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La ciudadanía del archipiélago tiene de plazo hasta el próximo viernes 11 de abril para realizar propuestas y alegaciones al Anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública. Esta iniciativa pretende sustituir a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias por un organismo que goce de suficiente autonomía como para responder con agilidad ante emergencias sanitarias.
La idea no es nueva. De hecho, el actual director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, asegura que la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública ya estaba incluida en la proposición de ley de iniciativa popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública, presentada al Parlamento canario hace 15 años y retirada por la propia Cámara el pasado 26 de marzo.
Consulta pública El anteproyecto de ley para la creación de algencia está en periodo de información pública
Trámite Una vez supere este trámite el Consejo de Gobierno deberá aprobar el borrador para que pase al Parlamento
Plazos Se calcula que el trámite parlamentario para crear la nueva ley culmine a principios de 2027
Organización La nueva agencia concentrará en un solo organismo todos los aspectos y tareas ligadas a la salud pública
El impulso definitivo al plan para crear la agencia llegó con la pandemia de coronavirus, que puso al descubierto la dificultad de la Dirección General de Salud Pública para dotarse de recursos y actuar con rapidez. «Una emergencia de este tipo implica estar preparados para reforzar la vigilancia y dar una respuesta a posibles situaciones como las que ya vivimos. Tener una estructura autónoma como la agencia nos permitiría funcionar de forma más ágil, algo que, al estar dentro del Servicio Canario de la Salud (SCS), nos resulta más complicado», señaló Díaz-Flores acerca de la finalidad del anteproyecto de ley, cuyo periodo de información pública termina la próxima semana.
Una vez termine el periodo para recibir sugerencias y alegaciones de la ciudadanía, comenzará el «trámite más formal» en el que se empezarán a presentar todos los documentos que servirán de base para desarrollar el organismo: el informe justificativo, el de viabilidad económica, la propuesta de estructura y el propio borrador de la ley, que, tras su aprobación, fija un plazo de seis meses para la creación de la agencia, explica el director general de Salud Pública.
Una vez el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de ley, este pasará al Parlamento canario, donde la propuesta será estudiada y debatida en un trámite que suele durar unos ocho meses, apunta Díaz-Flores, quien calcula que, si todo transcurre sin sobresaltos, la Agencia Canaria de Salud Pública podría quedar activa a principios de 2027.
Actualmente, los efectivos dedicados a la vigilancia epidemiológica y a la prevención dependen de una dirección general incluida en el SCS, lo que plantea dificultades funcionales: «A veces tenemos problemas, sobre todo en el desarrollo normativo, en cuestiones de recursos humanos y en asuntos de gestión económica», precisó el responsable de Salud Pública.
Además, tener una estructura autónoma permitiría crear un organigrama adaptado a las necesidades y funciones del servicio. «Queremos montar la Agencia Canaria de Salud Pública con una estructura potente, estableciendo varias áreas diferenciadas en lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, la salud alimentaria y la salud ambiental, además de crear una secretaría general específica que se encargue de toda la parte de normativa, de recursos humanos y de funcionamiento económico», explica Díaz-Flores sobre algunos de los puntos troncales del nuevo organigrama, que también reservaría un apartado específico para la investigación. «Crearíamos una pequeña unidad que al menos nos permitiera tener un contacto más estrecho con las universidades canarias», añadió José Díaz-Flores las pretensiones del futuro organismo.
La creación de un organismo autónomo como la Agencia Canaria de Salud Pública simplificará la gestión de los recursos humanos que dependen actualmente de dos departamentos distintos.
En concreto, en las tareas vinculadas a la vigilancia epidemiológica y la prevención trabajan actualmente unas 300 personas, explica el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores.
La mitad de ellas están adscritas a la Dirección General de Salud Pública, pero hay otras tantas trabajando en labores delegadas a las direcciones de las áreas de salud insulares, como la inspección y los laboratorios.
La puesta en marcha del futuro organismo daría la posibilidad de que todo el personal dependiera de una sola entidad. En todo caso, la fórmula para coordinar a la plantilla encargada por velar de la salud pública de la población canaria está aún por decidir. «Es una cuestión que tendremos que dilucidar cuando desarrollemos el reglamento de funcionamiento», indicó Díaz-Flores, que, en todo caso, recalcó que el principal reto es aumentar la coordinación de estos equipos bajo el mismo paraguas.
La idea, reforzar el papel de la salud pública en todos los aspectos. «Sabemos que la mayor parte del presupuesto sanitario se va a la parte asistencial, pero creemos y queremos que la parte de Salud Pública cobre cada vez mayor protagonismo, que todo lo que tenga que ver con la prevención y la promoción de la salud se afiance y que eso implique tener más presupuesto», señaló Díaz-Flores sobre un departamento cuyas carencias se apreciaron durante la pandemia.
Cataluña y Valencia ya cuentan con agencias de este tipo, mientras que Aragón, Cantabria, Baleares y Navarra también están embarcadas en su creación, indicó Díaz-Flores.
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