El área de discapacidad de la Diputación del Común es la que más quejas tramita de la ciudadanía canaria y la cifra «va en aumento». Se ha pasado de las 125 de 2019 a las 563 registradas a diciembre de 2024.
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En un comunicado por el Día Mundial de la Discapacidad, la diputada del Común, Lola Padrón, afirmó este martes que en Canarias hay que «acelerar el proceso burocrático porque no se puede permitir que se tarde cuatro años en reconocer una discapacidad, tenemos que facilitar la accesibilidad universal, tenemos que ser muy sensibles y mostrar respeto por los derechos de las personas con este tipo de necesidades especiales en Canarias».
La Diputación del Común «ha iniciado una investigación de oficio» para saber el personal con que cuentan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), encargados derealizar la valoración y calificación del grado de discapacidad, así como la demanda real y listas de espera que existen, «remisión de información que hasta la fecha no ha sido atendida por la Dirección General de Discapacidad» del Gobierno canario.
Según el órgano comisionado del Parlamento para velar por el cumplimiento de los derechos de ciudadanía canaria, es «evidente» que estos equipos de valoración «soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar con el número actual depersonal destinado a estas tareas y esto provoca unas listas de espera de años que van más allá de lo aceptable».
Demoras que «suponen un sufrimiento añadido a la situación de discapacidad y una pérdida de oportunidades difícilmente reparable», denuncia Padrón, quien tambien reconoce que «se han realizado avances en la promoción de la inclusión y los derechos de laspersonas con discapacidad en el archipiélago».
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La mayoría de las quejas que recibe la Diputación del Común se refieren a la demora en la resolución del grado y revisión del grado de discapacidad, «que supone la puerta de entrada para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes», añade en la nota Padrón. Otros motivos se centran en la accesibilidad y las dificultades que imponen a las personas con discapacidad las barreras físicas, sensoriales y cognitivas; y la necesidad de plazas residenciales y de atención.
Con respecto a la tramitación de estas quejas, «se evidencia una demora en la resoluciónde los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidadenaumento, que en muchos casos es de 4 o 5 años, un procedimiento que atendiendo a la ley debe quedar resuelto en seis meses», añade el comunicado.
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«Esto incide en otros tantos derechos, como la concesión de la tarjeta de estacionamiento para el transporte de personas con movilidad reducida, y que supone por ejemplo, que una persona con 95 años, conproblemas graves de movilidad no pueda obtenerla hasta que se resuelva sureconocimiento de discapacidad, o el supuesto de los menores de edad escolarizados, que precisan del reconocimiento para el acceso a terapias y adaptaciones», añade el comunicado.
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