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Los sindicatos sanitarios desconocían el concierto del Servicio Canario de Salud (SCS) con el grupo turístico Chatur Hotel & Resorts para albergar en una de sus instalaciones, apartamentos Palmera Mar, en playa de Amadores (Mogán), a personas que ocupan camas en hospitales públicos con alta médica, a pesar de que esta problemática sociosanitaria suele ser recurrente en las reuniones que la mesa sectorial mantiene con la Consejería de Sanidad.
Las fuerzas sindicales reconocen la urgencia de disponer de estos centros de tránsito para descongestionar las camas de agudos que están secuestradas por personas con perfil sociosanitario, aunque se muestran críticos con el «oscurantismo» con el que se ha procedido.
Por eso no han dudado en solicitar a la administración los informes y la documentación de los técnicos de Acreditación y de Conciertos del SCS que aprobaron este nuevo recurso con el objetivo de certificar que el inmueble, el servicio y los profesionales cumplen las garantías exigidas para los centros de esta índole.
CCOO, Intersindical Canaria (IC), UGT y la plataforma de trabajadores Asamblea 7islas ignoraban que la Consejería de Sanidad -con el gobierno del PSOE en el anterior mandato- estuviera activando el recurso de tránsito que recoge la Orden conjunta de las consejerías de Bienestar Social y Sanidad y aprobada en marzo de 2022.
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Sanidad comenzó a derivar la semana pasada a personas con el alta hospitalaria que requieren atención de índole sociosanitaria a la citada planta alojativa turística reconvertida en residencia de mayores y donde ya se encuentran 22 procedentes de los dos hospitales grancanarios. Después de que la alcaldesa de Mogán denunciara a este periódico que el uso sociosanitario en suelo turístico es «ilegal» y que el centro en Amadores «no reúne condiciones» para los pacientes mayores, la administración sanitaria frenó los traslados en espera de conocer si es viable prestar actividad sociosanitaria en suelo turístico.
IC entiende la actitud de la administración como un «acto de hostilidad» del Ejecutivo canario. «No nos pueden dejar de lado. Llevamos años pidiendo, incluso con enmiendas al Parlamento, que se solucione esta problemática», afirmó Ruymán Pérez, secretario de Comunicación de la Federación de Salud de IC, quien criticó que no se usen la instalación de Juan Carlos I para enfermedades emergentes que cuenta con 95 camas que aún hoy están sin ocupar.
El secretario de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Juan Francisco Navarro, por su parte, afirma que es un «problema enquistado que se ha ido engordando y cronificando con el paso del tiempo». «Es verdad que se aprobó la orden de 2022, pero que nos enteremos de la noche a la mañana de su aplicación nos da la sensación de que todo se ha hecho deprisa y corriendo», y cree que se les debe una explicación de «cómo ha sido el proceso y si la empresa cumple».
Asimismo, Asamblea 7Islas propone crear un consorcio entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos para construir residencias que se financien con dinero público y parte de la pensión de sus usuarios. «Una cama en un centro sociosanitario cuesta unos 100 euros al día, mientras que en un hospital público tiene un coste cinco veces más, unos 500 euros, esto es un «despilfarro» por carecer de plazas en residencias sociosanitarias
UGT, no obstante, señala que «no se puede ocupar camas hospitalarias porque no tengamos suficientes camas residenciales». «Hemos exigido a la anterior administración como a la actual que derive el mayor número de mayores a residencias», dice Francisco Bautista, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias. «Me parece tremendo que una alcaldesa diga que no se puede hacer estas cosas en ese suelo. Es un centro sociosanitario homologado».
L.R. Hasta mediados de junio, 1.677 personas engrosaban la lista de espera para una plaza sociosanotaria en una residencia, según respondió la consejera de Políticas Social, Isabel Mena, a preguntas de Pepa Luzardo (PP). Esta cifra, aclara Mena en su réplica, «procede de las listas que nos remite la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias y no refieren fecha de incorporación a las listas, por lo que no disponemos de ese dato».
Es decir, aunque la Corporación insular controla las listas no hace seguimiento de las mismas.
Para dar respuesta a la alta demanda de plazas sociosanitarias residenciales el Cabildo se sumó al II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. En septiembre ya se contará con 66 plazas en Teror, y ya está acabada la obra de Tarazona que son 93 plazas.
Sin embargo, hay otras 398 en diversas obras licitadas con las que no se podrá contar hasta al menos dentro de un año. Así, en San Francisco de Paula, 50 plazas, en Tamaraceite 72 plazas, que acabará a mediados del próximo año, Taliarte con 120 plazas que acabará en septiembre de 2024 y en Tamaraceite con otras 156 plazas, que también se acabará el próximo año.
Con ellas, sin embargo, se sigue sin dar respuesta a todas las personas que están en estos momentos en lista de espera, es decir, las nuevas plazas solo atienden a un tercio de la demanda.
Por otro lado, a 30 de junio de este año, 4.786 personas en Canarias recibían atención residencial por la ley de Dependencia mientras. Además, otras 15.464 tenían derecho a la prestación vinculada al servicio, es decir, la ayuda para pagar una plaza sociosanitaria, es decir, que la demandan.
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