CANARIAS7 / EFE
Las Palmas de Gran Canaria / Madrid
Miércoles, 19 de marzo 2025, 01:00
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) percibe «una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos».
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En un comunicado, el grupo que aúna a especialistas de la oncología afirma que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales y aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad. Es por ello que estos hechos han saltado al dominio público».
La SEOM publicó este martes un comunicado a raíz de una información publicada en el periódico ABC, que asegura que la empresa intermediaria Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras privadas, frena terapias oncológicas habituales en la sanidad pública por su alto coste.
Según esta información, que cita decenas de casos, la empresa intermediaria niega esta práctica, que afecta sobre todo a los funcionarios adscritos a Muface, quienes no pueden acudir a la sanidad pública.
Para la SEOM, este es un asunto que le preocupa «seriamente», al igual que «al colectivo de oncólogos médicos que ejercen la especialidad en nuestro país». La sociedad médica explica que en 2021 creó el Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada con varios fines, «destacando el de dar respuesta desde la Sociedad a aquellas situaciones que supusieran alguna inequidad en el acceso al tratamiento óptimo del paciente oncológico en este sector».
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Una de las iniciativas del grupo, añade, «ha sido la de proponer el cumplimiento y seguimiento de las indicaciones terapéuticas aprobadas por las agencias reguladoras y recomendadas en las guías de práctica clínica reconocidas».
La SEOM está recogiendo datos «con el objetivo de solucionar una situación de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones». Y añade que confía «en el rigor y la profesionalidad de la actividad de nuestros socios en base a estándares de calidad contrastados y guías de práctica clínica reconocidas, entre otras las que elabora la propia SEOM. Desde este punto de vista queremos enviar un mensaje de confianza a los pacientes».
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Práctica inadmisible
Por su parte, la Asociación Española contra el Cáncer aseguró que «si esta práctica se está llevando a cabo sería inadmisible , atentaría directamente contra el derecho a los pacientes a recibir el mejor tratamiento posible, vivan donde vivan».
Y el Ministerio de Sanidad reivindicó a la sanidad pública como la red de seguridad de los pacientes y donde se prescriben los medicamentos según la evidencia científica, no según los beneficios económicos de las empresas. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado, Javier Padilla, se refirieron así a la información publicada en el periódico ABC. «Defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos. La salud no se negocia», publicó en su red social la ministra de Sanidad.
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Sobre el citado reportaje, el secretario de Estado explicó en un vídeo distribuido a los medios de comunicación que «esto es un fenómeno que intenta evitar la prescripción de medicamentos de alto coste» y advierte de que «en el momento en que colisionan la salud, los intereses de las empresas privadas con ánimo de lucro y la existencia de tratamientos de alto valor en ámbitos como el cáncer, estas prácticas van a seguir produciéndose». Además, el secretario de Estado hace un llamamiento a los pacientes porque «el lugar en el que van a tener la asistencia que verdaderamente necesitan es en la sanidad pública».
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