Los test que reemplazaron a los defectuosos, tampoco funcionan

El Ministerio de Sanidad busca recuperar el importe de la compra de los 640.000 test rápidos adquiridos en marzo a la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology -que no se encontraba en la lista de proveedores recomendados por el Gobierno chino- al constatar que las nuevas pruebas enviadas como reemplazo tampoco tienen la sensibilidad suficiente como para detectar con garantías la enfermedad, como ya ocurrió con la primera partida, que fue devuelta. Mientras tanto, el departamento que dirige el ministro Salvador Illa trata de recuperar el dinero pagado a dicha compañía, cuya cuantía total sigue sin ser revelada.

Esta es la segunda vez que Sanidad tropieza con dicha empresa. En esta ocasión Bioeasy envió una partida de muestra a España, correspondiente a pruebas que usan el método de la fluorescencia, y fueron analizados por el Instituto Carlos III, que no los consideró válidos al no contar con la sensibilidad suficiente para detectar la Covid-19 con seguridad.

Una situación idéntica a la ocurrida con la primera partida de 58.000 test rápidos enviados en marzo (del total de 640.000) a través de un intermediario nacional, cuyos datos tampoco se han hecho públicos. Aquellas pruebas tenían una sensibilidad ante el virus del 30%, cuando según las especificaciones esta debe superar el 80%.

En aquella fase de la epidemia la situación mundial a la hora de adquirir material sanitario era caótica y no estaba tan regulada como ahora. Bioeasy ofreció entonces al Ejecutivo una devolución por una partida similar de test que calificó como más fiables, un hecho que se acaba de demostrar falso.

Una vez ocurrido el incidente, la embajada de China en España alertó de que esta compañía carecía de licencia. Las autoridades del país asiático, preocupadas por su imagen de marca internacional, decidieron a principios de abril tomar las riendas en la exportación de material sanitario para evitar episodios como este.

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no está publicando los contratos realizados desde el inicio de la crisis sanitaria ni ofrece nombres de los proveedores. Tampoco se puede pedir esta información a través de los mecanismos de transparencia estatales, que se encuentran parados tras el decreto del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Ayer, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que «todos estos contratos se darán a conocer en su momento», aunque el Gobierno sigue sin ofrecer más detalles.

Lo cierto es que España se enfrenta al proceso de desconfinamiento con menos herramientas de las que tenía previstas. Además de la falta de test para la población en general, esta semana el comité de expertos que asesora al Gobierno confirmó en rueda de prensa un nuevo retraso en el inicio de los estudios de seroprevalencia, que deben servir para comprobar qué porcentaje de la población dispone de anticuerpos para hacer frente al coronavirus.

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