El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha concluido una investigación sobre un caso de caza ilegal en Gran Canaria. Un vecino de Santa Lucía de Tirajana, sin antecedentes policiales, ha sido investigado por un presunto delito contra el orden público al desobedecer reiteradamente las resoluciones administrativas que le inhabilitaban para practicar la caza, además de utilizar el documento de identidad de otra persona.
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En la nota emitida se indica que la investigación se inció a finales de 2024, cuando el Seprona tuvo conocimiento de que un cazador inhabilitado continuaba realizando esta actividad. El 15 de agosto de 2024, una patrulla de la Benemérita de San Mateo identificó a una cuadrilla de cazadores, entre los que se encontraba el sospechoso.
Posteriormente, el Seprona solicitó información al Cabildo de Gran Canaria y consultó sus propias bases de datos. Se confirmó que el investigado tenía dos inhabilitaciones firmes: una de dos años y otra de cinco años para el ejercicio de la caza, además de una prohibición de cinco años para obtener la licencia de caza.
Infracciones anteriores
Según la Benemérita, el investigado acumulaba varias infracciones administrativas, incluyendo cazar con más perros de los permitidos, practicar la actividad pese a no estar en época de cacería o cazar estando inhabilitado por resolución administrativa firme.
Para intentar engañar al Seprona, el sospechoso proporcionó datos erróneos de identificación, utilizó ilegítimamente la licencia de caza y mostró el documento nacional de identidad de otra persona a los agentes de la Guardia Civil.
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La investigación ha resultado en denuncias administrativas por infracción de la Ley 7/1998 de Caza de Canarias y la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, se da el caso que cada vez que se le notificaba al investigado, se le informaba que el incumplimiento de la inhabilitación para el ejercicio de la caza puede constituir en una infracción penal de desobediencia a la Autoridad, estando reflejado en el Código Penal vigente, según el comunicado de la Guardia Civil.
La coordinación entre los agentes encargados de la vigilancia de la caza, junto a la de los agentes de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, ha sido clave para la resolución. El caso ha sido puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial de Telde.
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