Una lluvia de 2.000 millones en contratos bajo el paraguas del estado de alarma

La emergencia por la pandemia mundial dio luz verde a que en España se hicieran todo tipo de contratos a dedo; que se cerraran compras millonarias sin límite de precios; o que se hicieran adjudicaciones a empresas incapaces de demostrar la más mínima experiencia en el sector. El Tribunal de Cuentas, al final, analizó centenares de contratos de compra de material sanitario, particularmente mascarillas, por un valor cercano a los 2.000 millones de euros. La principal conclusión de la fiscalización de estos expedientes fue que buena parte de estas adjudicaciones presentaban irregularidades, pero sin llegar al reproche penal en la mayoría de los casos, ya que las reglas clásicas de la contratación no regían debido a que todo valía para conseguir material sanitario al precio que fuera dada la extrema carestía. Pero incluso en estas circunstancias de extrema necesidad, ha habido diversos casos que han llegado a la justicia o han sido destacados por el Tribunal de Cuentas, ya sea por la envergadura de las irregularidades, el perfil de sus protagonistas o por lo elevado de los pagos.

Entre los primeros, los 'pelotazos' que han acabado en investigaciones judiciales, destaca por sus ramificaciones políticas, sin duda, la supuesta trama que lideraba el empresario Víctor de Aldama quien -con la supuesta ayuda del exministro José Luis Ábalos y la mano derecha de éste, Koldo García- se hizo, según el instructor del Supremo Leopoldo Puente, con la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros de las administraciones central (ministerios de Transportes e Interior), autonómicas (gobiernos de Baleares y Canarias) o entidades vinculadas a éstas.

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Sonado igualmente fue el millonario pelotazo de Luis Medina, hermano del duque de Feria, y su socio Alberto Luceño por la venta de material sanitario a un precio desorbitado y de calidad ínfima al Ayuntamiento de Madrid. En el juicio que ha comenzado este 11 de febrero Medina se enfrenta a una petición fiscal de cárcel de más de nueve años y Luceño se arriesga a otros 15, por sus contratos con la gestora de los servicios funerarios de Madrid. El primero fue para la compra de un millón de mascarillas por un precio de 6.689.300 dólares; el segundo, para la entrega de 2,5 millones guantes de nitrilo por cinco millones de dólares; y el tercero, para la compra de 250.000 test rápidos de la covid-19, a un coste para el Ayuntamiento de 4.250.000 dólares.

Anticorrupción destaca que esos importes enmascararon unos márgenes de beneficios galácticos. Por ejemplo, asegura que los 6,24 euros por unidad que el consistorio madrileño pagó por cada una del millón de mascarillas adquiridas a los comisionistas «fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto».

Sin llegar a formularse acusación penal finalmente también fue muy mediática la investigación a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de Madrid, quien se embolsó 234.203 euros por mediar para que su amigo Daniel Alcázar se hiciera con un contrato del Gobierno regional para el suministro de 250.000 tapabocas por un importe de 1.512.500 euros en plena primera ola de la pandemia de coronavirus. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Europea archivaron sus respectivas pesquisas al no encontrar indicios de delito.

La jefa del Ejecutivo madrileño se volvió a ver salpicada por la controversia cuando se supo que su novio, Alberto González Amador, a través de su empresa Maxwell Cremona SL, se embolsó 1.973.000 euros por intermediar para la firma FCS en la compraventa de productos sanitarios. Esa operación como tal nunca ha estado bajo sospecha, pero sí la supuesta defraudación de los beneficios de esa firma, por la que el empresario está imputado.

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Tampoco llegaron a acusaciones formales otros contratos llamativos como que Sanidad multiplicara por diez el precio de adquisición de las mascarillas en solo ocho días, pasando de pagar 0,27 euros por tapabocas el 20 de marzo de 2020 a 2,67 euros la semana siguiente; que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria batiera todos los récords en abril de aquel año desembolsando 4,17 euros por mascarilla; o que el entonces alcalde de Valladolid y hoy ministro de Transportes Óscar Puente comprara a la empresa Zaiglobal Services, una firma de servicios inmobiliarios y propiedad de un amigo de Puente, tapabocas por 3,35 euros/unidad.