reducen las listas? Aumentando las ratios lo que significa que no puedo dedicarte el tiempo suficiente porque tengo que ir a hacer otras cuatro visitas. La media de atención es una hora. Si le quitas los traslados entre casa y casa y lo que tardas es la jornada laboral de una persona. Después, el poner la responsabilidad de la gestión de su expediente en las personas usuarias. Si te hace una llamada y no contestas se puede desestimar o archivar la solicitud. Ante una resolución negativa se remite a los usuarios a los juzgados. Nuestra población, la población que tenemos en este ámbito, se caracteriza, en general, por no manejarse en el sistema de protección. Si le dices que vayan al juzgado las personas van a terminar perdiendo las ganas de solicitar nada. Ya bastante nos cuesta cuando les planteamos los tiempos que se tarda para el reconocimiento de dependencia que una persona se decida a solicitarla. Si ponemos por medio que ahora, además, son ellos los responsables de su expediente... De lo que se trata es de que la Administración vaya a un sistema ágil y transparente que beneficie al usuario.

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-¿Será más difícil acceder?

-Ponte en el contexto de una señora cuidadora de su padre dependiente. El señor no se mueve de la cama y necesita estar dedicada al cuidado. Y yo le voy a decir que el ratito que tenga libre lo dedique a ir al juzgado a reclamar porque su expediente se rechaza o no está de acuerdo con lo que se plantea desde Dependencia. De alguna manera estamos eliminando a personas del sistema para reducir los datos Si yo digo que no tengo que estar con todo este periplo y desestimo mi solicitud a la administración le aparece un expediente menos.

-¿Con tanta oposición de entidades sociales es modificable el texto o hay que empezar de nuevo?

-Entendemos si queremos hacer las cosas bien hechas hay que empezar por un proceso participativo con las personas que están en el servicio y no se les ha tenido en cuenta. Cualquier cambio en cualquier sistema se tiene que hacer con el consenso de las personas. Si llegamos imponiéndolos no se lo van a creer. Nosotras somos expertas en procesos participativos. Somos conscientes de que hace falta un cambio en dependencia en Canarias, es una realidad. Y no es fácil porque no es un problema de hace tres días, sino muchos años. Pero no se puede solucionar a golpe de 'esto es lo que hay'. En el proceso de participación tiene que estar implicado el personal y explicar su realidad.

-La falta de presupuesto es una de las causas de la situación.

–Si nos vamos al origen diría que el sistema de dependencia en Canarias nació cojeando: con poca ficha financiera y con pocos profesionales. Y esto se ha ido arrastrando durante años. Cuando, además, las circunstancias de la sociedad canaria ha ido cambiando y cada vez hay más personas dependientes y más necesidades de apoyo. Las que ejercemos de cuidadoras, las mujeres, nos tenemos que incorporar al mercado de trabajo y al final esa persona dependiente se queda desprotegida. Y todo eso es una bola de nieve que ha ido aumentando con los años. La realidad de cuando surgió la ley no tiene que ver con la actual, pero seguimos con el déficit. En ningún momento se dio un empujón para equipararnos.

-¿No se aprovechó el plan de choque de la anterior legislatura?

-Los planes de choque no son cambios estructurales. El problema es que la población va a seguir envejeciendo. Es un problema que está para quedarse, que se ve en los hospitales . Vivimos más y tenemos más enfermedades con lo cual vamos a ir siendo más dependientes. A ese perfil de personas se le tiene que garantizar una cobertura.

-¿Qué le parece la alternativa al decreto de Acufade y el Observatorio?

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-Que es vestir a un santo para desvestir a otro. Hay que ver realidad del sistema sanitario. La listas de espera de facultativos y otras especialidades como es enfermería. Y es desvirtuar el trabajo de los profesionales de Trabajo Social, que no es gestionar trámites, es acompañar a los pacientes en los procesos de salud. Además, la dependencia es competencia de servicios sociales, porque es un derecho de las personas y no hay que vincularlo al sistema sanitario. Y nos preocupa la valoración por un equipo sanitario porque un mismo diagnóstico no significa que se tenga la misma autonomía.