La Comisión Europea da por fin el visto bueno al uso del primer fármaco contra el alzhéimer

La Comisión ha difundido un comunicado en el que se detalla que la autorización concedida se limita al «tratamiento del deterioro cognitivo leve en las primeras etapas de la patología y bajo estrictas condiciones». El producto, según se recuerda en la nota, está destinado a los pacientes «con una o ninguna copia del gen ApoE4 y placas beta amiloide en el cerebro», que es en quienes se ha visto su utilidad.

La eficacia del producto resulta, de momento limitada, pero es algo sucede siempre con todo nuevo medicamento, según vienen recordando organizaciones profesionales como la Sociedad Española de Neurología (SEN). En un principio, su uso suele circunscribirse a casos muy concretos y, según va habiendo nueva evidencia científica, la utilidad se amplía, al tiempo que nuevas generaciones del fármaco mejoran su presentación, potencialidad y forma de dispensación, por lo general, más sencilla.

El visto bueno dado por la Comisión Europea llega cinco meses después de que la agencia comunitaria del medicamento (la EMA) respaldara definitivamente su aprobación, en contra de su criterio original. Las autoridades sanitarias comunitarias recelaron tras evaluar la aparición de efectos secundarios en un grupo determinado de pacientes y al saber que los ensayos que permitieron su aprobación en EE UU, Reino Unido, Japón, China, Israel y Emiratos Árabes duraron sólo 18 meses.

Los fármacos, de momento son inyectables e ineficaces para un 15% de los afectados. Todas estas razones han llevado a la EMA y a la Comisión a promover su uso condicionado, como se ha hecho en Reino Unido, a que el fármaco sea recetado y supervisado por médicos especialistas. Asociaciones profesionales y de pacientes esperan ya con impaciencia la llegada del medicamento, que vienen reclamando desde hacía más de un año. Países, como EE UU, Reino Unido, Japón y China ofrecen ya a sus pacientes un segundo medicamento, lo que posibilita una terapia, aunque incipiente, más personalizada. Los temores originales, sin embargo, han acabado por convertirse en una fuente de esperanza.

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La pelota queda ahora sobre el tejado de los sistemas públicos de salud de los distintos gobiernos de la Unión, que deberán ser quienes financien el medicamento. El precio que paguen por él dependerá de los acuerdos que cada uno de ellos alcance con el laboratorio fabricante. En el caso de España, el proceso será, como siempre, un poco más complicado. El Gobierno central dirigirá las negociaciones con la industria farmacéutica, pero luego la decisión última corresponderá a las autoridades sanitarias autonómicas, que deberán asumir el gasto en sus presupuestos sanitarios.