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Se precisa de un juzgado más para evitar el colapso total
Violencia machista ·
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El juez decano Juan Avello advierte que las nuevas competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer saturarán los tres órganos de la capitalEl juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, ha planteado la necesidad de crear un cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la capital grancanaria, debido a la inminente ampliación de competencias de estos órganos judiciales. Su propuesta se basa en el previsible colapso que supondrá la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ampliará su competencia objetiva a la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual y el acoso sexual, con independencia de la existencia de una relación previa entre víctima y agresor.
Un previsible caos del que ya alertaron días atrás 139 jueces y juezas de violencia de género —que supone el 96% del total de los juzgados exclusivos de nuestro país-, en un comunicado escrito y dirigido al ministro Félix Bolaños, al resto de comunidades autónomas con competencias en Justicia, al Defensor del Pueblo y al Observatorio de Violencia contra la mujer del CGPJ. El documento contó con la rúbrica de los jueces canarios Luis Ocaña García, María Auxiliadora Díaz Velázquez, Carmen Simón Rodríguez, Emilia Salto Menéndez y Alicia Casañas Cabrera.
El decano Juan Avello destaca que esta ampliación de funciones tendrá un efecto inmediato en unos juzgados ya sobrecargados y advierte que, sin un incremento en la planta judicial y el personal, será imposible garantizar un trato personalizado a las víctimas. Asimismo, subraya que la tramitación de los procedimientos civiles derivados de la violencia de género sufrirá un retraso notable en su resolución.
Avello recalca que la instrucción de estos delitos es compleja, ya que implica la realización de diligencias técnicas como informes médicos forenses y valoraciones psicológicas, lo que alarga significativamente los tiempos de instrucción. Insiste en que, con la actual estructura judicial, la carga de trabajo será inasumible y las víctimas de violencia de género se verán privadas del trato especializado que hasta ahora se les dispensaba.
Además de la sobrecarga de trabajo, Avello plantea que la creación de un cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer permitiría la comarcalización total de los procedimientos de violencia de género en toda la isla, eliminando así la desigualdad existente entre víctimas de distintos partidos judiciales. En este sentido, explica que actualmente las víctimas de Telde, Arucas y Guía deben acudir a los juzgados de violencia de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las de San Bartolomé de Tirajana no, lo que genera una diferencia de trato. Con la creación de un nuevo juzgado, se unificaría la gestión y se evitaría que las víctimas tengan que comparecer ante dos juzgados distintos en fines de semana y festivos, reduciendo su revictimización y permitiendo una resolución más ágil de los procedimientos.
El magistrado también señala que la creación de este juzgado supondría la centralización de los medios en materia de violencia de género, mejorando los recursos ya disponibles en la capital grancanaria. En el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran dos salas de atención a las víctimas, un médico forense asignado a estos procedimientos y varias salas de videoconferencia para facilitar declaraciones sin necesidad de desplazamiento.
Otro de los argumentos esgrimidos es que la incorporación de un nuevo juzgado permitiría establecer guardias de 72 horas en violencia de género, lo que mejoraría la organización de los procedimientos y facilitaría citaciones programadas, evitando esperas innecesarias para víctimas, investigados y profesionales. Avello destaca que, en la actualidad, el volumen de detenidos es insostenible, especialmente tras la comarcalización, y que la falta de medios impide terminar los procedimientos en el horario de audiencia ordinario.
El juez decano apunta que estas guardias especializadas también atraerían personal con experiencia en la materia, solucionando la falta de formación específica de muchos funcionarios interinos que actualmente trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad. Del mismo modo, mejoraría la organización de los abogados adscritos al turno de violencia de género, evitando situaciones de incompatibilidad y agilizando su asistencia en los procedimientos.
Avello recuerda que la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, establece la obligación de evitar dilaciones injustificadas en la instrucción de los procedimientos, algo que también recoge el Convenio de Estambul, que obliga a los Estados a garantizar una respuesta judicial ágil en delitos de violencia de género. El magistrado subraya que varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la sentencia Opuz contra Turquía, han sancionado a Estados por no cumplir con estos principios, causando desprotección y victimización secundaria a mujeres y menores.
Por estos motivos, el decano concluye que la creación de un cuarto Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria está plenamente justificada, no solo para asumir el aumento de trabajo derivado de la reforma legislativa, sino para garantizar un servicio judicial eficiente, especializado y sensible con las víctimas. Todo ello, advierte, a pesar de que debe partirse de la base de que esta solicitud o propuesta no cumple en principio los requisitos meramente numéricos o estadísticos reflejados en el acuerdo entre del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.
Juan Avello también apuesta por reforzar el Juzgado de lo Penal número 5, el único en la isla con competencia exclusiva en la ejecución de sentencias por violencia sobre la mujer, salvo en delitos leves. Este órgano ya soporta una sobrecarga de trabajo en comparación con el resto de juzgados, una situación que, según el decano, se agravará con la entrada en vigor de la nueva ley. Uno de los aspectos más sensibles que gestiona este juzgado es el control de las pulseras telemáticas de localización permanente para supervisar el cumplimiento de órdenes de alejamiento. Avello advierte que la falta de personal especializado pone en riesgo la seguridad de las víctimas, ya que cualquier fallo podría tener consecuencias irreparables. Ante esta situación, reclama la creación de una nueva plaza de tramitación procesal y administrativa, así como el mantenimiento del refuerzo existente. También insta al TSJC a gestionar la ampliación de la plantilla judicial para agilizar la tramitación de las ejecutorias y garantizar la protección efectiva de las víctimas.
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